Campaña EESS

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Asturias: instrucciones sobre ceses y tomas de posesión del Concurso de Traslados


31 de octubre de 2014


La D. Gral. de Justicia nos remite las Instrucciones para ceses y tomas de posesión como consecuencia de la resolución definitiva del concurso de traslados.

1. Generales

- Todas las tomas de posesión y ceses se harán en la sede de la Sección de Personal de Justicia, en la C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9 de Oviedo, Edificio (EASMIN)

- Quienes obtengan plaza en el mismo Centro de destino el día de cese y toma de posesión se realizará en un acto único:


  • 1. Tramitación Procesal y Administrativa cesarán el 11 de noviembre
  • 2. Gestión Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial cesarán el 17 de noviembre

- Quienes habiendo obtenido plaza se encuentren disfrutando de vacaciones, permisos y licencias cesarán el primer día natural tras su disfrute, independientemente de que no pueda formalizarse la documentación necesaria en el primer día natural y se difiera al primer día laborable siguiente: La fecha de efectos será la del día natural.

- Quienes se les ha adjudicado plaza y tuvieren concedida alguna licencia o permiso cuyo disfrute haya de producirse en el órgano de destino, deberán requerir con carácter previo a su disfrute la autorización de la D. Gral. con informe favorable del responsable funcional del órgano/servicio de destino. En caso contrario serán revocadas.

- Las tomas de posesión se realizarán a primera hora de la mañana ( 9 a 10 horas) y los ceses a última (13 a 14 horas)

- Los destinados en el Principado de Asturias y hayan obtenido plaza en el País Vasco cesarán el día 7 de noviembre en todos los cuerpos.

- Quienes como consecuencia del concurso se incorporen a la Comunidad del Principado, provenientes de otra comunidad, deberán aportar:


  • . DNI
  • . Tarjeta de Mugeju o S. Social
  • . Copia de acta de cese del ámbito de origen
  • . Baja de haberes, si ha sido facilitada, o última nómina
  • . Datos personales y datos bancarios
  • . Certificado del disfrute de vacaciones y permisos durante el año 2014

2. Comisiones de Servicio o Adscripción Provisional

Quienes estén desempeñando un puesto de trabajo en Comisión de Servicios en Asturias y obtengan plaza en la misma, a efectos de plazos posesorios, se entenderá que la "localidad del funcionario"es aquella en la que está prestando servicios efectivamente (no el reservado). Si continúa en el mismo Centro de trabajo el día de cese y toma de posesión se realizará en un único acto.

Quienes estén desempeñando un puesto de trabajo en Comisión de Servicios en centros cuyos puestos se cubran por titulares, serán cesados siguiendo los criterios de antigüedad en el desempeño de puesto de Comisión y de escalafón subsidiariamente, el día antes de la incorporación del titular.

Si en un mismo centro concurren funcionarios ocupando un puesto en Comisiones de Servicio y funcionarios interinos y se producen incorporaciones de los titutlares cesarán primero los interinos.

3. Funcionarios interinos

Los funcionarios interinos que actualmente ocupen plazas que hayan sido adjudicadas cesarán como consecuencia de la toma de posesión del titular, el mismo día de la incorporación de éste. En  el supuesto de que hubiese más de un funcionario interino en un Centro de Trabajo, cesará aquel cuyo nombramiento sea más moderno.

4. Eficacia Temporal

Las presentes instrucciones desplegarán sus efectos para el concurso de traslados resuelto definitivamente por Resolución de 20 de octubre de 2014 (BOE/BOPA de 2014)








Rpt's Secretarios Judiciales de Cataluña y Euskadi



En el BOE de hoy se ha publicado la Orden JUS/2002/2014, de 23 de octubre, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales en La Seu d´Urgell (Lleida) y por la que se modifica la Orden JUS/2094/2013, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales en Girona, Olot y Vitoria-Gasteiz y por la que se modifica la Orden
JUS/1533/2012, de 4 de julio, por la que, en ejecución de sentencia, se modifica la Orden JUS/1072/2011, de 20 de abril, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de Secretarios Judiciales de determinados partidos judiciales del País Vasco.

Orden modifica RPT's SJ La Seu D'urgell, se modifica RPT's SJ Girona, Olot y Vitoria-Gasteiz y determinados Partidos Judiciales del País Vasco

La ley y la política como obstáculos de la justicia



Publicado en www.laopinion.es





Gerardo Pérez Sánchez
Doctor En Derecho. Profesor De La Ull   30.10.2014

La semana pasada, el Presidente del Tribunal Supremo (que lo es también del Consejo General del Poder Judicial) realizó unas declaraciones en las que, literalmente, se quejó de que la ley estaba "pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador". Apenas unos días antes, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana afirmó que "no es fácil destapar los casos de corrupción con herramientas del siglo XIX, deficientes, cuando, además, los delincuentes en muchas ocasiones se han valido incluso del amparo del propio Estado para cometer sus delitos".

Basten estos dos ejemplos, aunque podría seguir citando a otros ilustres juristas que se posicionan en la misma línea. Y baste también con constatar la tardanza en la instrucción de las macrocausas judiciales contra los escándalos vinculados a los delitos cometidos al amparo del cargo público, con dinero público o gracias al poder público, para llegar a la conclusión de que nuestra Justicia, más de ciega, parece coja y enclenque por culpa de la constante desatención de los políticos encargados de impulsarla y protegerla.

En las últimas fechas han salido a la luz varias noticias que reflejan muy bien las precarias condiciones en las que se desenvuelven los profesionales de la Administración de Justicia. Así, por ejemplo, se dio a conocer que en el Juzgado de Guardia de Sevilla no cuentan con fotocopiadora ni con fax desde hace semanas. También se ha sabido que los Juzgados de la localidad onubense de Moguer han tenido que ser desalojados debido a la presencia de ratas en el interior del edificio.  
Asimismo, el Consejo General del Poder Judicial ha informado recientemente de la tramitación como accidente de trabajo del expediente de incapacidad temporal de un magistrado de lo Mercantil de Madrid, que sufrió un infarto vinculado, al parecer, al estrés por sobrecarga de trabajo. Este mismo mes, la Inspección del citado C.G.P.J. ha emitido un informe en el que revela que el 43,53% de los órganos judiciales superan el indicador del 150% de carga laboral. De hecho, ya hay citaciones de juicios del ámbito de lo Social previstos nada más y nada menos que para el año 2017.

Resulta demoledor darse una vuelta por las oficinas de los Juzgados y contemplar que las tongas de expedientes colocadas sobre las mesas tapan a los propios funcionarios e, incluso, se esparcen por los suelos, al estar completos los archivadores. El panorama es absolutamente desolador tanto para los profesionales que trabajan en y por la Justicia como para los ciudadanos obligados a confiarles sus pleitos y controversias.

Pero ¿cómo se ha llegado a esta situación? En gran medida, por la desidia y la incompetencia de los políticos que tratan con desconfianza y hasta con desdén a los Juzgados y Tribunales. La situación se torció totalmente cuando se empeñaron en trocear el Poder Judicial para su reparto competencial con las Comunidades Autónomas, poniendo en práctica la estrambótica formula de diferenciar entre "Administración de Justicia" (a cargo del Estado) y "administración de la Administración de Justicia" (cedida al ámbito autonómico). La inversión en ésta última (por cierto, un servicio público esencial) ha sido y sigue siendo absolutamente insuficiente, no sólo en cuanto a medios humanos, sino también tecnológicos y materiales. A todo ello hay que añadir la evidente tendencia a la politización del Tercer Poder, la rechazable introducción de las tasas judiciales o la pretendida reforma del turno de oficio, entre otras cuestiones.

Y la triste conclusión a la que llegan tanto el ciudadano de a pie como el Presidente del T.S. y del C.G.P.J. es la misma: la ley es eficaz frente a las personas normales y corrientes pero ineficaz (o, como mínimo, torpe) frente a los poderosos y privilegiados. Triste conclusión, también, para un Estado de Derecho en el que son demasiados los delitos cometidos desde las Cajas de Ahorro y los círculos del poder financiero y político que van a quedar sin castigo.


Tal vez sean numerosos los que se investiguen, pero terminarán cayendo en el olvido debido a la falta de medios. Y puede que algunos de esos delincuentes reciban su castigo después de décadas de procesos pero, debido a su avanzada edad, cumplirán las correspondientes condenas en unas condiciones más que cómodas. Semejante realidad conduce inevitablemente a los ciudadanos hacia la desafección del sistema y la culpa es de quienes, después de detentar el poder durante años, han consentido que desemboquemos en una situación tan deprimente.

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Renovación del concierto sanitario de la MUGEJU 2015


30 de octubre de 2014



Renovado el Concierto Sanitario de la MUGEJU con las mismas Entidades médicas privadas para el año 2015, si bien la MUGEJU no informa sobre las condiciones de renovación.

Aparece colgado en la página web de la Mutualidad General Judicial una nota informativa por la que se da publicidad a la prórroga del Concierto sanitario entre la Mutualidad General Judicial y las compañías médicas privadas para el año 2015.

Según dicha nota han suscrito dicho concierto las mismas entidades que firmaron en el año 2014, es decir, ASISA, SEGURCAIXA ADESLAS, CASER, DKV, MAPFRE y SANITAS.

La nota no informa sobre si ha habido alguna modificación de las condiciones del Concierto, por lo que habrá que estar a la publicación de la renovación en el BOE o a la remisión del mismo por parte de la MUGEJU a los compromisarios y compromisarias de su Asamblea, lo que no ha realizado, para poder conocer exactamente las condiciones del mismo.

Nota MUGEJU sobre renovación concierto sanitario 2015

Sindicatos firmantes del preacuerdo con el Ministerio de Justicia recurren al insulto a CCOO como único argumento para justificarse




CCOO pide a esos sindicatos que, en vez de recurrir al insulto, contesten con argumentos a las preguntas que les hacemos sobre las clamorosas y numerosas ausencias en dicho preacuerdo de las cuestiones fundamentales que debieron recogerse para garantizar nuestros derechos

En el blog de STAJ aparece una nota con el título “CCOO toma a los funcionarios por tontos” en el que además se afirma que es imposible explicar de otro modo la incansable sucesión de mentiras que llenan sus interminables panfletos propagandísticos”

Otro sindicato, UGT, por su parte, continúa con los insultos en su hoja informativa de “LOS CUENTOS QUE CUENTA CCOO” para decir que había una vez un sindicato que no quería nada, por no querer no quería ni el bien de los trabajadores de la Administración de Justicia”

No fuimos únicamente Comisiones Obreras, aunque nos quieran dar todo el mérito, los únicos que nos dimos cuenta de que la firma del preacuerdo fue una bajada de pantalones en toda regla y, para muestra, los comentarios que otros sindicatos del ámbito de la Administración de Justicia han hecho del preacuerdo, entre ellos, algunos como CIG y ELA, que también forman parte de la mesa sectorial:

Confederación Intersindical Galega (CIG):

“El pasado día 23 asistimos atónitos a la escenificación en la mesa sectorial del compadreo entre CSIF, STAJ y UGT y la Administración. Charlas en los pasillos, quedadas después de las mesas en los despachos a espaldas del resto de sindicatos, intentos de que ELA y CIG no estuviesen presentes..., dan como fruto un preacuerdo en el que:

Se privatiza el Registro Civil. Se mantiene la privatización de los actos de comunicación y ejecución, en las manos de los Procuradores. No se garantiza el mantenimiento de todos los Juzgados de Paz (contempla “oficinas judiciales de paz” pero no todas las existentes en la actualidad. No se garantiza el mantenimiento de todos los partidos judiciales actuales, por lo que entendemos que allí donde haya menos de tres juzgados no se podrá formar tribunal de instancia. Continúa contemplando la movilidad geográfica en las reordenaciones de efectivos. Se recogen derechos que ya tenemos en la actualidad (la exigencia de 2 años para promocionar, prioridad en el llamamiento de secretarios sustitutos pero sin mejorar la redacción que tantos problemas provoca, existencia de escalafón propio...).”


ELA – STV:

TRES SINDICATOS DE JUSTICIA FIRMAN UN PRE-ACUERDO SIN GARANTÍAS Y PERJUDICIAL PARA LOS TERRITORIOS TRANSFERIDOS” […] reconoce también “la existencia de partidos judiciales”, en genérico y sin concretar ni en número ni en su ámbito territorial. NO TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES como se ha dicho en alguna información, SÓLO EL CONCEPTO GENÉRICO. Se dice que “recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz” pero no se garantiza que serán todos los juzgados y agrupaciones ahora existentes ni todo el personal, además, por ahora, no las reconoce cómo centro de destino.”


Justicia y Progreso (JyP):

“Cuando creíamos haber conseguido generar un profundo rechazo por el conjunto de la sociedad a las políticas de desmantelamiento de nuestra Administración, así como los profesionales de nuestro ámbito, vemos como el pasado jueves 3 sindicatos (csif, ugt y staj) dan el beneplácito a la reforma de la LOPJ presentada por el PP.

Entendemos en JyP que con este acuerdo se le ha dado un balón de oxígeno a cambio de muy pocas mejoras reales del contenido de la LOPJ y apenas ningún logro, más allá de alguna promesa.”


Intersindical Canaria:

“El preacuerdo al que ha llegado el Ministerio de Justicia con las organizaciones CSIF, STAJ y UGT deja fuera muchas cuestiones de gran importancia para todo el colectivo.

Reivindicaciones que quedan fuera de la negociación y de la futura LOPJ:

Mantenimiento de los Registros Civiles y de los actos de comunicación como servicios públicos, con lo que se da vía libre a la privatización. Convocatoria de oposiciones anuales de todas las plazas vacantes y de todos los cuerpos. La no amortización de puestos de trabajo. La eliminación de la movilidad funcional y geográfica con carácter forzoso. La recuperación de derechos laborales y retributivos. La objetividad en los sistemas de provisión de puestos de trabajo. La negociación de las RPT. La mejora del régimen disciplinario. La clarificación de las funciones y su adecuación a las nuevas normas procesales. La regulación de la jubilación anticipada. La mejora de la normativa sobre jornada y horario, licencias, permisos, situaciones administrativas, etc... todas ellas reguladas en la actual LOPJ.”



Intersindical Valenciana:

“Hace escasamente dos semanas que las organizaciones sindicales CSIF, UGT y STAJ defendían la firma del acuerdo e insistían en sus “bondades”. Ahora le piden al nuevo ministro la retirada del anteproyecto de reforma de la LOPJ.

Es inaudito el grado de incoherencia que algunos demuestran en los argumentos que utilizan para justificar sus propias decisiones. No se puede defender un acuerdo y al mismo tiempo pedir que se retire. Eso sólo puede significar la debilidad con la que se llevaron a cabo las negociaciones con el ministerio de Gallardón, y que ahora, aprovechando el cambio de titular, quieren dar marcha atrás.”

Alternativas Xustiza:

“¿A quién beneficia el acuerdo entre Gallardón y CSIF-STAJ-UGT?

Hace unos días STAJ, CSIF, y la UGT vendían a todo meter que habían llegado a un acuerdo con Gallardón sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial . Desde Alternativas Xustiza - CUT (AXG) entendemos, después de leer el acuerdo , ahora escrito, que el gran beneficiado de la firma del acuerdo por parte de CSIF, STAJ y UGT es Gallardón ....

Antes del "acuerdo" Gallardón estaba siendo atacado por todos los medios de comunicación, los sindicatos -incluidos los que firmaron este acuerdo-, los propios Registradores Mercantiles. La firma de este acuerdo ha sido una bomba de oxígeno para el Ministro. No se puede firmar cualquier acuerdo si no paraliza la privatización y garantiza los puestos de trabajo de los registros civiles en todo el estado.”

Después de firmarle una hoja en blanco y tras la dimisión de Gallardón acudimos atónitos a declaraciones de los sindicatos firmantes pidiendo la retirada de la reforma de la LOPJ. Ley Orgánica que ellos mismos habían avalado con su “compadreo” con el Ministerio (no son palabras nuestras).


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En vez de insultarnos, deberían dar respuesta a las preguntas que sobre el contenido del preacuerdo nos seguimos haciendo miles de trabajadores:


· ¿En qué párrafo del preacuerdo se recoge que se prohíbe la movilidad forzosa fuera del municipio o que no se podrán disminuir las retribuciones de ningún trabajador/a en las redistribuciones o reordenaciones de efectivos?

· ¿En qué párrafo del preacuerdo aparecen los juzgados de paz como centro de destino?

· ¿En qué párrafo del preacuerdo figura que se mantendrán todos los partidos judiciales y todas las agrupaciones y juzgados de paz?

· ¿Alguien encuentra en el preacuerdo que no habrá reducción de plantilla, ni de retribuciones, ni movilidad forzosa?

· ¿Alguien encuentra en el preacuerdo que no habrá planes de empleo ni de redistribución forzosa de efectivos en la Admón. de Justicia?

· ¿Alguien encuentra en el preacuerdo que no habrá privatización de los actos de comunicación y ejecución?

Nosotros seguimos sin encontrar ninguna respuesta satisfactoria en el preacuerdo a esas preguntas por más que lo leemos y por eso no lo firmamos en su momento ni lo firmaríamos nunca en esas condiciones.

Hasta aquí los hechos. Entendemos que haya varias interpretaciones (los firmantes interpretan algo completamente diferente al resto de sindicatos), así como entendemos que cada uno intente vender su "producto" aunque el mismo haya quedado demostrado, a nuestro entender, que era un error.

Lo que no podemos entender, y no compartimos son los insultos y agresiones verbales que van subiendo de tono según van pasando las fechas.


Comunidad Valenciana: Gestión Promoción Interna, listados de plazas que se ofertarán a los aspirantes











La Dirección General de Justicia de Valencia ha remitido la Resolución donde hace pública la relación de plazas desiertas en el ámbito de la Comunitat Valenciana que se ofrecen a los aspirantes que han superado el proceso selectivo para el ingreso por promoción interna al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa

Enlace a plazas ofertadas para Gestión P.I.



Publicación RPT's Cuerpos Generales de Cornella de Llobregat, El Vendrell, El Prat de Llobregat y Amposta



En el BOE de hoy, se publica Orden JUS/1982/2014, de 21 de octubre, por la que se aprueban con carácter definitivo las relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, del partido judicial de Cornellá de Llobregat, El Vendrell, El Prat de Llobregat y Amposta.

Orden aprueba RPT´s Cuerpos Generales, Cornella de Llobregat, El Vendrell, El Prat de Llobregat y Amposta
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Concurso de traslados: re-inclusión de la plaza de resultas de Gestión Procesal del Juzgado de Paz de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)



En el BOE de hoy se publica Orden JUS/1978/2014, de 16 de octubre, por la que se deja sin efecto la Orden JUS/1583/2014, de 24 de julio, por la que se corrige la Orden JUS/808/2014, de 29 de abril, por la que se convoca concurso de traslados entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia. (SE INCLUYE EN EL CONCURSO DE NUEVO EL JUZGADO DE PAZ DE CALZADA DE CALATRAVA COMO PLAZA A RESULTAS)

Orden deja sin efecto orden anterior modificando convocatoria concurso de traslados

Resolución concurso específico Secretarios Judiciales ciudades NOJ



En el BOE de hoy se publica la Orden JUS/1976/2014, de 9 de octubre, por la que se resuelve el concurso específico para el Cuerpo de Secretarios Judiciales, convocado por Orden JUS/810/2014, de 7 de mayo.

Los ceses se realizarán dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de esta orden y tomarán posesión de sus nuevos puestos, en el plazo de tres días naturales a partir del cese si el destino no implica cambio de residencia, de ocho días naturales si implica cambio de localidad dentro de la misma Comunidad Autónoma, o de veinte días naturales si comporta cambio de Comunidad Autónoma.

Como dispone el apartado 2 del artículo 117 del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, el cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos y licencias, incluida la de vacaciones que, en su caso, hayan sido concedidas a los interesados.

Orden resuelve concurso específico Cuerpo secretarios judiciales, ciudades NOJ

El Gobierno vasco pedirá al nuevo ministro de Justicia que reconsidere la privatización del Registro Civil



Publicado en www.eldiarionorte.es

  • El Ejecutivo autónomo apuesta por unos registros "públicos y gratuitos" y afirma que mantendrá los 252 puestos de trabajo adscritos "sea cual fuere la decisión final que adopte el Gobierno español".
  • El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, afirma que la implantación del nuevo modelo diseñado por Alberto Ruiz Gallardón, supone "vaciar de facultades a las comunidades autónomas" en esta materia.

El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, pedirá al nuevo de ministro de Justicia, Rafael Catalá, que reconsidere la privatización de los Registros Civiles anunciada por su predecesor Alberto Ruiz Gallardón. Lo hará la semana que viene durante en la reunión de la Conferencia Sectorial.

Erkoreka ha comparecido en la Comisión de Instituciones, Seguridad y Justicia del Parlamento vasco para dar cuenta de la situación de los Registros Civiles en Euskadi ante las intenciones expresadas por el Gobierno español de trasladar sus funciones a los Registros Mercantiles.

En este sentido ha reiterado que Gobierno vasco "quiere que los Registros Civiles continúen siendo públicos y gratuitos" y que "se mantengan en Euskadi el ámbito de la Administración de Justicia". Por ello, ha dicho que en el caso de que el nuevo ministro de Justicia "siga adelante con los planes de su predecesor", el Ejecutivo "garantizará la totalidad de los puestos de trabajo de su personal en Euskadi". Erkoreka ha aclarado que relizará "un plan de readscripción de de efectivos" que destinará a la Nueva Oficina Judicial (NOJ).


El Registro Civil cuenta en Euskadi con 252 trabajadores que se encargan de realizar trámites legales obligatorios para los ciudadanos como el registro de nacimientos y defunciones. Durante la comisión celebrada en el Parlamento los sindicatos los sindicatos CCOO, ELA, LAB, CGT y UGT en la Administración de Justicia en Euskadi han realizado una concentración para mostrar el rechazo del colectivo a dicha privatización y "recordar también al Gobierno vasco que debe seguir reclamando las competencias que le corresponden y cumpla con los compromisos adquiridos".

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Modificación de la LOPJ sobre reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE



En el BOE de hoy se publica Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre, complementaria de la Ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

LO 6/2014 complementaria de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la UE

Los presidentes de los TSJ reivindican la Justicia como factor clave para la regeneración democrática


29 de octubre de 2014


  • Reclaman una planta y demarcación judicial más racional y otro modelo de proceso penal que dé respuesta a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones.
  • Asimismo, piden medidas legislativas y medios personales y materiales para impulsar y agilizar los procesos complejos, especialmente los que se siguen por delitos de corrupción.
  • Proponen reducir el número de aforados y limitar esta figura a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo

Los presidentes de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia han reivindicado hoy la Justicia como “factor clave para la regeneración de la democracia y del sistema de convivencia, afectado por el desaliento cívico y la desconfianza hacia las instituciones, derivada de la existencia de graves casos de corrupción”.

En una declaración aprobada al término de la reunión que bajo el título de “La nueva organización judicial” han mantenido esta semana en A Coruña, los presidentes de los TSJ consideran que “la reforma integral de la Administración de Justicia constituye una medida imprescindible para contribuir a alcanzar esa regeneración”.

Esa reforma, añaden, debe basarse en una nueva planta y demarcación judicial “más racional y eficiente” y en otro modelo procesal penal, “que dé respuesta satisfactoria a las nuevas formas de delincuencia que están socavando las instituciones democráticas y la confianza ciudadana en ellas”.

Tras poner de manifiesto que los jueces y juezas españoles siguen trabajando “en un contexto de leyes inadecuadas y de graves deficiencias organizativas”, los presidentes de los TSJ reclaman a los representantes políticos un gran pacto por la Justicia y actuar legislativamente respecto de determinadas áreas organizativas y de agilización procesal concretas, en la confianza de que “mejorar la Justicia hoy es posible”.

Erradicar los retrasos

Entre las propuestas de medidas organizativas acordadas en la reunión de A Coruña figuran la adopción de medidas legislativas que impulsen y agilicen los procesos complejos –principalmente de corrupción-, así como la dotación de medios personales y materiales que permitan que las instrucciones penales ganen en agilidad sin detrimento de las garantías de víctimas y acusados.

“Las instrucciones penales deben sujetarse a plazos razonables para evitar el riesgo de que se conviertan en un fin en sí mismas”, señala el documento de conclusiones, que considera imprescindible mejorar la gestión de las medidas de refuerzo en órganos judiciales sobrecargados o mal dimensionados, así como acompañar con funcionarios de refuerzo las medidas de apoyo de órganos judiciales que se ponen en marcha.

Otras medidas dirigidas a erradicar los retrasos en la Administración de Justicia son la extracción de los Juzgados de los procedimientos penales sin autor conocido –se propone una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que en estos casos el atestado se remita solo al fiscal-, la despenalización de las pequeñas infracciones o faltas e impulsar soluciones como la mediación.

Una organización judicial flexible y eficaz

En cuanto a la planta y demarcación judicial, los presidentes de los TSJ estiman necesaria una reforma legal inmediata “que posibilite que los actuales partidos judiciales superen definitivamente el actual esquema de Juzgados numerados y separados, lo que impide y dificulta enormemente compartir recursos e información”.

También abogan por ampliar la competencia territorial de los actuales juzgados exclusivos de violencia contra la mujer a fin de mejorar la respuesta ante esta lacra social, dotándolos de todos los recursos y medios necesarios para el ejercicio de su función.

Otra de las propuestas aprobadas es la de establecer mecanismos que permitan corregir desequilibrios en las cargas de trabajo de órganos judiciales de igual clase, como la aprobación de normas de reparto de ciertos asuntos entre órganos judiciales de distinta competencia territorial.

Las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia

Los presidentes de los TSJ consideran que, veinticinco años después de su creación, sigue habiendo deficiencias regulatorias sobre las funciones y competencias de éstos, y proponen entre otras reformas legislativas las siguientes:

- Clarificación de la posición de los TSJ ante la necesaria generalización de la doble instancia en el orden penal.

- Reforma urgente y en profundidad del aforamiento procesal ante la Sala Civil y Penal de los TSJ, reduciendo al máximo el número de aforados y limitando esta figura a los delitos cometidos en el ejercicio de la función y durante el ejercicio del cargo.

- Impulso de la plenitud en el enjuiciamiento por las Salas de los TSJ de los recursos de naturaleza extraordinaria en el ámbito de las jurisdicciones contencioso-administrativa, social y civil.

El documento de conclusiones incluye también propuestas relativas a la administración de los recursos de los Tribunales Superiores de Justicia referidas a los jueces de adscripción territorial, las sustituciones en la carrera judicial y los jueces en prácticas.


Publicado en www.poderjudicial.es

Comunidad de Madrid: actualización bolsas de interinos




En el Portal de Justicia de la Comunidad de Madrid se han publicado nuevos listados actualizados de las bolsas de interinos.

Podéis verlos en este enlace.

La Audiencia (en Ceuta) se ve obligada a suspender un juicio por el mal funcionamiento de la NOJ



Publicado en www.elfarodigital.es
La Audiencia en la UCI desde la puesta en marcha de la NOJ (Archivo) -Foto: El faro Digital

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta se vio obligada en la mañana de ayer a suspender un juicio por blanqueo de capitales. Una decisión histórica no por la suspensión en sí, sino por el motivo que llevó a adoptar tal decisión, que no es otro que el nefasto funcionamiento de la NOJ que provocó la incorrecta celebración de la primera de las tres sesiones de juicio oral que se habían previsto.

La decisión fue comunicada por el magistrado Fernando Tesón a las Defensas y al Ministerio Fiscal tras tener que suspenderse el primero de los interrogatorios. Visiblemente molesto, Tesón informó de la obligada suspensión de la vista ante la “falta absoluta” de “preparación” y “organización” por parte de la Nueva Oficina Judicial, razones que impedían que el juicio pudiera desarrollarse con la normalidad y seriedad debidas.

Lo de ayer fue el claro reflejo de lo que ya se presagiaba en fechas anteriores. La Audiencia ceutí se encuentra en una situación gravísima, padece una escasez de medios personales, lo que termina causando retrasos, errores y una pérdida de tiempo fuera de toda lógica que está echando por tierra la buena labor y agilidad que se habían convertido en el ‘santo y seña’ del máximo órgano judicial en la ciudad.

Aunque los tres magistrados que componen la Sala lleven correctamente su trabajo, éste choca con el nefasto funcionamiento de la UPAD (Unidad Procesal de Apoyo Directo) de la Audiencia, que es la que tiene que atender a los magistrados, señalar los juicios y controlar todo lo relacionado con esas vistas para que puedan desarrollarse adecuadamente. Pues bien, ayer pasó lo que se preveía. Lo que incluso el propio Tesón ya había advertido públicamente después de haber trasladado esta “gravísima desatención” a los máximos responsables, sin que hasta la fecha hayan dado paso alguno.

El alarde, que contemplaba varios errores, ya avanzaba un juicio complicado. Los testigos citados esperaban en los pasillos sin saber a ciencia cierta cuándo iban a prestar declaración, si en la vista de ayer o en posteriores. Los CD que contenían las grabaciones con las escuchas telefónicas que se efectuaron durante la operación policial que ha dado pie a este procedimiento no funcionaban porque ni tan siquiera habían sido preparados correctamente con anterioridad. El interés de la Sala desde un principio era el de celebrar el juicio, pero la evidencia derivada de ese anómalo funcionamiento del sistema dio lugar a la suspensión.

Plantillas insuficientes (antes de la NOJ había once funcionarios y ahora solo tres), la existencia de un gestor (que no tiene sustituto) mientras que antes había tres, y personal que carece de la máxima cualificación y regularidad para llevar asuntos tan complejos como son los que terminan en la Audiencia, ha terminado por provocar un auténtico desaguisado judicial. Nunca antes se había tenido que suspender un juicio por el propio ‘defecto’ que presenta un sistema como la NOJ, que hoy por hoy hace inviable que el máximo órgano judicial funcione como debe, simplemente como lo había hecho hasta ahora.

Tres años después de los hechos

El juicio que iba a celebrarse ayer se refería a un presunto delito de blanqueo de capitales que tuvo lugar en septiembre de 2011. Tres años después iba a desarrollarse en varios días, pero se tuvo que suspender no porque lo solicitaran las partes (que lo hicieron pero el tribunal se negó) sino porque era inviable su celebración. Se quisieron escuchar las grabaciones y éstas no funcionaban; se tuvo que ordenar sobre la marcha la declaración de testigos que habían acudido todos el mismo día (entre ellos agentes de Asuntos Internos de la Guardia Civil llegados de Madrid)... nada funcionaba como debía.

ENLACE A LA NOTICIA

Para CCOO la anunciada dimisión del Director General de los Registros y del Notariado pone de manifiesto los intereses espurios de la privatización del registro civil, impulsada y auspiciada por Rajoy.




  • CCOO exige al Gobierno la paralización del proyecto y no cejará hasta que lo consiga.

Según se publicó ayer en determinados medios de comunicación, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, Registrador Mercantil de Zaragoza y uno de los máximos impulsores y responsables de la privatización del Registro Civil, habría dimitido. A su dimisión, que posiblemente formalizará en los próximos días, habría que sumar la del Subdirector General de Registros, Javier Vallejo, Registrador de la Propiedad de Avilés, y los registradores que estaban en comisión de servicio como letrados de la DGRN a su servicio.

Los motivos de la dimisión parecen claros: tras la caída de Ruiz Gallardón, y el informe negativo del Consejo de Estado al anteproyecto de Real Decreto por el que se creaba la Corporación de Derecho Público establecida en la Disposición Adicional 23 del Real Decreto Ley 8/2014, que se iba a encargar de gestionar la contratación del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización, el nuevo Ministro de Justicia decide incumplir lo dispuesto en el citado Real Decreto Ley, hoy Ley 18/2014, y anuncia que no se va a crear la citada Corporación.

Dicho Anteproyecto de Real Decreto, del que sin duda alguna tenía conocimiento Rajoy y que fue tachado de inconstitucional por el Consejo de Estado, pone claramente de manifiesto cuál era la intención de Rajoy y su entorno: aprovechar la privatización del Registro Civil para implantar y controlar un nuevo sistema registral en España que incluyera el registro civil, el de la propiedad, el mercantil y el de bienes muebles, en formato electrónico y al margen del Colegio de Registradores, al que paulatinamente vaciarían de competencias, con grandes posibilidades de hacer negocio adicional por medio de empresas participadas por Registradores mediante la oferta de un programa informático específico para su implementación.

Acuciado por las duras críticas desde sectores jurídicos muy cualificados, al parecer Rajoy aprovechó la dimisión de Gallardón y decidió dar marcha atrás en la creación de la Corporación, para centrarse en su objetivo principal: privatizar el Registro Civil, asumiéndolo los Registradores, y de esta forma consolidar su posición (y sus beneficios) en el tráfico jurídico a medio plazo, hoy cuestionado por la Unión Europea. Consecuentemente Rajoy habría dado orden al nuevo Ministro para que buscara la paz con el Colegio de Registradores, y consolide el proyecto, aunque ello suponga desairar al Director General de los Registros y del Notariado, puesto en el cargo por Rajoy y su entorno. Rajoy es un especialista en dejar atrás a los suyos para que nada altere su beneficio propio, ya lo hizo con Gallardón. Rajoy, acuciado por los escándalos en su partido, no quiere tener un frente abierto con el propio colectivo al que pertenece que pueda poner en riesgo su proyecto personal estrella.

Por todo ello, el nuevo Ministro de Justicia anunció que abandonaba la idea de la Corporación y que va a constituir una Comisión Mixta con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para estudiar cómo pueden éstos gestionar el Registro Civil, garantizando la gratuidad de los servicios que requieran los ciudadanos y la titularidad estatal de los datos registrales y su máxima protección. O lo que es lo mismo, negocia una fuente de financiación propia y suficiente del Registro Civil para que el Colegio de Registradores colabore y no se oponga a su asunción, vinculada seguramente al pago de una tasa o arancel a toda Administración o Notario que acceda a la base de datos de Registro Civil, imponiendo a todos los operadores jurídicos la necesidad de realizar consultas de los asientos del Registro Civil antes de formalizar cualquier operación civil, inmobiliaria o mercantil. Con lo que al final todos sufragaremos los costes de la privatización.

Todo ello supone la modificación de la hoja de ruta que hasta el momento desarrollaba la Dirección General de los Registros y del Notariado, bajo la dirección de Joaquín Rodríguez Hernández, que aunque inicialmente fue ratificado en el puesto, habría presentado su dimisión junto con todo su equipo.

Para CCOO esta dimisión y el bodrio del Anteproyecto de Real Decreto de creación de la Corporación de Derecho Público para gestionar el Registro Civil inicialmente, y luego todo el sistema registral español, significa la demostración palpable de que fueron intereses espurios y nada que ver con la mejora del servicio público los que dieron lugar a la escandalosa decisión de proceder a la privatización de los Registros Civiles, decisión amparada y auspiciada en la posición del propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy, del anterior ministro de Justicia Gallardón y de todo un equipo dentro de la Dirección General de los Registros y del Notariado que eran los peones encargados de llevarla a cabo para dejarla en manos privadas, ampliando el negocio con la posible contratación de empresas informáticas de alguna forma vinculadas a ellos.

El Director General dimitido fue uno de los que CCOO (único sindicato) denunció en la vía penal ante la Fiscalía General del Estado por no haberse inhibido en la toma de decisión de la privatización del Registro Civil, junto al exministro Gallardón y el presidente del Gobierno, y por supuestos conflicto de intereses, denuncia que sigue sus trámites legales.

Pero la batalla no ha terminado: la dimisión de Ruiz Gallardón, del Director General de los Registros y del Notariado y de su equipo, sólo supone la paralización de una forma escandalosa de privatizar el registro civil, pues contaba con la oposición del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles al que pertenecen los beneficiarios de dicha privatización. Ahora Rajoy y Calatá buscan que en el proyecto de privatización del Registro Civil trabajen junta y coordinadamente Ministerio de Justicia y Colegio de Registradores, para llevarlo a buen puerto. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: privatizar un servicio público, pasando a manos privadas que harán del mismo un negocio.

CCOO nunca ha cesado en la exigencia de que el Registro Civil siga siendo un servicio público servido por funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia, y así se los transmitimos al ministro Catalá en la reunión mantenida la semana pasada y así seguiremos haciéndolo con las medidas de presión que correspondan. CCOO no va a detenerse en las acciones que sean necesarias para detener esta privatización de un servicio público fundamental y así salvar los derechos de millones de personas. Mientras no logremos acabar con la decisión de este gobierno, que ya no puede esconder los múltiples escándalos que le rodean, no habremos logrado el objetivo: LOGRAR DETENER DEFINITIVAMENTE ESTA PRIVATIZACIÓN Y MANTENER DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EL REGISTRO CIVIL.

Al efecto CCOO va a impulsar en próximas fechas más acciones y contundentes para detener esta privatización, que anunciaremos en breve.