CCOO contra las resolución extrajudicial de conflictos derivados del TTIP


27 de abril de 2016


CCOO contra el Tratado Internacional de Libre Comercio (TTIP)
CCOO DE JUSTICIA MANIFIESTA SU TOTAL RECHAZO AL TTIP Y AL SISTEMA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS QUE SE GENEREN ENTRE LOS ESTADOS Y LAS MULTINACIONALES

El Sector de Justicia de CCOO hemos solicitado a las Asociaciones Judiciales y a los Colegios de Abogados un pronunciamiento público (como el que han formulado los jueces alemanes) contrario a la política europea que pretende mercantilizar todos los derechos de las personas al mismo tiempo que las deja sin posibilidades procesales y sin recursos para defenderse judicialmente


RESOLUCIÓN DEL SECTOR DE JUSTICIA DE CCOO MOSTRANDO SU RECHAZO AL TTIP Y SOLICITANDO UN PRONUNCIAMIENTO DE LAS ASOCIACIONES DE JUECES Y COLEGIOS DE ABOGADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DEL TTIP

El Sector de Justicia de CCOO mostramos nuestra oposición a la firma por parte de la Comisión Europea de los tratados de libre comercio de nueva generación (CETA, TISA, TTIP) en proceso de negociación entre la UE y distintos países.

De todas las maldades que encierran dichos acuerdos, para la salud, el medioambiente, los servicios público, los derechos de las personas y de la ciudadanía, el ataque a la soberanía de Los Estados, una más y no menos importante, es el ataque al derecho constitucional a la Tutela Judicial Efectiva.

Una de las cuestiones que más rechazo han suscitado en la opinión pública, tiene que ver con las cláusulas sobre los mecanismos de arbitraje en los conflictos entre las empresas inversoras y Los Estados. Tal es así, que desde el polémico ISDS (presente en el CETA por ejemplo) sistema del juez y parte, que otorga el arbitraje a profesionales de grandes bufetes a su vez asesores de las multinacionales, se transita hacia el ICS, (en el TTIP) sistema de creación de tribunales especiales para la resolución de estos conflictos, cambio considerado por quienes nos oponemos a la firma de estos acuerdos como una mera operación de maquillaje.

En la misma línea, se ha manifestado en Alemania la mayor asociación de jueces (DRB), que se opone a la propuesta de un nuevo sistema de tribunales de inversión en el TTIP, argumentando que “no hay ni base legal ni necesidad”.

En una declaración del 2 de febrero, la DRB manifestó lo siguiente:

"No hay base alguna para la hipótesis de que los tribunales de los estados miembros no ofrezcan la protección legal adecuada a los inversores extranjeros: “Tribunales especiales que sólo son accesibles a ciertos grupos no son el buen camino”.

La DRB, expresó también sus dudas acerca de la competencia de la Unión Europea para establecer un tribunal internacional de inversiones, ya que dicho tribunal interferiría gravemente con los sistemas judiciales y legislativos, tanto de los Estados miembros como de la propia Unión, criticando además la falta de independencia de los jueces y la ausencia de claridad en el proceso de selección.

En España, el decano del colegio de abogados de Barcelona, alerta sobre la gravedad que encierran estos tratados y asegura que la “seguridad jurídica desaparecerá en beneficio de los nuevos servicios mercantiles" y advierte de un matiz que afecta especialmente a la tutela judicial efectiva y al derecho a una justicia para todos y todas, pues resultará imposible hacer encajar el modelo actual de asistencia jurídica gratuita en este sistema neoliberal que intentan imponernos.

CCOO, ya ha manifestado su oposición a la firma de los tratados de libre comercio, pero como sector de justicia, queremos manifestar a la opinión pública, que además de rechazar dichos acuerdos por atentar a los derechos de las personas de manera general y absoluta, compartimos las opiniones y razones jurídicas tanto de la asociación de jueces alemanes como del Decano del Colegio de Abogados de Barcelona, entendiendo que con la firma de dichos tratados peligra la Tutela Judicial efectiva y el principio que desde CCOO defendemos de una justicia igual para todas las personas y por ello, solicitamos de las asociaciones judiciales españolas y de los distintos colegios de abogados que manifiesten públicamente su oposición a la política europea que pretende mercantilizar todos los derechos de las personas al mismo tiempo que las deja sin posibilidades procesales y sin recursos para defenderse judicialmente.


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