Campaña EESS

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OEP 2015: el Ministerio de Justicia es incapaz de asegurar aún datos concretos de plazas que se incluirán


27 de noviembre de 2014



  • En estos momentos, el Ministerio de Justicia es incapaz de asegurar si habrá convocatoria de un número de plazas importante en 2015 que supere de largo la ridícula cantidad de 50% de la tasa de reposición, mientras no sea avalada la propuesta por el Ministerio de Hacienda y AAPP. En ese caso, los datos que maneja el Ministerio de Justicia son entre 1200 y 1500 plazas en el turno libre, además de las de promoción interna
  • CCOO reitera al Ministerio de Justicia que es imprescindible un compromiso expreso de la Administración para que en el plazo de tres años (2015-2017) se convoquen todas las plazas vacantes de la Administración de Justicia, comenzando con un número elevado ya en 2015
Mientras la enmienda presentada en el Senado no sea avalada por el Ministerio de Hacienda y AAPP, el Ministerio de Justicia es incapaz de asegurar el número de plazas de la Administración de Justicia que se incluirían en la OEP 2015

LA ENMIENDA QUE HA PRESENTADO EL GRUPO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OFERTA DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO GARANTIZA AÚN QUE SE CONVOQUE UN PROCESO SELECTIVO CON UN NÚMERO DE PLAZAS QUE SUPERE DE LARGO EL RIDÍCULO 50% DE LA TASA DE REPOSICIÓN

Para CCOO la enmienda presentada en el Senado por el grupo popular es un primer paso necesario pero no es suficiente. Pues dicha enmienda, de ser aprobada en el trámite parlamentario, tendrá que ser avalada por el Ministerio de Hacienda y AAPP para que se incluya en el Real Decreto de la OEP 2015. De superar ambos trámites, el Ministerio de Justicia señala que pudieran incluirse entre 1200 y 1500 plazas en el turno libre, además de las de promoción interna.CCOO ha vuelto a exigir hoy al Ministerio de Justicia:

a) la convocatoria de un número muy importante de plazas en la oferta de empleo en 2015 (rechazamos ese ridículo 50% de la tasa de reposición del proyecto de LPGE).

b) que se comprometa el Gobierno a convocar todas las vacantes entre 2015 y 2017.

c) que la convocatoria incluya a todos los cuerpos generales y especiales.

Además, 
CCOO ha reclamado de nuevo también al Ministerio de Justicia los datos que le venimos exigiendo desde hace muchos meses, la relación de vacantes de toda España, desglosadas por ámbitos y cuerpos, y la relación de refuerzos, también desglosados por localidades y cuerpos del ámbito no transferido al menos. Para CCOO es necesaria la modificación del artículo 482 de la LOPJ para garantizar una OEP anual con todas las vacantes de todos los cuerpos generales y especiales.

La enmienda presentada por el grupo popular en el Senado al proyecto de LPGE 2015 dice textualmente:

“En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de sus plazas, se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta de Empleo en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 15% del total y en un número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20% de las vacantes.”


Primera y decepcionante reunión del grupo de trabajo de la nueva oficina judicial (NOJ)




EL MINISTERIO NO ADMITE LA PROPUESTA DE CCOO DE ESTUDIAR Y VALORAR DETENIDAMENTE LAS CIUDADES DONDE YA LLEVA AÑOS IMPLANTADA LA NOJ Y, EN ESPECIAL, EL SERVICIO COMUN DE ORDENACION DEL PROCEDIMIENTO (SCOP), Y SE NIEGA A PARALIZAR LA CONTINUACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NOJ EN LAS CIUDADES QUE YA TIENE DECIDIDAS (2ª fase de Murcia, Ponferrada, Palma de Mallorca, siguiendo por Soria, Plasencia, e incluso el TS y la Audiencia Nacional)


La reunión de hoy que tenía por objeto establecer los criterios y los objetivos de este grupo de trabajo sobre NOJ se ha zanjado con los límites puestos por el Ministerio sobre su contenido y ello pese a la frontal oposición de CCOO.

El Ministerio ha rechazado la posibilidad de valorar y revisar el diseño de la NOJ en aquellas ciudades de la primera fase de implantación en las se constituyó SCOP (Burgos, Cáceres, Ciudad Real, León, Ceuta, Melilla y la primera fase de Murcia)

Y ello pese a los argumentos expuestos por CCOO, así como el reciente informe del CGPJ (en el que ha puesto de manifiesto que allí donde se ha implantado la NOJ la situación ha empeorado respecto a los órganos donde no está implantado, especialmente en Ciudad Real, Burgos, Cáceres…y ello frente a otras ciudades donde no se ha puesto en marcha el SCOP como son las localidades del País Vasco o incluso Mérida en las que se destaca incluso su mejoría), o los propios argumentos utilizados por el Ministerio en la Orden que aprueba la 2ª fase de implantación de la NOJ que justifica la no implantación del SCOP en los órganos judiciales de instrucción, vigilancia penitenciaria, menores, violencia y mercantil en que son órganos “en donde la intervención judicial es mayor y se demanda mayor celeridad y menor burocratización” (¿Y en los sociales, contenciosos o de primera instancia no se demanda esto mismo? ¿Y en Burgos o Cáceres no se demanda esto mismo?), pero sobre todo en la propia experiencia aportada por los trabajadores de estas ciudades en los que cada día ponen de manifiesto que sin Expediente Judicial Electrónico no es posible que funcione el SCOP tal y como está concebido.

Igualmente, el ministerio ha rechazado la propuesta de CCOO de paralizar la implantación, y continuará con la implantación de la 2ª fase de la NOJ en Murcia (ya publicada en el BOE) y contra la que CCOO ya ha interpuesto recurso, y también con la de Ponferrada cuya publicación en el BOE es inmediata y en la que tampoco el ministerio ha admitido la separación previa de jurisdicciones como así demandábamos.

Además, el ministerio nos ha solicitado las alegaciones a la misma propuesta remitida durante el anterior mandato ministerial a la ciudad de Palma de Mallorca para discutirlas en la próxima reunión de grupo de trabajo, y después presentarán el proyecto de NOJ para Soria y Plasencia.

El ministerio sólo revisará las RPTs ya aprobadas de las ciudades de la primera fase de implantación en el sentido de adecuar la plantilla de las unidades procesales de apoyo directo (UPADs)  a la nueva Orden de Dotación Básica y en las que también podrían incluir alguna otra reordenación o redistribución de las plantillas entre las secciones de los servicios comunes, y que traerán a este grupo de trabajo antes de su negociación preceptiva en mesa.

CCOO ha criticado este método de trabajo pues si no valoramos lo que ya hay implantado en las ciudades de Burgos, Cáceres, León, …, sobre todo la existencia del SCOP sin que aún exista el Expediente Judicial Electrónico, las nuevas implantaciones se verán abocadas al mismo fracaso, más allá de que rectifiquemos y corrijamos mínimamente las RPTs ya aprobadas.

CCOO, en este sentido, ha solicitado el listado de todos los refuerzos y prolongaciones de jornada que están nombrados con motivo de la NOJ, máxime cuando en la mayoría de las localidades se mantienen desde el inicio de la implantación y gracias a ellos la NOJ no se ha venido abajo mucho antes. CCOO ha solicitado nuevamente la conversión de todos estos refuerzos en plantilla, a mayores, y no vamos a tolerar una simple reordenación de la plantilla actual.

Problemas como el SCOP, la inexistencia del Expediente Judicial Electrónico (que ni está ni se le espera), los fallos de los sistemas informáticos, la falta de medios personales, la dispersión de edificios judiciales en algunas localidades (ej. Palma de Mallorca) o la pésima ubicación de las dependencias judiciales en otras (ej. León), etc,… son problemas determinantes en el éxito de la implantación de la NOJ y que mucho nos tememos que el Ministerio no pretende tenerlo en cuenta para sus propósitos de seguir con ello.

En una palabra, la reunión ha sido decepcionante para CCOO y tras cuatro años de solicitar insistentemente a todos los gobiernos la creación de un grupo de trabajo para valorar la implantación de la NOJ y corregir los errores (cuyo máximo exponente es el SCOP), las expectativas, tras el compromiso del nuevo ministro Catalá, se han visto fulminantemente truncadas por la decisión “innegociable” del nuevo secretario General.


Por lo que respecta a la nueva oficina fiscal (NOF), en los próximos días se publicará en el BOE la resolución de los concursos específicos y de libre designación, y la implantación comenzará por Ceuta, previamente habrá un proceso de formación para todos los trabajadores afectados, cuestión ésta que ya conocíamos no directamente por el ministerio, sino porque hace unos días se remitió a los correos electrónicos de todos los trabajadores destinados en las fiscalías afectadas, pero no a los representantes legales, un dossier “informativo” con el despliegue de la NOF.

Euskadi: Apertura bolsa de trabajo personal interino Administración de Justicia


26 de noviembre de 2014


En el Boletín Oficial del País Vasco se ha publicado la RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2014, del Director de la Administración de Justicia, por la que se procede a la apertura y actualización de datos de todos los integrantes de las bolsas de trabajo de los Cuerpos de Médicos ForensesGestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia.

Las solicitudes, según modelo del anexo I de la presente Resolución interesando tomar parte en la convocatoria se dirigirán al Director de la Administración de Justicia y se presentarán desde el 27 de noviembre hasta el 11 de diciembre de 2014.



OEP 2015: Enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Presupuestos 2015



  • El grupo Popular presenta una enmienda que autorizaría la convocatoria de plazas en aquellos Cuerpos de la Administración de Justicia, siempre que estén ocupadas por personal interino en número superior al 15% del total de las presupuestadas, con un límite máximo del 20% de las vacantes existentes

Se han presentado en el Senado por los diferentes grupos parlamentarios, enmiendas al proyecto de LPGE para 2015 en relación con la OEP en la Administración de Justicia.


a) La enmienda que ha presentado el grupo popular que sostiene al Gobierno es la siguiente:


El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21.
 ENMIENDA
De modificación.
 Incluir en letra “G” del artículo 21.
“En la Administración de Justicia, atendiendo a las especiales circunstancias que concurren en la situación de cobertura de sus plazas, se computará el número máximo de plazas a autorizar en función del número total de plazas de la plantilla aprobadas dotadas presupuestariamente, y que hayan estado ocupadas por funcionarios interinos durante al menos los tres últimos años, autorizándose Oferta de Empleo en aquellos Cuerpos de funcionarios en el que el porcentaje de las plazas con este tipo de ocupación supere el 15% del total y en un número máximo que, acumulado para todos los Cuerpos, no podrá superar el 20% de las vacantes.”



b) La enmienda que ha presentado el grupo socialista es:
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo 21. Uno. 2.
ENMIENDA
De modificación.
Al Artículo 21, apartado Uno. 2
Se propone la modificación del apartado Uno.2 del artículo 21, que tendrá la siguiente redacción:
“Uno. 2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, la limitación contenida en el apartado anterior no será de aplicación a los siguientes sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fija en el 100 por ciento:
A) A las Administraciones Públicas con competencias educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes y para la cobertura de plazas de profesionales de apoyo educativo de los centros docentes.
B) A las Administraciones Públicas con competencias sanitarias y respecto al personal que tenga encomendado el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y respecto de las plazas de hospitales y centros de salud del Sistema Nacional de Salud.
C) A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a aquellas Comunidades Autónomas que cuenten con Cuerpos de Policía Autónoma propios en su territorio, y en el ámbito de la Administración Local a las correspondientes al personal de la Policía Local, en relación con la cobertura de las correspondientes plazas.
En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la policía local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos siempre que se trate de Entidades locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las Haciendas locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como en el presupuesto vigente.

D) A las Fuerzas Armadas en relación con las plazas de militares de carrera y militares de complemento de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de carrera militar.
E) A las Administraciones Públicas respecto del control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y en materia de Seguridad Social, y del control de la asignación eficiente de los recursos públicos.
F) A las Administraciones Públicas respecto del asesoramiento jurídico y la gestión de los recursos públicos.
G) A la Administración de Justicia y a la Acción Exterior del Estado.
H) A las Administraciones Públicas respecto de la cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de prevención y extinción de incendios.
I) A las Administraciones Públicas en relación con las plazas de personal de investigación de los organismos públicos de investigación definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
Esta previsión será también de aplicación a las plazas de los Cuerpos de personal investigador de las Universidades, siempre que por parte de las administraciones públicas de las que dependan se autoricen las correspondientes convocatorias, previa acreditación de que la oferta de empleo público de las citadas plazas no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos para la correspondiente Universidad, ni de los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.´
J) A las plazas de los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a las plazas de personal de administración y servicios de las Universidades.
K) A las Administraciones Públicas respecto de la supervisión e inspección de los mercados de valores y de los que en ellos intervienen.
L) A las plazas correspondientes a la seguridad aérea respecto del personal que realiza actuaciones de inspección y supervisión de la seguridad aérea y las operaciones de vuelo, y a las plazas de personal en relacion con la seguridad marítima, que realiza tareas de salvamento martítimo y prevencion y lucha contra la contaminación marina.
M) A la Administracion Penitenciaria.
N) Al Consejo de Seguridad Nuclear en relacion con las plazas de funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Proteccion Radiólogos que realizan funciones de dirección, estudio y evaluación, inspección y control de las instalaciones radiactivas y nucleares.


c) La enmienda que ha presentado IU sobre esta cuestión es la siguiente:

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo 21. Uno. 2.
ENMIENDA
De sustitución. 
Sustituir:
“se fijará hasta un máximo del 50%” por “se fijará hasta un máximo del 100%”


Debate de totalidad del proyecto de LPGE 2015 en el Senado: día 26 noviembre



Ceuta y la NOJ: Los procuradores recurren la norma que les obliga a usar solo la vía telemática


25 de noviembre de 2014



El Colegio de Procuradores de Ceuta presentará la próxima semana, seguramente mañana lunes, un recurso de apelación ante la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para anular la instrucción 1/2014,  de la secretaria de Gobierno, Josefa Vilar, por la que se les obliga a presentar los escritos y las demandas tan solo por vía telemática.

El recurso, apuntan fuentes de este órgano colegiado, no pretende rechazar ese procedimiento, vinculado a la implantación de la Oficina Judicial y a la creación del expediente electrónico, “sino hacerlo compatible con el presencial”. Es decir, llevar la documentación en papel. “Es absurdo. Se nos prohíbe que lo presentemos personalmente, se nos obliga a que lo mandemos vía telemática, pero luego el funcionario que lo recibe lo que hace es imprimir la documentación. Exactamente igual que si el procurador va y lo entregara en el Juzgado, porque la realidad es el que el expediente electrónico no existe”, explican fuentes de la junta gestora que se encarga de preparar estos días las nuevas elecciones al Colegio. Desde el 3 de octubre los procuradores solo pueden presentar esta documentación a través de la plataforma LEXNET, con la que ya trabajan  para otros trámites como el de las notificaciones. 

El Colegio de Procuradores considera que su recurso está “bien armado”, porque no solo cuestionan que la instrucción de una secretaria de Gobierno les obligue “cuando no somos funcionarios” y, por otra parte, porque se considera que la propia instrucción dictada en Ceuta vulnera la ley 18/2011, por la que se crea el expediente electrónico y especifica la figura de los operadores jurídicos (abogados, fiscales, procuradores y graduados sociales, solo a éstos últimos ses les obliga a presentar los escritos vía telemática). “Y en ninguna parte de esa ley está recogida que no sea compatible la presentación física con la electrónica”. Además, recuerdan que “ninguna instrucción puede ir contra una ley orgánica” y que los ceutíes son los únicos procuradores “de todo el país” a los que se les obliga a realizar todos los trámites vía telemática, “a lo que no nos oponemos, solo que sea compatible con el hecho de poder hacerlo en persona”.
Y si el recurso de apelación ante el TSJA no prosperara, “aunque tenemos muchas esperanzas de que no sea así”, subrayan, el Colegio de Procuradores “no descarta” cualquier otra acción judicial “porque creemos que nuestros derechos están siendo gravemente vulnerados”.  Antes de recurrir ante el Contencioso ya lo habían intentado con el Ministerio de Justicia, “que lo desestimó”.

“Lo cierto es que trabajamos en peores condiciones, hacemos un doble trabajo y la administración, además, un gasto en papel que antes , por ejemplo, no tenía”. Sus quejas también llegarán hasta el Consejo General de Procuradores.

¿Es original un documento en pdf?

El colectivo teme que el hecho de que la Administración les obligue a presentar sus escritos solo a través de una plataforma virtual pueda derivar en que en una vista oral un juez cuestione que se trate de documentos originales. “Es un supuesto que no se ha dado aún, pero que nos descartamos. Puede que en un juicio, si la defensa de la otra parte, por ejemplo, no tiene argumentos, impugne la documentación por entender que no es la original, en base a la Ley de Enjuciamiento, y luego queda a criterio del juez el decidir”. Y es que entienden que no se ha solventado como avalar como originales escritos que se envían como archivos pdf. “Al final podríamos terminar los procuradores demandados, y si incurriéramos en esa responsabilidad, no tendríamos más remedio que repercutirla contra quien nos ha obligado a presentar papeles solo por internet”.

“Ahora la Administración de Justicia es peor, más cara y más lenta”

Los procuradores se suman a los colectivos que ya han cuestionado el funcionamiento de la Nueva Oficina Judicial en Ceuta. “La Administración de Justicia ahora es más cara, más lenta y con menos resultados que antes”, se quejan. “Puede que antes la Justicia no fuera perfecta, pero funcionaba de una manera más racional”. No son los primeros que la han criticado. Jueces, fiscales y los propios sindicatos ya han puesto algunos peros a este órgano judicial. “Todos no podemos estar equivocados. Todos tenemos las mismas quejas”, añaden.

“No pensamos que Ceuta sea un sitio tan conflictivo como para que se realizara aquí esta experiencia piloto que entendemos que no está dando los beneficios prometidos en cuanto a eficiencia y agilidad cuando se implantó hace un año”, añaden desde la gestora del Colegio. “Al final el perjudiciado es el justiciable, el ciudadano que tiene que recurrir a la Justicia para solucionar cualquier problema. Un trámite que antes se solventaba en una semana, ahora dura un mes. Todo se ha burocratizado mucho más”.

Otra de las quejas es lo que entienden como una “pésima” distribución de los funcionarios. “Cuando se puso en marcha la oficina se hizo con un diseño casi utópico, que todos los funcionarios iban a tener acceso a todo, que los expedientes se iban a agilizar, pero lo cierto es que al final está como antes, solo que peor. Pensamos que solo la secretaria de Gobierno le ve beneficios a esta nueva distribución”.

Hay que recordar que el propio TSJA ya se ha interesado por los problemas de funcionamiento de la NOJ después de que se suspendiera un juicio en la Audiencia Provincial.

Publicado en www.elfarodigital.es




29N: Marchas por la Dignidad



29N: Marchas por la Dignidad
En Madrid,  17h. ,
Manifestación
Atocha - Cibeles - Sol




Desde el Sector de la Administración de Justicia de CCOO llamamos a la movilización este 29 de Noviembre porque solo sumando fuerzas será posible erradicar las políticas fracasadas como las estampadas en los Presupuestos Generales del Estado para 2015, ahora en el Senado




Justicia sacará de los juzgados los casos sin autor conocido



El ministro Catalá, con el presidente de la asociación judicial Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero

  • La Policía tendrá 72 horas para descubrir la autoría del delito; si no lo consigue, tendrá que cerrarlo

El Gobierno quiere agilizar los tiempos de respuesta de la Justicia liberando a los jueces de instrucción del trámite de las denuncias o atestados policiales sin autor conocido, que representa cerca de un millón (un cuarenta por ciento) de los 2,4 millones de archivos provisionales acordados en la jurisdicción penal.
De esta forma, y según ha podido saber ABC, el Ministerio de Justicia pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que estos atestados, sobre los que hoy un juez tiene que abrir diligencias penales para, en la mayoría de los casos inmediatamente después archivarlas, no tengan que pasar ya por el juzgado. Para garantizar el control judicial esos atestados serán conservados por la Policía Judicial a disposición de jueces y fiscales, informaron fuentes del Departamento que dirige Rafael Catalá.
A la vez, y precisamente para evitar investigaciones autónomas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no se permitirá que las pesquisas para averiguar la autoría del delito duren más de 72 horas desde la apertura del atestado. Es decir, si transcurrido este tiempo no aparece ninguna pista, la Policía tendrá que cerrar el caso. Aunque será la propia ley la que tendrá que matizarlo, esta descarga de trabajo está pensada para delitos menos graves, como robos de móviles o carteras en autobuses o aglomeraciones, circunstancias en las que encontrar al autor del delito es una tarea prácticamente imposible. La filosofía de esta reforma, señalan las fuentes citadas, es que el trabajo diario de los jueces «se concentre en actividades más provechosas» y mejorar así los tiempos de respuesta judicial.

Límites a la instrucción

Con este propósito el ministro quiere abordar con carácter inmediato una reforma procesal que será menos ambiciosa que la de su predecesor(que entregaba la instrucción de las causas a los fiscales en vez de la juez de instrucción), pero que precisamente por abordar cuestiones de agilización procesal, es más fácil que cuente con consenso para aprobarla en el Congreso antes de que acabe la legislatura.
Así, otra medida de calado que Catalá quiere abordar de forma inmediata es la que se refiere a los macroprocesos que se alargan años sin que parezca que llegue el momento del juicio, lo que genera desconfianza en el ciudadano hacia la Administración de Justicia, especialmente si se trata de delitos de corrupción. Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso en octubre,Catalá ya anunció que quería evitar que la acumulación de piezas dentro del mismo caso impida juzgar de forma autonóma determinados hechosy se mostró partidario de limitar el periodo de instrucción de las causas penales (el borrador de Gallardón hablaba de tres a seis meses), aunque esta circunstancia dependerá de las particularidades del procedimiento en cuestión.

Conducción y alcohol

También supondrá una novedad de la reforma de la LECr el procedimiento para enjuiciar los delitos de conducción en estado de embriaguez, infracciones que representan el 50 por ciento de las condenas dictadas por los Tribunales. La modificación se ceñiría a los casos de multas y privación del permiso de conducción: es decir, el del ciudadano que es sorprendido en un control de alcoholemia y da positivo. Días después, recibirá en su domicilio una propuesta de acusación que le remitirá por correo el fiscal, con una sensible rebaja de pena si acepta la acusación. Si la respuesta es positiva, tendrá que devolver el escrito firmado.
Después recibirá en su casa la sentencia condenatoria. Por el contrario, si no está de acuerdo con la propuesta del fiscal, el procedimiento será el mismo que ahora: el infractor irá a juicio.

Publicado el 24/11/2014 en www.abc.es

CCOO: Exige Servicios Públicos



El vídeo "Exige servicios públicos" fue presentado en el acto celebrado el día 19 de noviembre en defensa de los servicios públicos. Los datos y las cifras que se exponen desmienten una a una las declaraciones propagandísticas del presidente del Gobierno y de otros miembros del Ejecutivo o del Partido Popular.






Convocatoria de comisiones de servicio en Cádiz




Se ha publicado en el portal Adriano Resolución de 21 de noviembre de 2014, de la Secretaría General Provincial de Justicia e Interior de la delegación del Gobierno en Cádiz, por la que se realiza convocatoria publica de destinos por Comisión de Servicio o en su defecto por Sustitución.
La oferta es para cubrir plazas de los cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial, y el plazo de solicitud es de cinco días hábiles desde la fecha de publicación de la resolución en el portal Adriano (24 de noviembre)



¿Defensora del pueblo o defensora del gobierno de Rajoy?




Una vez más se demuestra que  la politización en el nombramiento de los representantes de algunas instituciones del Estado y los órganos administrativos dependientes jerarquicamente del Gobierno solo sirven para hacer efectivo el refrán “nunca muerdas la mano que te da de comer” 

¿DEFENSORA DEL PUEBLO O DEFENSORA DEL GOBIERNO DE RAJOY?

CCOO DENUNCIA QUE LA DEFENSORA DEL PUEBLO SE OLVIDA DEL INTERÉS GENERAL QUE DEBE REGIR LA INSTITUCIÓN QUE PRESIDE Y POR EL CONTRARIO DEFIENDE AL  GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR Y LOS “INTERESES CORPORATIVOS” DE SU PRESIDENTE AL NEGARSE A INTERPONER RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA PRIVATIZACIÓNDEL REGISTRO CIVIL, COMO ASÍ LE SOLICITÓ CCOO.

CCOO TAMBIEN PONE DE MANIFIESTO LA IRRISORIA RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE CONFLICTOS DE INTERESES, UN CASO TÍPICO DE ÓRGANO ADMINISTRATIVO QUE NO SIRVE PARA NADA, SALVO PARA REIRSE DE LOS CIUDADANOS QUE LA FINANCIAN.

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, justifica su negativa a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 8/14, de 4 de julio (posteriormente convalidado como Ley 18/14, de 15 de octubre) con argumentos tan peregrinos como que la existencia de “extraordinaria y urgente necesidad” para dictar un Decreto-Ley le corresponde determinarla al Gobierno en primer lugar y al Congreso de los Diputados después en su función de control parlamentario, olvidandola Sra. Defensora que dicho control parlamentario por el Congreso está seriamente dañado por el “rodillo” que impone la mayoría absoluta del PP que ha convalidado el referido RD-ley a través de la Ley 18/14, aprobada únicamente con los votos de los diputados del PP y con la oposición del resto de partidos políticos del parlamento.

Sin embargo, la propia Sra. Becerril, reconoce que CCOO tiene razón al plantear que la “urgencia” de dicha aprobación solo era necesaria en cuanto a la prórroga de la vacatio legis establecida en la Ley 20/2011 del Registro Civil, pues para aprobar el resto de medidas que contiene, como es la atribución de la competencia a los Registradores Mercantiles y la definición del sistema informático que sustente el Registro Civil a través de la creación de una Corporación de Derecho Público,  el RD-ley no fue la mejor técnica legislativa” para ello, pero que esto “no es un vicio de inconstitucionalidad”. Pese a lo cual la Sra. Becerril no tiene ningún pudor en declararse neutral” ante la decisión del Gobierno de atribuir la competencia del Registro Civil a los Registradores Mercantiles.

Por el contrario, sí han aceptado el Grupo Parlamentario Socialista, la Izquierda Plural (IU, ICV-EUIA, CHA) y Unión Progreso y Democracia, una de las demandas presentadas porCCOO durante las entrevistas mantenidas con los mismos y han interpuesto recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que ha sido admitido a trámite.

¿A quién defiende realmente la Defensora del Pueblo? Cuando un Gobierno, abusando de su nepotismo, coloca al frente de una institución tan “delicada” como ésta a una persona de la militancia del partido que sirve de soporte al propio Gobierno, provoca dictámenes tan sectarios como el que ha remitido a CCOO en contestación a nuestra solicitud para que interpusiera recurso de inconstitucionalidad contra el referido RD-ley 8/14.

Pero, además,  en su dictamen la Defensora del Pueblo demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad para rechazar la interposición del recurso de inconstitucionalidad, confundiendo, entre otras cuestiones, al personal laboral –empleados públicos éstos-  con  el personal que trabaja en los Registros Mercantiles, de régimen privado que por lo tanto no goza del carácter de empleado público, como así lo ha expuesto reiteradamente la doctrina de la Sala IV del TS.

Como venimos informando, CCOO también denunció ante la Oficina de Conflictos de Intereses (y ante la Fiscalía General del Estado, denuncia que sigue su curso legal), la concurrencia de distintas causas de abstención en el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón y en el ex  Director General de los Registros y del Notariado, José Rodríguez Hernández, que les obligaban a abstenerse de intervenir en la decisión de entregar el Registro Civil a los Registradores Mercantiles, solicitando que se iniciara el correspondiente procedimiento sancionador; sin embargo, la Oficina ha archivado la denuncia con el grotesco argumento de que las previsiones en relación con los registradores son genéricas y afectan a todo el colectivo de Registradores, por lo que no se produce ningún beneficio ni ventaja personal para ninguno de ellos.

CCOO era consciente de que la Oficina de Conflictos  tenía la credibilidad en entredicho por su dependencia directa con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y del propio Gobierno, a cuyos miembros tiene que fiscalizar. Esta sospecha, ya criticada por la propia Unión Europea señalando la INUTILIDAD de un órgano de fiscalización de incompatibilidades de políticos y altos funcionarios que carece de toda independencia, y que orgánica y funcionalmente depende del propio Gobierno, se ha visto confirmada por la respuesta a nuestra denuncia. La directora general ha sido incapaz de “ver”, siquiera indiciariamente, la existencia de conflicto de intereses en el hecho de que el Presidente del Gobierno y el Director General de los Registros y de Notariado son Registradores de la Propiedad y que, además, el Sr. Rajoy y el que fuera ministro de Justicia, de infausto recuerdo, Sr. Ruiz-Gallardón, tienen familiares muy cercanos que son Registradores, pese a lo cual han entregado el “negocio”  a los Registradores Mercantiles y que esa decisión, aparte de inmoral, es palmariamente ilegal porque afecta a sus  negocios privados y al de sus familiares más directos.

CCOO lamenta profundamente la decisión de la Defensora del Pueblo ó mejor dicho, la Defensora del Gobierno de Mariano Rajoy, y la decisión de la directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, decisiones que no detendrán a CCOO en su lucha contra la privatización del Registro Civil, por eso las hemos recurrido, decisiones que dan por buena la política del Gobierno del PP que desmantela servicios públicos esenciales, como el Registro Civil, para entregarlos a determinados intereses corporativos que buscan lucrarse y ampliar su negocio a costa de la ciudadanía.

Pero  CCOO no cejará en su empeño hasta lograr que los Registros Civiles sigan siendo un servicio público, universal y gratuito, integrado en la Administración de Justicia y servido por personal funcionario,  y seguiremos impulsando nuevas acciones con la implicación de  los trabajadores y trabajadoras, pero también de la ciudadanía, entre otras, en los próximos días, como hemos anunciado, CCOO llevará al Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la privatización del Registro Civil y su mantenimiento en el ámbito de la Administración de Justicia.



25 N, día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres




CCOO llama a la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales han convocado en todas las ciudades del Estado para manifestar su compromiso con la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer,FSC-CCOO manifiesta que los “brotes verdes” y “las raíces vigorosas” que “ese” que todas y todos conocemos anuncia día sí y día también a través de un plasma, no se perciben en la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género.

El desmantelamiento de los servicios públicos esenciales, las reformas laborales y los recortes en políticas de igualdad influyen negativamente en la independencia económica y personal de las mujeres, y las condena a la segregación ocupacional, a la brecha salarial o al trabajo a tiempo parcial para “fomentar su conciliación”, o directamente a quedarse en casa para atender a sus hijas/os o a personas dependientes.

A todo esto, tenemos que añadir la reforma de la Administración Local, que supone la eliminación de las competencias municipales en materia de políticas de igualdad, atención a las mujeres y menores víctimas de violencia de género, casas de acogida o servicios de información, entre otros.

La situación socioeconómica ha empeorado y, sin embargo, a la par que aumentan las necesidades sociales y asistenciales de las mujeres, éstas ven disminuir el presupuesto estatal destinado a servicios públicos en general y a conseguir la igualdad y combatir la violencia en particular.

Adjuntamos enlace a una Gaceta Sindical editada con motivo del  Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres  en el que CCOO reitera su más contundente rechazo a la insoportable violencia machista, que se ha cobrado en lo que va de año la vida de 44 mujeres (según datos oficiales, a 18 de noviembre). Una sangrante consecuencia de la discriminación, la desigualdad, la ausencia de la prevención y protección necesarias para combatir lo que constituye una grave violación de los derechos humanos

CCOO exige de nuevo solución a los errores en las cotizaciones del personal interino y laboral


24 de noviembre de 2014




La reunión exigida por CCOO, entre los máximos responsables del Ministerio de Justicia y del de Empleo y Seguridad Social, va a tener lugar en los próximos días.

CCOO EXIGE  DE NUEVO AL MINISTRO DE JUSTICIA Y A LA SECRETARIA DE ESTADO UNA ACTUACIÓN INMEDIATA, DE OFICIO, QUE SOLUCIONE LOS GRAVES ERRORES EN LAS COTIZACIONES SOCIALES DEL PERSONAL INTERINO Y LABORAL, y les advierte que, en caso de no solucionarlo, llegaremos hasta el final para defender a las personas afectadas.  

CCOO VUELVE A RECLAMAR AL MINISTRO DE JUSTICIA QUE SE ABRA UN NUEVO PLAZO PARA QUE EL PERSONAL INTERINO PUEDA REGULAR SUS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL ANTERIORES A JULIO DE 1990

Madrid a 22 de noviembre de 2014

CCOO se ha vuelto a dirigir al ministro de Justicia y a la secretaria de Estado (adjuntamos texto de la carta remitida a la secretaria de Estado) exigiendo:


1.- Que, mediante acuerdo, entre los máximos responsables del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y de oficio, se reparen los graves errores existentes en las cuotas de la Seguridad Social, por ser responsabilidad exclusiva de la Administración, de todos aquellos compañeros y compañeras, personal funcionario interino y personal laboral, a los que, en sus informes de las bases de cotización a la Seguridad Social, no constan como cotizaciones debidamente efectuadas las que debieron realizarse según los servicios verdaderamente prestados.

 2.- Se abra un nuevo plazo para que el personal interino que prestó servicios en la Administración de Justicia entre el 30 de junio de 1978 y el 31 de julio de 1990, pueda abonar las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a ese período y de esa forma sean tenidos en cuenta a todos los efectos de jubilación, invalidez, muerte y supervivencia. Como CCOO ha venido informando sucesivamente, se han producido graves errores en las cotizaciones a la Seguridad Social en los últimos años, errores de los que solo es responsable la Administración (Ministerio de Justicia y Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Estos graves errores afectan a los cálculos de la base reguladora para la jubilación de muchos compañeros y compañeras.

 Asimismo, ante la inacción de la Administración que no tiene en cuenta, a efectos de la jubilación, los períodos de cotización anteriores a julio de 1990 del personal interino si no regularizaron en su momento las cuotas de Seguridad Social (según estableció el Real Decreto 960/1990 y la Orden de 18 de junio de 1992 (BOE de 25 de junio), CCOO ha vuelto a reiterar al Ministerio de Justicia que es imprescindible abrir de inmediato un nuevo período para que el personal interino pueda regularizar esas cuotas, porque hasta la publicación de dicho Real Decreto de 1990, el Ministerio de Justicia no incluyó al personal interino en el Régimen General de Seguridad Social.


Corrección de errores en la resolución del concurso de traslado, ámbito de Cataluña


22 de noviembre de 2014


La Comunidad Autónoma de Cataluña publica hoy en el BOE una corrección de errores de la Resolución de 20 de octubre de 2014, del Departamento de Justicia, por la que se resuelve el concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Resolución de 29 de abril de 2014


CCOO exige al Ministerio de Justicia la convocatoria de todas las vacantes en la OEP




Reunión sobre las plazas de la OPE 2015 con el director general, en la que se muestra incapaz de asegurar si el Gobierno aprobará una convocatoria que garantice de una vez un compromiso serio de disminución de la temporalidad, y no meras declaraciones de intenciones que no sirven para nada

CCOO VUELVE A MOSTRAR LA MÁXIMA BELIGERANCIA CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EXIGE DE NUEVO AL DIRECTOR GENERAL QUE LA CONVOCATORIA DE LA OEP INCLUYA TODAS LAS VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


CCOO exige un compromiso al Ministerio de Justicia para que, en un plazo máximo de tres años consecutivos (2015-2017), la OEP alcance a convocar todas las vacantes.

Madrid a 21 de noviembre de 2014

Al comienzo de la reuniónCCOO ha exigido, con carácter previo:

1.- La relación de vacantes desglosadas por ámbitos y cuerpos de toda España. Porque los datos del Ministerio de Justicia son claramente insuficientes (según el Ministerio, se han incorporado desde 2008, 10.466 funcionarios de nuevo ingreso, habiéndose producido un incremento neto de plantilla de 3.588 personas)

2.- La relación de refuerzos desglosados por ámbitos y cuerpos del ámbito no transferido al menos. El Ministerio de Justicia sigue sin facilitar estos datos, demostrando una opacidad inaceptable, pues son cientos las plazas de refuerzo que se han demostrado estructurales y se mantienen en esta situación precaria para que no puedan ser contabilizadas como plazas de plantilla.

3.- Número de personas jubiladas en 2014. La tasa de reposición establece en la LPGE 2015 que solo tendrá en cuenta las jubilaciones, retiro, fallecimientos, renuncias… (el Ministerio ha afirmado que la media de los últimos años alcanza a unas 650 jubilaciones, por lo que de convocarse solo el 50% de dicha tasa, la convocatoria sería de unas 325 plazas, número ridículo y que sería un nuevo insulto del Gobierno)

4.- Debe modificarse la redacción del artículo 482 de la LOPJ para garantizar que todos los años se convocará una única oferta de empleo que comprenderá todos los cuerpos de personal funcionario, generales y especiales, y con oferta de todas las plazas vacantes.

El director manifestó que han presentado al Ministerio de Hacienda una enmienda que incluya una OEP entre 1000 y 1500 plazas, que se acrecentarían con las del turno de promoción interna.

Lo verdaderamente lamentable es que a falta de tan solo dos días para que termine el plazo de enmiendas en el Senado a la LPGE (el plazo finaliza a las 18 horas del lunes 24 de noviembre), los máximos responsables del Ministerio de Justicia son incapaces de asegurar si lograrán vencer la resistencia del Ministerio de Hacienda y AAPP, y se convocarán las plazas vacantes, o, como mínimo, un número de plazas superior a 2000 en 2015, y un compromiso de que el resto de las vacantes se convocarán en los años 2016 y 2017.


CCOO no suscribirá acuerdo alguno con el Ministerio de Justicia si no se produce: a) la convocatoria de una muy importante oferta de empleo en 2015 (que supere con creces ese ridículo 50% de la tasa de reposición), b) que se comprometa el Gobierno a convocar todas las vacantes entre 2015 y 2017, y c) que la convocatoria incluya a todos los cuerpos generales y especiales.