Que no te cuenten cuentos!


1 de septiembre de 2014






Que no te cuenten cuentos…, pues, si se aprueba este texto de reforma de la LOPJ, retrocederemos a los tiempos en los que las condiciones de trabajo dependían de la voluntad del jefe o responsable de turno.

LO QUE NO ESTÁ EN LA LEY…ES PORQUE NO EXISTE” (fin de la cita de Mariano Rajoy) O LO QUE ES LO MISMO ¿POR QUÉ ALGUNOS SE CREEN A PIE JUNTILLAS LO QUE DICE EL MINISTRO GALLARDÓN SI NO ESTÁ ESCRITO EN NINGÚN SITIO?
CCOO EXIGE A GALLARDÓN QUE EL PROYECTO DE REFORMA DE LA LOPJ INCLUYA EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, LA GARANTÍA DE QUE NO HABRÁ MOVILIDAD FORZOSA FUERA DEL MUNICIPIO Y QUE LAS OFICINAS JUDICIALES DE PAZ,  QUE DEBERÁN CREARSE DONDE EXISTA UN JUZGADO O UNA AGRUPACIÓN DE JUZGADOS DE PAZ, SE INCLUIRÁN EN LA LOPJ COMO  CENTRO DE DESTINO.


Hay preacuerdos y preacuerdos… y desde luego el preacuerdo firmado entre el Ministerio de Justicia de Gallardón y tres sindicatos el pasado 10 de julio –comprometiéndose a ello incluso sin ver siquiera el texto, o al menos sin verlo en la mesa de negociación- dice mucho de quién lo firma pero poco de qué es lo que se firma.

Porque si hacemos caso a la reciente cita de Mariano Rajoy “lo que no está en la ley es que no existe”, a continuación deberíamos preguntarnos,…si no está escrito en la ley (en este caso en el texto de la reforma de la LOPJ, ya sea Anteproyecto de ley o ya sea Preacuerdo firmado), ¿porqué algunas organizaciones sindicales se creen a pie juntillas lo que DICE Gallardón?

Porque tanto de la lectura del citado preacuerdo como de la propia nota de prensa del flamante ministro del día 31 de julio –que por cierto, omite cualquier referencia al preacuerdo como detonante de su cambio de posición– nada refleja que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales, o que las Oficinas Judiciales de Paz se crearán en cada localidad dónde exista un Juzgado de Paz o una Agrupación de Juzgados de Paz  ni que éstas  serán centros de destino como lo son en la actualidad los Juzgados de Paz.

CCOO sabe muy bien, y el resto de organizaciones sindicales debieran recordarlo, no solo lo difícil que es que el ministerio acepte en un preacuerdo los puntos de una plataforma reivindicativa, sino también la dificultad que entraña que se recoja expresa y concretamente los términos de los mismos para que luego no haya dudas ni falsas interpretaciones.

Porque para CCOO no es lo mismo que el preacuerdo recoja expresamente, “El Ministerio de Justicia se compromete a seguir negociando en mesa sectorial el resto de cuestiones planteadas por las organizaciones sindicales en sus enmiendas a la reforma de la LOPJ durante el trámite parlamentario de enmiendas al proyecto de LOPJ …” que no recogerlo. O que “Así mismo, el ministerio y las organizaciones sindicales firmantes de este preacuerdo negociarán la redacción concreta del articulado y disposiciones referidos a estos puntos en el texto de la LOPJ que no recogerlo.

Y ambas redacciones sí quedaron perfectamente reflejadas, tras el preacuerdo de noviembre de 2002 firmado por CCOO y también por CSIF Y UGT –STAJ no formaba parte en ese momento de la mesa sectorial de Justicia pero se opuso rotundamente al mismo–. Pero, además, el preacuerdo fue ratificado ampliamente por los trabajadores en referéndum en diciembre de ese año  (recordemos que fue convocado solo por CCOO y UGT y el resultado tuvo carácter vinculante), y, posteriormente,  firmado como acuerdo nuevamente por CCOO, CSIF Y UGT y el gobierno del PP.

Para CCOO tampoco es lo mismo que el preacuerdo firmado diga literalmente que “El Anteproyecto reconocerá expresamente la existencia de partidos judiciales” que recoja sin ningún género de dudas,  como exige CCOO que El Anteproyecto recogerá expresamente el mantenimiento de todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad.”

Y no es lo mismo, porque ni tan siquiera lo dice así Gallardón en su nota de prensa del pasado  31 de julio, en la cual explica que la nueva reorganización en Tribunales de instancia y reparto provincial de asuntos “rompe con la noción tradicional de partido judicial, que a partir de ahora se reserva para identificar las sedes de los órganos judiciales del Tribunal de Instanciay que la posibilidad de crear más de un Tribunal de Instancia en cada provincia será excepcional y siempre y cuando se cumplan los criterios territoriales, demográficos y sociales….en localidades con una importancia judicial igual o superior a la capital….exigiendo expresamente “…para que sea posible la creación excepcional de más de un Tribunal de Instancia por provincia que en cada localidad exista un mínimo de unidades judiciales: una en el orden contencioso-administrativo, social y civil y al menos cinco en el orden penal…

Por lo tanto, el pomposo anuncio de Gallardón solo afectaría en todo el Estado a las localidades de Ferrol, Santiago, Vigo, Gijón, Elche, Algeciras, Jerez, Ceuta, Melilla y Cartagena, únicas poblaciones que en la actualidad tienen, al menos, un Juzgado Contencioso-Administrativo, de lo Social y Civil y 5 juzgados de orden Penal. O sea, si bien hay un mínimo avance, NO EXISTE GARANTÍA DE QUE SE MANTENGAN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES, tal y como viene denunciando CCOO, multitud de organizaciones sociales y ciudadanas y decenas de ayuntamientos (también muchos con mayoría del PP), ni que se cree más de un Tribunal de Instancia pues las condiciones que se deben cumplir para que esto último sea posible,  tan solo las reúnen 6 provincias (Coruña, Pontevedra, Asturias, Alicante, Cádiz y Murcia) más Ceuta y Melilla. Las 44 provincias restantes tendrán un solo tribunal de instancia, en la capital de provincia, y ese “municipio” será el centro de destino de todos los trabajadores que presten servicio en ese Tribunal, a donde previamente los habrán reordenado al desaparecer el partido judicial original, sin respetar su municipio de origen, puesto que el preacuerdo tampoco recoge expresamente, como exigió CCOOque  se vuelva  a incluir expresamente en el art. 624 de la LOPJ que  la redistribución  y reordenación de efectivos “en ningún caso supondrá cambio de municipio para el personal”

Menciona también Gallardón en su nota de prensa que  “las Oficinas Judiciales de Paz…mantendrán la cercanía de los servicios no jurisdiccionales al ciudadano” expresión ambigua dónde las haya de la que, precisamente, no se deduce ni que estas oficinas serán un centro de destino, ni que se crearán en todas las localidades en dónde exista un Juzgado de Paz o Agrupación de Juzgado de Paz ni, por asomo, que en las mismas estarán destinados todas y todos los trabajadores que actualmente prestan servicios  en éstos últimos.

Y por eso CCOO exigió que  el texto del preacuerdo debía mencionar expresamente, “EI texto recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz reconociéndolas expresamente como centro de destino propio en el art. 622 de la LOPJ, donde estarán destinados todos los funcionarios que actualmente prestan sus funciones en las agrupaciones o en juzgados de paz de más de 7.000 habitantes creándose tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados o Agrupaciones de Paz existen en la actualidad; estas oficinas tendrán como principal objetivo reforzar la presencia de la Administración de Justicia como servicio público próximo a los ciudadanos, prestando funciones de apoyo a las oficinas judiciales y unidades administrativas del partido judicial, así como de información a la ciudadanía, modificándose por tanto también la Disposición Transitoria 12ª del Anteproyecto”

La conclusión para CCOO es clara: hay que seguir presionando con todas las medidas a nuestro alcance para lograr como mínimo que el proyecto de reforma de la LOPJ, que apruebe el Gobierno (probablemente en septiembre), contenga:

1.- El reconocimiento expreso en el texto legal de que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales actualmente existentes

2.- Que no podrán realizarse movilidades forzosas fuera del municipio (tal y como consta en la actual LOPJ 19/2003 en su artículo 523)

3.- Que se mantendrán como centro de destino los actuales Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz o, en su defecto, serán centro de destino las Oficinas Judiciales de Paz, recogiéndolo de manera expresa en el artículo 622 de la LOPJ. Además estas oficinas se crearán allí donde exista actualmente un Juzgado de Paz o una Agrupación de Juzgado de Paz, integrándose en aquellas, y en la misma localidad, todo el personal que actualmente presta sus servicios en los Juzgados o Agrupaciones de Juzgados de Paz.

4.- Que se reconocerá que los actos de comunicación y ejecución están reservados al personal de la Administración de Justicia y solo podrán ser encomendados a éstos.

5.- La garantía de que no desaparecerá ni un solo puesto de trabajo y por tanto se mantendrá la plantilla actualmente existente.

Mientras no se reconozcan estos derechos básicos, CCOO se opondrá frontalmente a este proyecto de reforma de la LOPJ y, en coherencia con lo anterior, mantendrá la convocatoria de las movilizaciones contra la reforma de la LOPJ.

¡¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS!!
¡¡DEFENDAMOS EL SERVICIO PÚBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA!!
10 DE SEPTIEMBRE,  DÍA DE LA APERTURA DEL AÑO JUDICIAL,
CONCENTRACIÓN ANTE EN EL TRIBUNAL SUPREMO
¡¡ACUDE!!

¡¡8 DE OCTUBRE, HUELGA EN TODA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN TODA ESPAÑA, CONTRA LA REFORMA DE LA LOPJ Y CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS CIVILES¡¡

LUCHEMOS PARA DARLE LA VUELTA
EMPLEA TU FUERZA,

NO LO DUDES, MOVILÍZATE Y LUCHA!!

Actualización bolsa interinos Admin. Just. Castilla-Léon, Gerencia de Valladolid



En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado actualización de la Bolsa de Interinos de Castilla León, Gerencia de Valladolid.


Bolsa de Interinos actualizada a Septiembre de 2014
1 de septiembre de 2014


Documentos asociados
BolsaInterinosSeptiembre2014 (PDF. 227 KB)

CCOO Ceuta denuncia el mal funcionamiento de la NOJ



Un ejemplo más de las grandezas de la NOJ, esta vez en la ciudad de Ceuta. CCOO recuerda que la NOJ y su objetivo (según el ministerio) era mejorar la justicia, modernizándola y racionalizando la infraestructura personal, material y tecnológica que rodea a los jueces, pues bien, nada de esto se está cumpliendo.

"Hasta hoy la NOJ no ha traído nada bueno al ciudadano", declaraciones realizadas en los medios de comunicación el pasado 11 de marzo por el Presidente del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río.

CCOO recuerda que todo lo que iba a ser maravilloso, moderno, con tecnologías punteras, no se ha cumplido en nada, sólo ha revelado ineficacia y generado innumerables problemas, que nos han colocado en una peor situación de la que ya soportábamos.

"Probablemente la NOJ haya sido un error: ni se ha proyectado, ni se ha hecho debidamente", según las declaraciones del 24 de Mayo del Fiscal General del Estado Torres Dulce.

¿Alguien continúa apostando por la NOJ....?

EL PUEBLO DE CEUTA.ES

Fallece Nacho Quintana, destacado sindicalista del Sector de Justicia de CCOO



Este viernes ha fallecido Nacho Quintana, después de soportar una durísima enfermedad contra la que ha estado luchando durante meses, el que fuera durante años responsable del Sector de Administración de Justicia de CCOO en Asturias, miembro de la Comisión Ejecutiva de este sector estatal y, posteriormente, miembro de la Comisión ejecutiva de CCOO de Asturies.
Nacho Quintana.
Nacho Quintana.
“Nacho, un querido compañero, luchador hasta la extenuación en defensa de los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras, con una actitud siempre valiente”, ha declarado Javier Hernández, responsable de Acción Sindical del Sector de Administración de Justicia de CCOO, nada más conocer la noticia.

El secretario general de este sector de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, Ramón Alvaré, que ha mandado un abrazo a familiares, compañeros y amigos en estos momentos de inmenso dolor, ha anunciado el envío de una corona de flores con la inscripción “Nunca te olvidaremos” firmada por los compañeros y compañeras del Sector de Administración de Justicia de CCOO. La incineración será probablemente este sábado en Oviedo.

“Su excelente ánimo siempre, nos hacía tener esperanzas de que pudiera vencer a la enfermedad –ha dicho Javier Hernández-, pero no ha sido posible, y hoy lamentamos la muerte de este audaz luchador que nunca escatimó esfuerzos en la defensa de una sociedad justa, sin privilegios y sin injusticias”.
Nacho era además un hombre honesto, y para aquellos que no lo conocisteis, fue responsable del Sector de Justicia de Asturias de CCOO durante años, miembro, durante años también, de la Comisión Ejecutiva del sector de Justicia estatal y, posteriormente, miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO de Asturies.

Según el portavoz de Justicia en el Congreso del PSOE. "Derogaremos la privatización del Registro Civil cuando lleguemos al Gobierno"


29 de agosto de 2014


  • El Gobierno da un paso más en la privatización del Registro Civil
  • En la Comisión de Economía del Congreso, el PP aprueba contra la mayoría del Parlamento su vergonzoso proyecto de entregar a los Registradores Mercantiles la gestión de los Registros Civiles

Ayer, 28 de agosto de 2014, el Gobierno, nuevamente sin dar la cara, impidió en la Comisión de Economía del Congreso (que fue el órgano del Congreso, y no el Pleno, el que lo ha aprobado, dando paso ahora su trámite al Senado: menos debate, menos participación) que se aprobara el rechazo a la privatización de los Registros Civiles, que varios grupos parlamentarios (la gran mayoría de los grupos) habían planteado.

No olvidemos que aprobar una iniciativa de tanta importancia para la sociedad en agosto y en plenas vacaciones, dice mucho del talante antidemocrático de este Gobierno, que sigue huyendo de la participación y del debate como de la peste.

Como hemos venido informando, entre las acciones que CCOO sigue impulsando contra la privatización de los Registros Civiles, cuya batalla estamos seguros que no está perdida ni mucho menos, a finales del mes de julio presentamos a todos los grupos parlamentarios enmiendas a las disposiciones adicionales del proyecto de ley procedente de RDL 8/2014 (pues el plazo de presentación de enmiendas al Proyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, procedente del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, finalizó el pasado 19 de agosto). 

Estas enmiendas de CCOO consistieron en  una propuesta de enmienda solicitando la derogación de la privatización de los registros civiles que entrega su gestión a los registradores mercantiles, y, subsidiariamente, propuesta de enmiendas alternativas a las citadas disposiciones adicionales para que las presentaran y las defendieran en el trámite parlamentario. 

Varios grupos parlamentarios se comprometieron a defender estas enmiendas, a las que se ha opuesto el Partido Popular, en una nueva incongruencia de sus diputados que en muchos casos han aprobado mociones en ayuntamientos contra la privatización del Registro Civil.

El portavoz de Justicia del PSOE, Julio Villarubia. EP
CCOO se va a mantener firme en su lucha contra la privatización de los Registros Civiles, va a seguir hasta sus últimas consecuencias esta lucha, y, advertimos al Gobierno, que no va a poder llevar a cabo esta privatización, porque tiene enfrente no solo a miles de trabajadores y trabajadoras sino también al conjunto de la sociedad, que manifiesta su hartazgo de las políticas que se dicen hacer en nombre de la eficacia y que solo consisten en deteriorar cada día más los servicios públicos y los derechos de la ciudadanía.

Entre las acciones de presión que CCOO convocará, se encuentran, entre otras muchas, la realización en los primeros días del mes de septiembre de un gran acto de protesta en la inauguración del año judicial ante el Tribunal Supremo, contra la privatización del Registro Civil y contra la reforma de la LOPJ, al que animamos a sumarse a todos los trabajadores y trabajadoras y a todas las organizaciones sindicales y sociales.

El PSOE ha anunciado que "derogará la privatización del Registro Civil si llega al Gobierno".

Podéis ver la noticia publicada en Publico.es

Importante: Nueva publicación de las bolsas de interinos de la Administración de Justicia en Cantabria "detalladas" y con listas de reserva



Bolsa Interinos Cantabria

La administración por fin ha atendido, aunque parcialmente, la petición de CCOO de que se publiquen las bolsas de interinos de la Administración de Justicia en Cantabria, junto con los listados de reserva, con constancia de las puntuaciones obtenidas por los aspirantes en la baremación por apartados y las opciones por partidos judiciales. Sin embargo, no se reabre el plazo de recurso, plazo que está a punto de cerrarse, lo que mantiene la indefensión de los aspirantes.
Se ha dejado en indefensión a los aspirantes cuando se publicaron los listados provisioneles porque al no contener la puntuación obtenida en la baremación, discriminada por apartados, han tenido que hacer sus alegaciones "a ciegas", y se les sigue manteniendo en la indefensión ahora porque la información detallada, que debió publicarse desde el principio, se publica cuando está a punto de agotarse el plazo de recurso, plazo que la resolución de publicación no reabre. Por ello CCOO sigue exigiendo que se reabra este plazo, para que de una vez por todas se haga algo bien desde el principio en esta caótica y mal concebida bolsa de trabajo, que por otra parte, y en medio de esta caos y de esta indefensión, entró en funcionamiento hace casi un mes


El texto adjunto a la publicación, en la página web del Gobierno de Cantabria, es del siguiente tenor:



"Por Resolución de la Consejera de Presidencia y Justicia de 7 de julio (B.O.C de 31 de julio), se aprobaron las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos de las bolsas de trabajo de funcionarios interinos de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial en el ámbito gestionado por la Comunidad Autónoma de Cantabria que fueron publicados en la Intranet de Justicia y en la sede electrónica del Gobierno de Cantabria. Con el fin de proporcionar información adicional a los interesados se procede a la publicación de dichas listas con mayor nivel de detalle"



CCOO ha exigido que se reabra el plazo de recurso, ahora que los interesados disponen de la información que precisan para la defensa de sus derechos, información de la que ya debieron disponer cuando se publicaron los listados provisionales. De lo contrario, y sin este requisito, esta nueva publicación llegará tarde, relegando en la práctica a los aspirantes al recurso contencioso - administrativo y poniendo en evidencia una vez más la absoluta falta de criterio de la administración



Adjuntamos enlace a lo publicado


PUBLICACION DETALLADA BOLSAS DE JUSTICIA

Convocatoria procesos selectivos Administración General del Estado (385 plazas)




En el BOE de 28 de agosto de 2014, se publica la convocatoria de los procesos selectivos para ingreso en diferentes Cuerpos de la Administración General del Estado.


Los cuerpos y plazas que se convocan son:

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (Promoción Interna); 100 plazas de las que  63 son para el sistema general y el resto para reserva para discapacitados.

Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado (Promoción interna): 114 plazas, de las que 108 son para el sistema general y el resto para reserva para discapacitados.

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado 
(Promoción interna): 50 plazas, de las que 47 son para el sistema general y el resto para reserva para discapacitados.

Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (Ingreso Libre): 18 plazas, de las que 17 son el para el sistema general y el resto para reserva para discapacitados.

Cuerpo Gestión de la Administración Civil del Estado (Promoción interna): 54 plazas, de las que 51 son el para el sistema general y el resto para reserva para discapacitados.

Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado (Ingreso 
Libre):  24 plazas, de las que 22 son el para el sistema general y el resto para reserva para discapacitados.

Cuerpo Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado 
(Promoción interna): 25 plazas, de las que 24 son el para el sistema general y el resto para reserva para discapacitados
 
Total: 385 plazas, de las que 332, son el para el sistema general y el resto para reserva para discapacitados

Plazo para presentar las solicitudes: la solicitud tendrá que ser presentada en el plazo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»



IMPORTANTE

El personal laboral del III Convenio Único de la Administración General del Estado de las categorías que se detallan en los diferentes Anexos de cada una de las convocatorias (o de categorías y grupos profesionales equivalentes al servicio de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado los procesos selectivos de acceso a Cuerpos de la Administración General del Estado) podrá participar en las convocatorias de promoción interna, si reúnen los requisitos establecidos en la misma.

Convocatoria proceso selectivo Administración General del Estado





En el BOE de 27 de agosto de 2014,  se publica la convocatoria del proceso selectivo AGE de acceso al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (20 plazas por el turno libre y 6 por promoción interna).

Los requisitos específicos para el ingreso por el turno de promoción interna son:

– Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado del Subgrupo A2 o a Cuerpos o Escalas Postales y 
Telegráficos, adscritos al Subgrupo A2 o a Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2 del resto 
de las Administraciones incluidas en el artículo 2.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público con destino definitivo, estos últimos, en la 
Administración General del Estado.

– Antigüedad: haber prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como 
funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala del Subgrupo A2 de la Administración 
General del Estado o en Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos, adscritos al Subgrupo 
A2 o en Cuerpos o Escalas del Subgrupo A2 del resto de las Administraciones incluidas 
en el artículo 2.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 



Se publica también en el BOE de 27 de agosto, anuncio de licitación de un contrato para la interpretación y traducción en los órganos judiciales adscritos a diferentes Gerencias del ámbito no transferido.

Para CCOO esta licitación es la continuación de la política intolerable de seguir con la privatización de un servicio público, que volvemos a exigir debe mantenerse servido por empleados y empleadas públicos, como es el personal laboral del III Convenio único de la Administración General del Estado, al que pertenece el personal laboral de la Administración de Justicia.

 


CCOO denuncia que el gobierno está ocultando el nuevo recorte salarial que pretende a los EE.PP y el que realizará a las prestaciones sociales en el periodo 2014-2017


26 de agosto de 2014




Los salarios de los funcionarios y el gasto corriente de la Administración serán las partidas en las que el ajuste será más intenso, según la «Estrategia de política económica y programa de financiación del Reino de España», que el Ministerio de Economía, a través del Tesoro Público, ha expuesto a los inversores internacionales
El Ministerio de Economía (qué casualidad, el ministro que propone Rajoy para ser presidente del Eurogrupo, con el apoyo de Merkel) esconde los datos de los más de 40.000 millones de euros de recortes para el trienio 2014-2017 si vuelven a gobernar.

Esto es lo que le exige Merkel para dar su apoyo a la política de Rajoy. Los apoyos entre gobernantes sin escrúpulos se basan en intercambios de poder y de intereses, siempre con el horizonte de que millones de personas paguen con su esfuerzo y su sufrimiento los tremendos abusos de las políticas de austeridad que solo conducen al agrandamiento de la zanja entre pobres y ricos y al asesinato del Estado Social y derechos que hemos construido con la lucha de millones de personas.

CCOO denuncia esta nueva desvergüenza del presidente del Gobierno y anima al personal de la Administración de Justicia para prepararse para la movilización, para frenar la reforma, el desmantelamiento y la privatización de la Administración de Justicia y estos gravísimos nuevos recortes.

Noticia en prensa:

Rajoy pretende bajar aún más los salarios de los empleados/as públicos entre 2014-2017


Los salarios de los funcionarios y el gasto corriente de la Administración serán las partidas en las que el ajuste será más intenso



Publicado en www.larazon.es

El Gobierno asegura a los inversores un recorte de gasto de 50.000 millones hasta 2017

Carga el mayor ajuste sobre la masa salarial del Estado, las prestaciones por paro y el desembolso corriente

25 de agosto de 2014. 02:39h B. Carrascosa. Madrid.

El Gobierno pretende ajustar el gasto público de la Administración en más de 50.000 millones de euros (el 4,8% del PIB) en el periodo 2014-2017, según se desprende de la presentación «Estrategia de política económica y programa de financiación del Reino de España», que el Ministerio de Economía, a través del Tesoro Público, ha expuesto a los inversores internacionales para que éstos prolonguen las compras de títulos de deuda españoles. La fase más intensa del recorte, condición necesaria para el El Gobierno pretende ajustar el gasto público de la Administración en más de 50.000 millones de euros (el 4,8% del PIB) en el periodo 2014-2017, según se desprende de la presentación «Estrategia de política económica y programa de financiación del Reino de España», que el Ministerio de Economía, a través del Tesoro Público, ha expuesto a los inversores internacionales para que éstos prolonguen las compras de títulos de deuda españoles. La fase más intensa del recorte, condición necesaria para el cumplimiento de los objetivos de déficit pactados con la Comisión Europea, corresponderá a los dos últimos años del citado plazo.

Así, si el Ejecutivo renueva su mandato en las elecciones generales de noviembre de 2015, promete reducir en más de 30.000 millones de euros (el 2,9% del PIB) el gasto público durante los dos primeros años de una hipotética segunda Legislatura. En el presente ejercicio, el recorte será de 9.400 millones (el 0,9% del PIB); el año que viene, el ajuste rondará los 10.500 millones (el 1%).

Los salarios de los funcionarios y el gasto corriente de la Administración serán las partidas en las que el ajuste será más intenso. Así, durante el presente ejercicio, el Ejecutivo prevé un recorte de gasto de cerca de 7.500 millones conjunto entre los salarios de los funcionarios y los desembolsos en los servicios y bienes básicos para el funcionamiento de la maquinaría de Administración (agua, luz, combustible, material de oficina, etc.). En términos relativos, este capítulo asumirá casi el 80% del ahorro total previsto por el Gobierno en 2014.

De 2015 a 2017, el recorte en masa salarial del Estado y en gasto corriente superará los 22.000 millones de euros en conjunto, lo que supondrá un ajuste medio de más de 7.300 millones anuales. En los próximos cuatro años, estas dos partidas habrán registrado un ahorro cercano a los 30.000 millones, según la senda marcada por el Gobierno.

Ahorro gradual en cuatro años

Las transferencias sociales, los subsidios –especialmente, las prestaciones por desempleo– y las subvenciones representan la otra gran «pata» en la que el Ejecutivo planea meter la «tijera» con especial intensidad, especialmente a partir de 2015. Durante el presente ejercicio, el ajuste será de apenas 400 millones de euros, previsiblemente y según la presentación del Tesoro, pero el año que viene estas partidas registrarían un recorte cercano a los 3.900 millones, que iría creciendo de forma gradual hasta los 7.100 millones de 2017. En total, los ahorros estimados por el Ejecutivo en estos capítulos superarán los 17.000 millones.

Los 3.000 millones de euros restantes del ajuste comprometido por el Gobierno con los inversores internacionales afectarán, entre otros capítulos, también a la partida de inversión (empleos de capital). Crecerá levemente durante este ejercicio, será congelada el año que viene y descenderá progresivamente durante los años 2016 y 2017.

En términos de aumento de gasto público, el Ejecutivo sólo prevé que crezca la partida de intereses de la deuda pública por el aumento del volumen del pasivo estatal y autonómico. Este año el aumento rondará los 1.000 millones de euros y en 2015 alcanzará los 2.000 millones. A partir de entonces, el incremento de esta partida se suavizará durante los dos años siguientes.

En 2013, y según cifras preliminares, el gastó público descendió un 6,7%. Desde 2004, acumula un incremento del 40%.

Ingresos «extra» de 12.300 millones

El Gobierno calcula que los ingresos crecerán en 12.300 millones de euros (el 1,2% del PIB) entre 2014 y 2017. Las retenciones por IRPF subirán este año, y la senda alcista se suavizará a partir de 2015 con la reforma fiscal, una bajada de impuestos que se verá compensada por el aumento en la contratación. El IVA mantendrá una subida sostenida y registrará el mayor aumento de recaudación de todas las figuras impositivas. El Ejecutivo prevé ligeras pérdidas en cotizaciones sociales.

ENLACE PERMANENTE

Empieza el control sobre las bajas médicas de los funcionarios


23 de agosto de 2014


Según ha sabido El Confidencial Digital, el Ejecutivo lleva distribuyendo, desde finales del mes pasado, unas instrucciones sobre las altas y las bajas en la Seguridad Social y partes médicos de baja por incapacitad temporal del personal del régimen general de la Seguridad Social.
En esas directrices, se incluyen los nuevos plazos aprobados por el Ministerio de Empleo para la presentación de esos partes. Las fuentes consultadas por ECD explican que ya en la redacción del real decreto ley de julio de 2012, que acabó con la extra de diciembre de ese año a los funcionarios, se hablaba de los nuevos plazos. No obstante, “nunca se habían aplicado hasta ahora”.
Ahora, y según las instrucciones distribuidas por los ministerios, los límites que tendrán que cumplir los empleados públicos son los siguientes:
--“El trabajador deberá presentar ante su Unidad el parte médico de baja, así como los sucesivos de confirmación de baja, en el plazo de tres días contados a partir de la fecha de la expedición de los partes”.
--“El trabajador presentará el parte médico de alta en el plazo de 24 horas desde su expedición”.
--“La Unidad correspondiente deberá adelantar los partes entregados por el trabajador en el mismo día o en el plazo máximo de un día, a la Subdirección General de Administración y Gestión Financiera”.
--“Asímismo, los partes de Incapacidad Temporal de los funcionarios y laborales de Servicios Centrales o de Periferia, deberán ser remitidos a la Subdirección General de Recursos Humanos, a fin de expedir los documentos de Licencia por Incapacidad Temporal.
Por último, los ministerios avisan de que la no remisión de los partes de incapacidad temporal en plazo puede conllevar que “al trabajador no se le acrediten correctamente las retribuciones en nómina y la exigencia de responsabilidades”.

Hacia un control total de las altas y bajas

La incorporación de estos nuevos plazos es un paso más, por parte del Gobierno, para tener un mayor control sobre los partes de baja y de alta de los funcionarios de la Administración General del Estado.
En este sentido, las fuentes consultadas por ECD recuerdan que la futura Ley de Mutuas, cuyo anteproyecto se presentó en La Moncloa el pasado 18 de julio, otorga a las propias mutuas el control de las bajas de los trabajadores desde el primer día.
Además, en casos de bajas prolongadas, podrán citar a una revisión a los funcionarios y emitir propuestas de alta a la que los médicos de cabecera de los propios funcionarios deberán responder en un plazo de nueve días.
Vea, a continuación, las instrucciones difundidas por los ministerios para el cumplimiento de los nuevos plazos de presentación de altas y de bajas:

Fuente: elconfidencialdigital.com
Enlace permanente:  http://www.elconfidencialdigital.com/politica/Empieza-control-bajas-medicas-funcionarios_0_2330166985.html

El CGPJ prorroga las medidas de refuerzo en juzgados de A Coruña y Vigo colapsados por las demandas de preferentes


21 de agosto de 2014


Publicado en www.20minutos.es


La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida este martes tras el periodo vacacional, ha acordado prorrogar hasta finales de este año las medidas de refuerzo existentes en los juzgados de primera instancia de Vigo y A Coruña, colapsados por las demandas de ciudadanos relativas a participaciones preferentes y otros productos bancarios.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reunida este martes tras el periodo vacacional, ha acordado prorrogar hasta finales de este año las medidas de refuerzo existentes en los juzgados de primera instancia de Vigo y A Coruña, colapsados por las demandas de ciudadanos relativas a participaciones preferentes y otros productos bancarios.

La medida de refuerzo se extiende hasta el 31 de diciembre, tras estudiar los vocales las propuestas al respecto formuladas por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.

Estas medidas se encuentran en vigor desde septiembre de 2013, tras la aprobación por la Comisión Permanente de un plan de actuación especial para atender el incremento del nivel de entrada de asuntos en los juzgados de primera instancia de ambas ciudades, como consecuencia de la masiva presentación de demandas derivadas de la comercialización de productos financieros híbridos.

Tui y carballo 

Concretamente, el CGPJ ha acordado prorrogar durante cuatro meses más la comisión de servicio con relevación de funciones de la jueza Tania Rodríguez Lozano, titular del juzgado de primera instancia e instrucción 2 de Tui, para continuar actuando como juez de refuerzo en los juzgados de primera instancia de Vigo para el conocimiento de las demandas de preferentes y subordinadas.

Igualmente, se renueva por cuatro meses más la comisión de servicio con relevación de funciones de la magistrada Ana Sánchez Sánchez, titular del juzgado de primera instancia e instrucción 1 de Carballo, para actuar en el juzgado de refuerzo de A Coruña, que es el órgano que conoce de las demandas de preferentes y subordinadas.

La Comisión Permanente solicitará del Ministerio de Justicia la prórroga de las comisiones de servicio de los secretarios judiciales que actúan en los juzgados de refuerzo de Vigo y de A Coruña. 

Igualmente, solicitará de la Xunta la prórroga de los nombramientos de los funcionarios de los Cuerpos de Gestión Procesal, de Tramitación y de Auxilio Judicial, que trabajan en estos juzgados al objeto de garantizar la operatividad de las medidas de refuerzo.


Plantean ubicar los juzgados en barracones mientras remodela el Palacio de Justicia



Publicado en www.diarioinformacion.com

El TSJ ha expresado su preocupación tanto por esta posibilidad como también por la alternativa, que consistiría en seguir trabajando en el edificio mientras se llevan a cabo las obras

21.08.2014 | 11:42
El conseller Serafín Castellano durante una visita realizada al Palacio de Justicia en Alcoy.
El conseller Serafín Castellano durante una visita realizada al Palacio de Justicia en Alcoy. 

El Consell se está planteando la posibilidad de ubicar los juzgados de Alcoy en barracones mientras se lleva a cabo la remodelación del Palacio de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha expresado su preocupación por esta medida, así como por la alternativa, que consistiría en seguir trabajando en el edificio mientras se desarrollan las obras.
Tal y como se ha venido informando, la Conselleria, tras descartar compensar económicamente al Ayuntamiento por el edificio construido en la plaza de la Mare de Déu, decidió remodelar el actual Palacio de Justicia a través de una inversión de un millón de euros. La medida, en principio, debería acometerse este mismo año, toda vez que el inmueble está amenazado de cierre por la Inspección de Trabajo debido a su estado de degradación.
En este contexto, ahora ha trascendido que la Generalitat, según adelantó ayer Radio Alcoy, se está planteando la posibilidad de ubicar los juzgados, al menos en parte, en unos barracones en el patio de la sede, en tanto en cuando se llevan a cabo las obras.
Así queda reflejado en la última memoria del TSJ, donde se hace referencia a una visita realizada en febrero de este año por el director general de Justicia, en la cual informó de la ejecución del proyecto, con la intención de finalizarlo en septiembre de 2015. Según se cita en la memoria, «lo que más preocupa, es la ubicación de los juzgados durante la realización de las obras, ya que según se informó:Pr o seguiremos trabajando en la sede junto la realización de las mismas o en una especie de barracones en el patio de la sede».
Esta posibilidad ha suscitado las críticas del Ayuntamiento. La concejal de Régimen Jurídico y alcaldesa en funciones, Lorena Zamorano, manifestaba a este diario que «la valoración no puede ser otra que lamentar que se esté siquiera considerando una chapuza de esta magnitud».
La edil recordó que el Consistorio había planteado a la Conselleria «múltiples soluciones» para que los juzgados pudieran trasladarse al nuevo edificio de la Mare de Déu. «Partiendo de la base que la Generalitat tenía que pagar lo que le ha costado este inmueble a todos los alcoyanos, estábamos dispuestos a negociar plazos y fórmulas distintas. Pero no quisieron de ninguna de las maneras, y hoy nos encontramos con que pueden instalar barracones sin pensar en las condiciones de trabajo de los funcionarios y propiciando que la calidad del servicio se resienta», concluyó.

Aragón confía en que el nuevo proyecto de ley salve sus 16 partidos judiciales



Publicado en www.heraldo.es

El ministro de Justicia quiere presentar el borrador en septiembre y se prevén ajustes para corregir las «disfunciones territoriales».
La DGA mantiene que irá a los tribunales si se pierden juzgados

Galicia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en asegurarse que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial no acabará con ninguno de sus 45 partidos judiciales. De hecho, la Xunta ha logrado convencer también al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que en lugar de cuatro tribunales de instancia –uno en cada capital de provincia, como contempla el primer borrador de la futura ley– Galicia cuente con siete, ya que se conservarán las sedes de Santiago de Compostela, Vigo y Ferrol. El compromiso se plasmó hace tan solo unos días, cuando el propio Gallardón se desplazó a la capital gallega para calmar los ánimos, ya que el anuncio de cierre de juzgados había puesto en pie de guerra no solo al ejecutivo autonómico sino también a muchos municipios.

El paso atrás de Gallardón en Galicia se ha convertido en todo un acicate para Aragón, que aunque todavía no tiene garantizada la pervivencia de 13 de sus 16 partidos judiciales –todos los que no se corresponden con las tres capitales de provincia– confía en que el segundo borrador del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial introduzca los cambios necesarios para ‘indultar’ a todas sus sedes judiciales. Gallardón anunció su intención de presentar el nuevo texto en septiembre, ya que pretende que esté aprobado antes de que se acabe la actual legislatura. Y todo apunta a que el próximo borrador variará bastante del que se hizo público el pasado mes de abril, dado que este tendrá en cuenta las «disfunciones territoriales» que se obviaron al principio, así como muchas de las sugerencias planteadas por los distintos ejecutivos autonómicos.Entre ellos, el Gobierno aragonés, que ya hizo saber en su día al ministro su inquietud y que ahora le exige el mismo trato que a Galicia.

«El ministro sabe de nuestra preocupación, ya que, dado el extenso territorio de Aragón y su escasa población, cualquier cierre redundaría en un peor servicio al ciudadano», manifestaba esta semana el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro. Pero desde la DGA confían en que Gallardón cumpla su compromiso, ya que aseguran que este está dispuesto a mantener todos los partidos de la Comunidad si la propuesta la avala el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). En caso de que se propusieran cierre, el Ejecutivo autonómico está dispuesto a ir a los tribunales. 
El TSJA debe avalar la petición
«Hay que repensar la reforma de la Ley del Poder Judicial en Aragón, porque las comunicaciones no son buenas y las distancias son bastantes largas. Si eliminamos los partidos judiciales y todos los juzgados se trasladan a la capital de provincia se generarán daños», señalaba en julio el presidente del TSJA en funciones, Fernando Zubiri. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial ya ha elegido a su sucesor, Manuel Bellido Aspas, y habrá que esperar a que tome posesión tras el verano para saber cuál es su posición.

Lo que sí ha adelantado Gallardón es que aunque se conserven todos los partidos, estos serán agrupados y se introducirán criterios de «flexibilidad», para que ante una potencial sobrecarga de trabajo puedan derivarse asuntos de una demarcación saturada a otra con menos faena. 


El registrador de Santa Pola




Publicada en www.infolibre.es

FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ


“Quien hace un cesto, hace ciento.” Se entiende que aquel que es deshonesto en un aspecto de la vida profesional será deshonesto en la totalidad de la misma, solo es cuestión de oportunidad o precio. Es este el mecanismo que nos hace huir de aquellos expertos, fontaneros o abogados que se desempeñaron con flagrante falta de diligencia o parcialidad o negligencia o deshonestidad en alguna ocasión y, por lo tanto, cuando necesitamos de sus servicios, preferimos a cualquier otro, incluso aquel del que no tenemos referencias antes que volver a tener trato con el que nos viene señalado por aquella actuación viciada que nos consta. 

Quien aceptó soborno de un empresario español, ¿lo volverá a admitir de otro empresario? Y si el empresario es extranjero, ¿lo rechazará? Es posible que desde un importantísimo cargo de representación pública se pueda actuar contra el interés general para beneficiarse actuando arbitrariamente.

Quien así se desempeña, ¿volverá a actuar idénticamente si se le presenta otra oportunidad? Estas y otras consideraciones nos asaltan al repasar la trayectoria de eminentes políticos españoles y europeos que, habiendo alcanzado la cima de relevantes cargos en la Administración pública y tras años de ejercicio sin tacha aparente, se revelan repentinamente un día con hechos, decisiones, actitudes más que perjudiciales o inquietantes para el interés público

Un presidente de gobierno alemán, tras negociar su gabinete un contrato de suministro de combustible con una empresa extranjera dependiente del gobierno de su país, llegado el día del cese en sus funciones, y tras un breve período de “descompresión”, pasa a ocupar un cómodo y excelentemente retribuido puesto en el organigrama de dicha empresa que, gracias a las gestiones de aquel, se encuentra en posición de presionar eficazmente a los sucesivos gobiernos alemanes a la hora de tomar decisiones que afecten a los intereses de esta compañía o al gobierno extranjero del que depende. 

Un ministro de Sanidad o consejero del mismo ramo de una comunidad autónoma española influye decisivamente en la concesión de servicios esenciales que ofrecen pingües perspectivas de beneficio a favor de un consorcio empresarial perjudicando el interés general: peor servicio, sobrecostes... Finalizado su mandato o cesado o dimitido el exconsejero o exministro pasa a detentar puesto de asesor “a mesa puesta” en la empresa beneficiada por la Administración que dirigiósatisfaciendo con largueza las pretensiones comerciales que dicho grupo empresarial codiciaba. 

Estos son hechos recientes en la historia de la Administración europea, española y de sus comunidades autónomas. Se suceden con relativa frecuencia y reiteración como para considerarlas si no habituales tampoco excepcionales. 

La duda que inquieta al ciudadano que reflexiona sobre hechos de esta naturaleza se extiende al ámbito exterior. Es decir, si en España un representante público cualificado se aviene a beneficiar, con las decisiones que le competen, a un particular en detrimento del interés general, ¿hemos de suponerle escrúpulos especiales cuando este particular beneficiado es ciudadano de un país extranjero? ¿Hará ascos a la retribución en metálico o en especie si ese particular es una empresa avalada por el gobierno de un importante país extranjero? 

Me explico. En los tiempos previos a la independencia de la entonces provincia española conocida como Guinea Española, la metrópoli, es decir España, debió realizar o encargar la ejecución de todo tipo de sondeos para localizar recursos naturales que pudieran ser explotados como yacimientos de mineral o más concretamente gas o petróleo. Dichas catas, al parecer, dieron un resultado negativo. 

Sorprendentemente menos de dos décadas después de la firma de los acuerdos por los que se reconocía la independencia de la ya excolonia o exprovincia española, aparecen bajo patrocinio de empresas estadounidenses y francesas importantes recursos petrolíferos que “no existían” para la Administración española. Este curioso hecho, llamativo al menos, jamás ha merecido una explicación que aclarase la aparición-desaparición de bolsas petrolíferas como si fueran la isla de San Borondón. 

Las mentes más analíticas apuntan a una probable actuación desleal cuando menos de las compañías encargadas de los sondeos, que ocultarían los resultados de los análisis a la Administración española en beneficio de otros actores que aparecieron con posterioridad a la independencia. Hay quien piensa que si las empresas encargadas de la búsqueda hicieron correctamente su trabajo sería “alguien desde dentro” y altamente cualificado el que traficaría con dicha información en beneficio de países o empresas extranjeras que le habrían hecho “una oferta que no pudo rechazar” perjudicando los intereses públicos nacionales de España y engordando su peculio particular. Esperaremos a que el asunto sea tratado en el programa de investigación de hechos inexplicables que presenta Iker Jiménez, Cuarto Milenio

Enlazando con sucesos de similar naturaleza nos encontramos hoy con un Gobierno español cuajado de “registradores de la propiedad” y presidido por el registrador de la propiedad de Santa Pola, ya bajo sospecha de aceptar sobres en negro, que llevándose por delante el interés general de los usuarios, es decir de los españoles, toma las decisiones oportunas para beneficiar, privatizando el Registro Civil, al gremio registral al que pertenecen él y un puñado de altos funcionarios de su Gabinete, con el que está emparentado algún ministro decisivo en lo tocante al Registro Civil, sin que se oiga el vuelo de una mosca, salvo quizá el mosqueo en la prensa de algún celoso notario. 

Esperaremos pacientes a que el oportuno capítulo de Cuarto Milenio nos ofrezca las claves de tan inexplicable por inadmisible suceso. Entretanto seguiremos ejerciendo el derecho a voto con el acierto manifestado hasta hoy en la elección del Gobierno de España, de la Comunidad de Valencia, de Cataluña, de Madrid… y demás ejemplos sacados del manual Cómo entregar impecablemente un país a las tramas corruptas y salir perdiendo sin salir escaldado.


Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

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