CCOO no firma el acuerdo con el Ministerio de Justicia al no estar garantizada la protección de nuestra salud


8 de mayo de 2020



NO DE CCOO AL DOCUMENTO PLANTEADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LA DESESCALADA

  • CCOO rechaza el plan presentado por el Ministerio de Justicia tras la negociación, que entraría en vigor a partir del martes 12 de mayo, porque las medidas que contiene impiden, entre otras cuestiones esenciales para la salud del personal, la paralización temporal de la actividad cuando hay riesgo cierto de contagio

  • Desconocemos si el ministerio mantendrá estas medidas tras el rechazo sindical o si, por el contrario, adoptará irresponsablemente otras que puedan perjudicar aun más la protección de nuestra salud


CCOO ACUSA AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE PRIORIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PLAZOS PROCESALES SOBRE LA SALUD DE LAS MÁS DE 55.000 PERSONAS TRABAJADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

El Ministerio de Justicia se niega a reconocer que la Administración de Justicia tiene que cumplir estrictamente con lo que establezca la Autoridad Sanitaria para cada ámbito territorial: no se puede aceptar que algunas localidades o territorios sigan en la fase 0 y los servicios de Justicia de esa localidad en la fase 1, como si el personal de Justicia y quien tenga que acudir a las sedes judiciales fueran ciudadanía de segunda, que no tienen derecho a la misma protección de su salud que el resto

El Ministerio de Justicia dio unilateralmente por terminadas en la tarde de ayer las negociaciones para la desescalada en la Administración de Justicia, a sabiendas de que no había posibilidad de acuerdo con las organizaciones sindicales y de que CCOO insistimos en continuar negociando hasta alcanzar dicho acuerdo.

CCOO hemos defendido las propuestas del personal de justicia durante la negociación, basadas todas ellas en la defensa de la salud del personal y en la no imposición unilateral y sin participación del colectivo afectado y sus representantes de medidas laborales que afectan a nuestra salud por los órganos de gobierno de la judicatura, fiscalía o LAJ.

De acuerdo con el CGPJ, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, el ministerio tiene ya tomada la decisión de levantar la suspensión de los plazos procesales en los próximos días, aunque sigamos en estado de alarma, y ese es el motivo por el que dicen que no pueden aceptar que la desescalada sea asimétrica por territorios como se va a hacer para el conjunto de la ciudadanía dependiendo de la incidencia del virus en las distintas zonas.

UNA VEZ MÁS, HAN ANTEPUESTO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO ESENCIALES DURANTE EL ESTADO DE ALARMA A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS como ya están haciendo desde que aceptaron la presentación de escritos y la práctica de diligencias no esenciales, incluyendo la práctica de actos de comunicación y ejecución no telemáticos que se niegan a prohibir como CCOO ha propuesto insistentemente.

Y lo mismo ocurre con los Registros Civiles, donde obligarán (a criterio del/la LAJ y sin participación de la representación del personal) a que acuda desde este mismo martes el 100% de las plantillas en todas las localidades (estén en la fase 0 o en la fase 1 de las establecidas por el Gobierno), aun sabiendo que muchas de las diligencias que allí se practican ni son esenciales, ni afectan a derechos fundamentales, ni causan ningún perjuicio irreparable a la ciudadanía.

En cuanto a las medidas preventivas, las planteadas se establecen de una forma vaga y poco concisa y no son más que una mala copia de las establecidas con carácter general por la autoridad sanitaria, a la que, sin embargo, no hacen caso en la obligación que también tienen de evaluar los riesgos en cada una de las oficinas y puestos de trabajo y, tras esa evaluación de riesgos, disponer las medidas preventivas necesarias para evitar o reducir al máximo posible el riesgo de contagio; esto es lo que dice la Ley, lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que propone CCOO y lo que se niega a aceptar el Ministerio de Justicia.

Básicamente, las medidas preventivas que plantea el ministerio se reducen a guardar la distancia de seguridad entre el personal y con el público de 2 metros, aun cuando saben que esta medida es en la práctica imposible de garantizarse en la inmensa mayoría de los centros de trabajo, donde el movimiento del personal para acceder a las impresoras, fotocopiadoras, teléfonos, aseos, etc., es constante y donde público y profesionales acaban teniendo que acercarse más de esos dos metros para la práctica de diligencias y celebración de vistas y comparecencias.

CCOO ha exigido al ministerio el uso obligatorio de mascarillas para el todo el personal, público y profesionales y de mamparas para la atención al público. Hemos pedido que las medidas preventivas sean de obligado cumplimiento por la administración y por el personal y que donde no se cumplan se paralice temporalmente la actividad hasta que se subsanen las deficiencias. TODAS ESTAS PROPUESTAS DE CCOO TAMBIÉN HAN SIDO INCOMPRENSIBLEMENTE RECHAZADAS.

Todo ello justifica plenamente la oposición de CCOO a las medidas que pretende establecer el Ministerio de Justicia que, sin insiste en ello, tendrá que hacerlo sin contar con el acuerdo de los trabajadores y las trabajadoras cuya salud tiene la obligación de proteger.

Entre otras propuestas rechazadas también por el ministerio, además de las antes expuestas, destacamos:

  • Jornada de tarde y movilidad a otro órgano siempre voluntaria, sin excepciones. Si no hay personal voluntario se nombra interino.
  • No señalamientos en la jornada de tarde o de mañana que exijan presencia del cuerpo de Auxilio si no la hay en ese turno.
  • Realización de test a todo el personal, o como mínimo cuando haya prescripción médica o del servicio de prevención. Imprescindible test previo a la reincorporación de todos los casos sintomáticos.
  • Donde no sea posible la distancia de seguridad –p. ej. tomas de declaraciones-, mamparas y mascarillas FFP2.
  • Sistema de aislamiento con megafonía en las salas de vistas para los Auxilios Judiciales.
  • Instalación de terminales de teléfono individuales.
  • No debe permitirse la ocupación de puestos dónde no se garantice la suficiente ventilación/renovación de aire. Si es de uso ocasional, limitarlo a una única persona.
  • Limpieza, desinfección y ventilación obligatoria cuando haya sospecha de algún caso de contagio.
  • Dotación de sprays para la limpieza y desinfección de teclados, ratones y otros utensilios de difícil limpieza.
  • Directorio de teléfonos en los centros de trabajo para requerir la limpieza, desinfección y suministro de material de protección cuando sea necesario.
  • Cierre inmediato de los centros de trabajo con personas contagiadas hasta su total desinfección.
  • No permitir la entrada de personas que presenten síntomas.
  • Inscripción telemática de los nacimientos desde el hospital, sin posibilidad de decisión de los padres y madres al respecto.
  • Incorporar zonas de estacionamiento, especialmente de bicicletas para reducir los traslados en transporte colectivo.
  • Sistema -p.ej. de interfono- para regular el acceso en los juzgados de paz y edificios sin servicios.
  • Acceso a la siguiente fase por acuerdo Administración-Sindicatos en base a la evolución de los datos de contagio.
  • No pasar a la siguiente fase si no existe Servicio de Prevención o no está dotado de los suficientes medios.
  • Elaboración de informe previo con participación sindical sobre capacidad de personas en cada oficina.

HEMOS CONOCIDO QUE EL CGPJ HA ALCANZADO UN ACUERDO CON LA EMPRESA QUE GESTIONA SU SERVICIO DE PREVENCIÓN  PARA LA REALIZACIÓN DE TEST A TODO EL PERSONAL DE LA CARRERA JUDICIAL

CCOO EXIGIMOS AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y AL GOBIERNO DE ESPAÑA QUE NO PERMITA QUE NINGUNA ÉLITE PUEDA DISPONER DE TEST MIENTRAS NO ESTÉN DISPONIBLES PARA EL CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA

EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PERMITIR QUE UNAS POCAS PERSONAS PRIVILEGIADAS TENGAN ACCESO AL TEST MIENTRAS SE LE NIEGA A LA MAYORÍA DEL PERSONAL ES UNA AUTÉNTICA DESVERGÜENZA.

SI EL MINISTRO DE JUSTICIA ES INCAPAZ DE CORREGIR ESTA IGNOMINIA DEBE HACERLO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO. Y DE FORMA INMEDIATA

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