Hoy
se publican en el BOE dos resoluciones por las que se adjudican destinos a
funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial, OPE 2011, por los ámbitos de las
comunidades autónomas de Madrid y Navarra:
Cursos de Lengua Gallega para personal de fuera de la C.A. de Galicia
23/05/2013
Archivado en: Formación, Galicia, Lengua gallega
Los compañeros de Galicia nos han remitido un correo con información sobre los cursos de lenguaje jurídico para personal funcionario de la Administración de Justicia destinados fuera de la C. Autónoma de Galicia.
La convocatoria del Diario Oficial de Galicia del pasado 15 de mayo era únicamente para personal de la Administración de Justicia destinado en la propia C. Autónoma de Galicia y, por lo tanto, no se admitirá ninguna solicitud de personal funcionario destinado en otros ámbitos.
Los cursos "Linguaxe Xurídica" de gallego para funcionarios de fuera de Galicia se convocarán en el mes de diciembre para celebrarlos en el mes de enero del año que viene y darle tiempo a tener el certificado para participar en el concurso de traslados.
Al parecer, en la EGAP están recibiendo muchas solicitudes de personas que están fuera de Galicia y que, evidentemente, no van a aceptar.
RECURSO CONTRA LA INADMISIÓN DE LA DEMANDA PARA RECUPERAR LA PAGA EXTRA (ÁMBITO NO TRANSFERIDO)
Archivado en: Recortes, Recursos, Retribuciones
CCOO y el resto de sindicatos recurriremos en apelación la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la eliminacion de la paga extra de diciembre de 2012
Esta semana hemos conocido que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de la Audiencia Nacional ha acordado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por CCOO, CSIF, STAJ y UGT contra la eliminación de la paga extra de diciembre de 2012, correspondiente al ámbito no transferido, con el argumento único en la parte dispositiva "por no ser susceptible de recurso las actuaciones recurridas por falta de legitimación actora".
Al afectar la inadmisión a los cuatro sindicatos, ya que los recursos se están presentando, como sabéis, de forma unitaria por todos los sindicatos representativos de ámbito estatal, remitiremos en breve una nota unitaria conjunta sobre esta cuestión, con la decisión ya tomada de proceder a presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Os adelantamos algunas cuestiones importantes:
La decisión del juzgado se adopta en clara contradicción con la posición de muchos otros tribunales
El auto acuerda la inadmisibilidad del recurso presentado por los sindicatos representativos para la recuperación de la paga extra suprimida de diciembre 2012 (recurso del ámbito no transferido)
La falta de legitimación de los sindicatos aludida en el auto, se establece a pesar de que al menos en cinco ámbitos transferidos, los tribunales han admitido el mismo recurso y declarado la legitimidad de los sindicatos para recurrir
Los sindicatos hemos acordado que recurriremos la decisión del juzgado presentando en el plazo de 15 días recurso de apelación contra esta inadmisión ante la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional
Para CCOO esta decisión es inadmisible porque, en el fondo, pone en cuestión que las decisiones de los Gobiernos que atacan derechos económicos y profesionales (como las que se están adoptando por nuestro Gobierno) no pueden recurrirse de manera colectiva, lo que entendemos vulnera no solo las leyes sino incluso la Constitución, por lo que deja a los recursos individuales la única defensa. Pero estos recursos individuales con las tasas, la obligatoriedad hasta el momento de acudir con abogado y procurador y las eventuales costas, dejan a los trabajadores completamente indefensos.
No queremos acusar sin pruebas, pero ¿no será que lo que se pretende es que las normas injustas e ilegítimas, pero legales al haberse publicado en el BOE (que es lo único que marca su legalidad), sean acatadas como en los tiempos de la dictadura?
CCOO interpondrá todos los recursos necesarios en defensa de los derechos colectivos de los trabajadores, y no permitiremos que las decisiones del Gobierno de eliminar nuestros derechos no tengan ni siquiera el obstáculo jurídico de los que estamos radicalmente en contra de lo que está sucediendo.
Nombramientos de funcionarios de carrera y adjudicaciones de destinos
Archivado en: Auxilio, Empleo público, Oposiciones, Tramitación
En
la edición de hoy del Boletín Oficial del Estado se publican diversas órdenes y
resoluciones de con nombramientos de funcionarios de carrera y adjudicaciones
de destinos correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2008, 2010 y
2011
Hoy
se publican en el BOE:
-
Orden JUS/887/2013, de 13 de mayo, por la que se nombra funcionaria del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa en el proceso selectivo de la OPE 2010, turno de promoción interna., ámbito Resto de Península y Baleares
Concentraciones en la Administración de Justicia de toda España
Archivado en: Movilizaciones, Privatización, Recortes
Ayer 22 de mayo, miles de trabajadores de la Administración de Justicia en toda las Comunidades Autónomas se han concentrado ante las sedes judiciales en protesta con las reformas legislativas que el Ministro de Justicia quiere aplicar.
DEFENDAMOS EL SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PORQUE SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS.
La respuesta del personal que presta servicios en la Administración de Justicia demuestra el rechazo a los proyectos de privatización del ministro Gallardón.
Tras la reforma integral de los Registros Civiles que supone la privatización del Registro Civil se une ahora la privatización de actos de comunicación y ejecución pues a partir de la aprobación de la LEC podrán realizar los procuradores (profesionales del ámbito privado) al convertirlos en la categoría de agentes de la autoridad, lo que demuestra el intento de Gallardón de desmantelar la Administración de Justicia como servicio público universal y gratuito.
Estos proyectos de privatización de la Administración de Justicia, supondrán la desaparición de más de 12.000 puestos de trabajo en toda España, y pondrán en marcha los planes de de ordenación de recursos humanos en los términos introducidos en la reforma de LOPJ publicada el pasado 28 de diciembre, reforma que ha sido llevado a cabo con un total desprecio al derecho fundamental de libertad sindical, incumpliendo la legalidad vigente plasmada en el Estatuto Básico del Empleado Público, pues ha sido aprobada sin ningún tipo de negociación con las organizaciones sindicales con representación en la Administración de Justicia.
Pero también es un nuevo ataque a los derechos de la ciudadanía que verá restringido, una vez más, su derecho de acceso a la Justicia para la defensa de sus derechos e intereses legítimos.
Ante este brutal ataque a los derechos laborales del personal que presta servicios en la Administración de Justicia CCOO, junto con el resto de los sindicatos integrantes de la plataforma unitaria, anima a todo el personal funcionario y laboral a secundar mayoritariamente las movilizaciones que se convoquen, sin descartar la huelga, para exigir la inmediata retirada de los proyectos del ministro Gallardón que suponen la privatización de la Administración de Justicia. Además animamos a toda la ciudadanía a que participe en las convocatorias pues todos estos proyectos suponen la usurpación de un derecho fundamental como es la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
DEFENDAMOS EL SERVICIO PUBLICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PORQUE SIN JUSTICIA NO HAY DERECHOS.
Reunión de la Mesa Sectorial (estatal)
Archivado en: Hojas informativas, Mesa Sectorial, Ministerio de Justicia, Negociación, Nueva Oficina Judicial, Oposiciones, Promoción Interna, Secretarios, Sustituciones
El día 21 se celebró una reunión de la Mesa Sectorial, convocada por el
Ministerio de Justicia, para la negociación de las bases de la
convocatoria de oposiciones al Cuerpo de Secretarios Judiciales y las
bolsas de Secretarios Sustitutos
En
la reunión, el Director General anunció también que durante el año
2013 el Ministerio de Justicia no cubrirá las plazas vacantes en el
plazo de un mes tal, y como viene haciendo hasta el momento en su
ámbito, alegando falta de presupuesto
CCOO
criticó duramente la medida y anunció que propondrá medidas que
garanticen la cobertura de dichas plazas como hasta el momento,
solicitando que el Ministerio de Justicia reduzca los gastos de otras
partidas innecesarias que no afecten ni al empleo ni a los derechos
de los trabajadores
Asimismo,
en la reunión CCOO entregó las
firmas de la práctica totalidad de los trabajadores destinados en la
ciudad de Ceuta contra la implantación de la NOJ en dicha ciudad, y
exigió, junto a los trabajadores, la paralización de dicha
implantación, criticando duramente la actuación del
Ministerio de Justicia y de la Secretaria General que es incapaz de
resolver los problemas que siguen existiendo en la NOJ implantada en
las otras ciudades, mientras que pretende seguir extendiéndola sin
atender a estas reclamaciones
Además,
CCOO manifestó nuevamente, como los demás sindicatos, que exigimos
al ministro Gallardón la retirada de los anteproyectos de la LEC, de
la reforma de los registros civiles, la convocatoria de la mesa de
negociación para abordar las modificaciones de la LOPJ que afectan a
los derechos de los trabajadores..., o de lo contrario, comenzará
una escalada en la confrontación y de movilizaciones hasta impedir
la privatización de la Justicia
En cuanto a la negociación sobre las bases de las oposiciones al Cuerpo de Secretarios Judiciales, adjuntamos una hoja informativa con las propuestas que CCOO defendió en la mesa, porpuestas que también han sido trasladadas por escrito al Ministerio de Justicia
En cuanto a la negociación sobre las bases de las oposiciones al Cuerpo de Secretarios Judiciales, adjuntamos una hoja informativa con las propuestas que CCOO defendió en la mesa, porpuestas que también han sido trasladadas por escrito al Ministerio de Justicia
CCOO recurre la Oferta de Empleo Público de 2013
Archivado en: CCOO, Oposiciones, Recursos
Como
hemos venido informando, CCOO
ha presentado en
el Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra la OEP
del año 2013 con el objetivo de que se convoquen todas las
plazas vacantes que existen en la Administración de Justicia tal y
como establece la normativa en vigor
Adjuntamos
la resolución por la ha sido admitido a trámite el recurso.
Recordamos
que, igualmente, CCOO
también interpuso recurso contra la OEP 2012, que también fue
admitido a trámite
Resolución Concurso de Traslados Secretarios 1ª Categoraia
21/05/2013
Archivado en: Concurso de traslados, Secretarios
En el BOE de hoy, 21 de mayo, se ha publicado la Orden JUS/878/2013, de 8 de mayo, por la que se resuelve el concurso de traslado, convocado por Orden JUS/528/2013, de 25 de marzo, para el Cuerpo de Secretarios Judiciales de 1ª categoria.
Secretarios turno libre, OPE 2011, relación definitiva aprobados y apertura plazo 20 días presentación documentación.
20/05/2013
Archivado en: BOE, Empleo público, Secretarios
Publicamos el enlace al BOE de hoy, 20 de mayo, en dónde se ha publicado la Orden JUS/870/2013, de 6 de mayo, por la que se publica la relación de aprobados de las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Secretarios Judiciales, turno libre, OPE 2011.
En el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de esta orden en el Boletín Oficial del Estado, los aspirantes que figuran en el citada relación presentarán la documentación que se especificada en la Orden junto con escrito en el que figure: apellidos y nombre, número de documento nacional de identidad, cuerpo al que acceden, número de orden obtenido en la oposición y teléfono de contacto, a fin de agilizar la identificación en la revisión de documentos
La justicia más ágil será de pago
Archivado en: Movilizaciones, Prensa, Privatización
Publicado en www.elpais.com
- El Gobierno del Partido Popular salva a los procuradores reforzando sus funciones y abre la puerta a que el cliente pague por agilizar trámites como las notificaciones
Martes, 10.30. Juzgado número 39 de Madrid, juicio por la rotura de una tubería. Entran en la sala siete profesionales con toga: tres abogados y tres procuradores, además de la juez. Los tres primeros intervienen durante la vista: explican, exponen, preguntan. Los procuradores, simplemente, asisten. En el tramo final de la sesión, uno de los tres se levanta, toga colgando del brazo, y entrega unos documentos a la juez y a una de las partes. Se solicita la interrupción de la vista y los procuradores sacan su agenda para apuntarse el aplazamiento. Se levanta la sesión.
Cualquiera que asista a un juicio de estas características se preguntará qué hacen los procuradores, a qué se dedican, por qué el cliente se ve obligado a pagarles por sus servicios, además de pagar al abogado. Pero lo cierto es que ahí están, desempeñando una función fundamentalmente administrativa entre bambalinas, y en el centro de un debate que desde hace años cuestiona si realmente son necesarios.
Pues bien, el debate sobre su supervivencia ha sido cortado de cuajo. El Gobierno ha acudido al rescate de este colectivo nacido en 1881, al que muchos consideraban al borde de la extinción. La salvación de este conjunto de más de 10.000 profesionales viene por la vía de ampliar sus funciones y de otorgarles el rango de agentes de la autoridad. Todo ello, con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que también encierra la apertura de una vía para fórmulas de pago para el que busque una justicia más ágil, algo que ha puesto en pie a profesionales del sector.
Los procuradores son los encargados de engrasar una máquina judicial aún dependiente de entregas de notificaciones y citaciones en papel. El correo electrónico, o más precisamente, las comunicaciones telemáticas, se utilizan solo en un 35% de los 50 millones de notificaciones que pasaron por manos de los procuradores en 2012. Se sigue notificando sobre todo en papel y el procurador debe estar de arriba para abajo trasladando documentos, circunstancia que a algunos, como al procurador José Luis Pinto, les llevó a cambiar de vehículo para ser más rápido y diligente: “Me he tenido que comprar una moto, me quita mucha ansiedad”, confiesa en las inmediaciones del juzgado número 39.
A partir de ahora, además de engrasar la máquina, los procuradores van a poder cobrar por ser ellos los que notifiquen a las partes en sus domicilios (función que podían hacer pero que, de hecho, no hacían por la obligatoriedad de acudir con dos testigos para dar fe de sus notificaciones, restricción que el anteproyecto ahora levanta). Y cobrarán una cantidad que oscilará entre los 40 y los 60 euros por notificación, según confirma el Ministerio de Justicia (el número de notificaciones oscila mucho en función de cada proceso, pueden ser cuatro, pueden ser 20).
Así el ciudadano litigante tendrá la opción de elegir entre los trámites lentos de unos sobrecargados servicios de notificación del juzgado, o el trámite rápido de un procurador. “Esta parte de la reforma es una forma de privatización de la Justicia”, reconoce en su despacho la procuradora Rocío Sampere Meneses, “pero ahorra mucho tiempo al cliente”. Sampere dice que la Administración podría llegar a tardar meses en realizar una notificación frente a los tres días que pueden demorarse los procuradores. “Todo esto va a agilizar la justicia”.
Ese es el objetivo del Gobierno, como explica Juan Bravo, subsecretario del Ministerio de Justicia. “Introducimos un sistema de competencia entre procuradores y servicios de notificaciones de los funcionarios de la Administración de modo que el demandante podrá elegir”. Y añade: “No estamos privatizando nada. Siguen funcionando los servicios comunes, que quedarán descargados de trabajo. ¿Qué aporta esta fórmula? Agilidad y rapidez”.
Rafael Fluiters, titular del juzgado número tres de Primera Instancia de Madrid, tiene una visión distinta. Dice que el anteproyecto, en la práctica, va a suponer agilizar los trámites solo para aquellos que puedan pagarlos: “Por ejemplo, los bancos y las inmobiliarias”, ilustra. “El que pueda pagará para que todo vaya más rápido. Eso se llama Justicia de dos velocidades”.
Verónica del Carpio, abogada con 27 años de profesión a sus espaldas, profesora de Derecho Civil y bloguera deja bien claro su punto de vista: “Si las funciones que antes hacían unos funcionarios, de forma gratuita, ahora las podrán hacer profesionales autónomos, cobrando, eso se llama privatización de la justicia. No es una opinión. Es un hecho”.
De confirmarse el texto del anteproyecto, entre las nuevas funciones de los procuradores estará la localización de bienes de un demandado y su embargo. Es decir, el litigante que quiera que un embargo se agilice, pagará. Los lanzamientos hipotecarios —desahucios— han quedado excluidos de las nuevas funciones de los procuradores.
En España, a diferencia de otros países europeos, el representante del cliente en un juicio no es el abogado, sino el procurador. La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ya proponía el pasado 27 de febrero la eliminación de la figura del procurador y el fin de esta exclusividad en la representación del cliente (en la estela de la directiva 2006/123/CE sobre prestación de servicios).
De hecho, el subsecretario Juan Bravo declara que los borradores de la Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio de Economía (que tal vez podría estar lista antes del final de año, dice) contempla poner fin a la incompatibilidad entre abogados y procuradores. Es decir, los abogados podrán representar al litigante (con lo cual se pone fin a la exclusividad en la representación); y los procuradores podrán realizar funciones de defensa.
“El avance de las tecnologías hace que sean totalmente prescindibles”, señala el director de iabogado.com, Javier Muñoz Pereira, que dice que el hecho de que sea obligatorio contratarlos hace que se encarezca la Justicia. “Pero han hecho una función de lobby y han marcado un gol”. La abogada Verónica del Carpio sugiere que han contado con la protección del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha encontrado en ellos unos aliados después de toparse con el rechazo en otros ámbitos judiciales. “Esa protección de la que se habla es la misma que ha habido con los ministros que le han precedido”, asegura en su despacho Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España. “Nos consideran útiles y necesarios, y saben del riesgo de colapso de la justicia si no estamos ahí”, señala.
El anteproyecto está ahora pendiente de los dictámenes que haga el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, el Consejo General de Procuradores, y el Consejo General de la Abogacía antes de ser remitido al Parlamento.
Enlace permanente: http://goo.gl/MGZAH
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