La MUGEJU estudia la recuperación de ayudas del fondo de acción social y de protección sociosanitaria


28/7/2014


 

  • El pasado 18 de julio tuvo lugar la reunión trimestral de la Comisión Permanente de la Mutualidad General Judicial.El pasado 18 de julio tuvo lugar la reunión trimestral de la Comisión Permanente de la Mutualidad General Judicial.
  • Tras las denuncias y reclamaciones de CCOO la mutualidad general judicial estudia la recuperación de ayudas del fondo de acción social y de protección sociosanitaria suprimidas y/o reducidas en diciembre de 2012.
  • CCOO puso de manifiesto la hipocresía de la gerencia de la MUGEJU que pretende celebrar elecciones en la MUGEJU pese a la inminente aprobación del RD de órganos de gobierno de la mutualidad, que establecerá la designación directa por el ministerio de justicia de los representantes de los mutualistas

  • La Gerente manifiesta su intención de gastar todo el presupuesto de ayudas y prestaciones, tal y como había reclamado reiteradamente CCOO
  • Se incrementa el número de quejas por la atención sanitaria por las Entidades Privadas. La MUGEJU anima a presentar quejas en caso de incumplimiento del concierto. 
  • Habrá elecciones para la Asamblea de la MUGEJU en octubre de este año, pese a que el Ministerio de Justicia no ha modificado la obsoleta norma que las regula, que limita el ejercicio democrático al voto y la más que probable aprobación del Proyecto de Real Decreto de órganos de Gobierno de la MUGEJU que haga inútil dichas elecciones. 


El día 18 de julio tuvo lugar la reunión trimestral de la Comisión Permanente de la Mutualidad General Judicial, en la que se trataron los siguientes temas: 

Recuperación de prestaciones reducidas y/o suprimidas en diciembre de 2012

La Gerente de la MUGEJU informó que se está estudiando la recuperación de ayudas del Fondo de Acción Social y de Protección Sociosanitaria (personas mayores, discapacitados, drogodependientes) que fueron suprimidas y/o reducidas en diciembre de 2012. La Gerente afirmó que tiene intención de agotar el presupuesto destinado a prestaciones.

De esta forma la MUGEJU, por fin, acepta la constante reivindicación de CCOO de revisar las ayudas que fueron suprimidas y/o reducidas en diciembre de 2012. CCOO denunció y luego probó que dichos recortes fueron excesivos, sin realizar ningún estudio sino simplemente comparando nuestras ayudas con las de las otras mutualidades, que tienen otras necesidades y realidad distintas de la nuestra, y que había y hay margen presupuestario suficiente para recuperar gran parte de estas ayudas.

Concierto Sanitario

La Gerente manifiesta que como consecuencia del nuevo Concierto que entró en vigor el 1.1.2014 se han incrementado tanto el número de quejas y reclamaciones, con el consiguiente aumento de comisiones mixtas para resolverlas, como las llamadas telefónicas de mutualistas para consultar dudas, la mayoría referidas a las áreas de salud constituidas en dicho nuevo Concierto para la atención especializada.

También informó sobre cómo actuar en caso de quejas relativas a médicos que aparecen en el catálogo pero luego no prestan servicios a las entidades privadas, o de falta de los medios exigidos en el Concierto. 

En el primer supuesto, si hay médicos que aparecen en los catálogos que luego no dan servicio a los mutualistas de dicha entidad, la MUGEJU entiende que debe formularse ante ésta la oportuna denuncia, por constituir infracción del Concierto. 

En cuanto a la falta de los medios a que están obligadas las entidades médicas, los mutualistas pueden acudir a otros medios. En este supuesto, ante la reclamación del abono de la factura por los servicios recibidos, ésta debe ser abonada por la entidad médica. También cabe que se remita a la MUGEJU, para que abone dicha factura y luego la descuente de la prima que le paga a la entidad médica. Pero esta posibilidad sólo cabe cuando la entidad médica no tiene en la localidad los medios a que viene obligada por el Concierto Sanitario.

Los Consejeros elegidos a propuesta de CCOO reclamaron la regulación de las condiciones en que los beneficiarios pueden quedar adscrito a entidad distinta a la del titular que causa el derecho (apartado 1.1.2 del vigente concierto), por ejemplo, cuando un hijo estudia en una localidad distinta del mutualista del que es beneficiario, así como una adecuada protección de los derechos de los mutualistas en las Comisiones Mixtas en que se resuelvan reclamaciones frente a las Compañías médico privadas.

Real Decreto de órganos de gobierno, administración y representación de la Mutualidad General Judicial 


Informó la Gerente que el proyecto de Real Decreto, con mínimas modificaciones respecto del proyecto que en su día fue remitido a las organizaciones sindicales y profesionales, se ha remitido por el Ministerio de Justicia al Consejo de Estado para informe. Es decir, que sigue para adelante el proyecto antidemocrático en virtud del cual los Jueces y Fiscales tendrán asegurada su presencia en los órganos de gobierno “ex lege”, en el que se suprimirán las elecciones para representantes de los Mutualistas en su Asamblea, en que se reducirán las competencias de ésta y en que se privilegiará la presencia de los Jueces y Fiscales en el órgano que sustituya a la Comisión Permanente en proporción superior al número de mutualistas que representan. ¡Viva la democracia y la igualdad!

Elecciones a la Asamblea de la MUGEJU

Los Consejeros elegidos a propuesta de CCOO propusieron el aplazamiento de las elecciones para la Asamblea de la MUGEJU, previstas para octubre de este año, hasta que el Ministerio de Justicia modifique la Orden Ministerial de 1983 que obliga a que sólo haya una mesa electoral por Comunidad Autónoma y permite el voto por correo o a través de representante sin apenas garantías.

CCOO presentó en el mes de abril un escrito al Ministerio de Justicia solicitando el cambio de normativa, a fin de que se puedan constituir mesas electorales en cada provincia y centro de trabajo de más de 250 electores y se modifique la regulación del voto por correo y a través de representante, para hacerla más garantista, y volvió a dar traslado del escrito al Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, presente en la reunión, quien manifestó desconocer el mismo. Además si se aprueba el Anteproyecto de Real Decreto de órganos de gobierno y administración de la MUGEJU, la celebración de las elecciones no serviría de nada.

Pese a todo ello, tanto la Gerente como el Presidente de la MUGEJU manifestaron que las elecciones previstas para octubre siguen adelante, con las normas obsoletas de todos los años. Entienden, sorprendentemente, que el derecho de voto del mutualista está suficientemente garantizado aunque no haya urnas en cada provincia o en cada centro de trabajo, porque pueden votar por correo, como si el voto por correo fuese la panacea. Luego justificarán la supresión de la elección democrática de los representantes de los Mutualistas en la Asamblea en la baja participación, que ellos mismos promueven y auspician.

El Ministerio publica en el BOE las RPT's de la Nueva Oficina Fiscal de Murcia, Cáceres, Cuenca, Ceuta y Melilla




En el BOE de hoy, 28 de julio se ha publicado la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la primera fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal (Murcia, Cáceres, Cuenca, Ceuta y Melilla y las Secciones Territoriales de Cieza y Lorca, dependientes de Murcia, y la de Plasencia, dependiente de Cáceres)


Como venimos informando CCOO rechazó el borrador presentado por el Ministerio porque no se ha negociado la estructura y organización de la Nueva Oficina Fiscal que CCOO y, a pesar de la exigencia de CCOO, el Ministerio directamente dicta la orden aprobando las RPT's.

CCOO remitió carta al Secretario General de Relaciones con la Administración de Justicia exigiendo la retirada de la orden de implantación de la Nueva Oficina Fiscal.

Alegaciones de CCOO al acta de la mesa de negociación del 10 de julio


27/7/2014



Comisiones Obreras ha presentado este viernes alegaciones al acta de la mesa de negociación del pasado 10 de julio y que nos fue entregado el miércoles 23 de julio.
Comisiones Obreras considera imprescindible que se recojan en el acta, de forma sucinta tal como exige el Ministerio, las alegaciones que en la mesa de negociación del 10 de julio hicimos de forma verbal y que de ninguna forma se han recogido por el ministerio en la misma.

El ministerio de justicia sabe de sobra que estas alegaciones fueron presentadas de forma verbal en la mesa por CCOO y no nos parece de recibo que no fueran recogidas. Exigimos la incorporación tal y como las hemos expresado en la mesa y hoy se las hemos adjuntado.


ALEGACIONES PRESENTADAS POR CCOO

Convocatoria y desconvocatoria de la Mesa de Negociación sobre Registro Civil




El pasado 24 de julio el Ministerio remitió a los sindicatos convocatoria para la mesa sectorial del próximo día 29 de julio para continuar con la negociación de la Disposición Transitoria 8ª de la Ley del Registro Civil tal y como anunció el ministerio en la mesa del día anterior.

Pero el 25 el Ministerio comunicó la desconvocatoria de la mesa de negociación, posponiendo dicha convocatoria para primeros del mes de septiembre sin concretar aún la fecha.

Resolución aprueba definitivamente bolsa de trabajo personal interino Admin. Justicia



En la página web del Ministerio se ha publicado la RESOLUCION de la Gerencia Territorial de Justicia de Andalucía en Málaga, por la que se aprueba Definitivamente las Bolsas de Trabajo de Interinos, de los cuerpos de Médicos Forenses, Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial al servicio de la Administración de Justicia, de la Ciudad Autónoma de Melilla.


El Gobierno vasco remite a Madrid un propuesta para asumir la gestión del Registro Civil





Publicado en www.elmundo.es

La forma de gestión del Registro Civil es criticada por los partidos de la oposición
Erkoreka critica el contenido del decreto de julio y considera su aprobación una deslealtad

El Gobierno vasco quiere que el Registro Civil sea asignado en Euskadi al colectivo de secretarios judiciales previa transferencia de este cuerpo de funcionarios o, en su caso, a trabajadores públicos adscritos al Departamento de Justicia y Administración Pública. . El consejero de esta área, Josu Erkoreka, ha remitido ya una propuesta concreta al Ministerio de Justicia.

La Ley del Registro Civil de 2011 atribuye a las comunidades autónomas las competencias ejecutivas en materia de Registro Civil de acuerdo con sus estatutos de autonomía y las leyes, aunque el Estatuto de Gernika no lo contempla. Un reciente decreto, aprobado a principios de julio, delega en los registradores mercantiles la gestión de un servicio que hasta hoy realizan los jueces. Este decreto contempla una fase de transición hasta 2017 y establece que todos los trámites (nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios, adopciones, etc.) serán realizados a partir de entonces por los registradores mercantiles. Asimismo, determina que esta nueva fórmula no conllevará ningún cambio en la titularidad pública de un servicio que realiza 3,3 millones de expedientes al año.

La nueva forma de gestión del Registro Civil es criticada por los partidos de la oposición y sindicatos, que ven en ella un paso hacia la privatización. Los socialistas preguntaron hace varias semanas a través de una iniciativa parlamentaria a Erkoreka por los trámites que había llevado a cabo para asumir las competencias de carácter ejecutivo del Registro Civil y sus intenciones de cara a garantizar que este servicio siga siendo público y gratuito. Erkoreka envió esta semana su respuesta a la sede parlamentaria.

En ella defiende que el mejor sistema para garantizar la prestación de un servicio público y gratuito es que la gestión del Registro Civil se ubique en el ámbito judicial aprovechando que Euskadi tiene competencia "en materia de provisión de medios personales y materiales a la Administración de Justicia según sentencia del Tribunal Constitucional". Y con esta premisa informa que remitió dos propuestas al Ministerio de Justicia. La primera consiste en que el Ministerio transfiera al Gobierno Vasco el cuerpo de secretarios judiciales como paso previo a asignar la gestión del Registro Civil a este colectivo.

En caso de rechazar esta vía, plantea como alternativa "designar como encargados del Registro Civil a personal funcionario gestionado por la Dirección de la Administración de Justicia" del Ejecutivo de Vitoria. Por otra parte, Erkoreka critica el contenido del decreto de julio y considera su aprobación una deslealtad "ante la ausencia del debate que una reforma de este calado exige" y la falta de consulta o información a las comunidades autónomas. No está de acuerdo, insiste, con el hecho de que los registradores mercantiles gestionen el Registro Civil.


Siete razones contra la privatización del Registro Civil



Por Javier Martínez del Moral, notario
Publicado en www.infolibre.es 24/07/2014

El Gobierno incluyó en el real decreto ley ómnibus de 4 de julio de 2014, recientemente convalidado por la mayoría del PP, la privatización del Registro Civil, dedicando a ello las disposiciones adicionales décimonovena a vigésimocuarta.

Creo que esta norma no se ajusta a la normativa de la UE, es inconstitucional, inmoral, opaca, ha sido aprobada violando la Ley de Conflicto de Intereses, revela una sorprendente realidad que exige una profunda investigación y se ha elegido el sistema más ineficiente y costoso para su propiedad, gestión y explotación.

1. ES INCONSTITUCIONAL

Como ha denunciado toda la oposición política, el Gobierno ha utilizado el decreto ley como vehículo normativo para atender criterios de opacidad, eludiendo los informes técnicos y dictámenes de organismos públicos que, a buen seguro, hubieran impedido su tramitación parlamentaria con el contenido predispuesto. Este defecto no se corrige con la carnaza lanzada por Sáenz de Santamaría después de su convalidación, a fin de que se tramite como proyecto de ley para debatir enmiendas (contra los aprobado por el PP), desoyendo a las asociaciones y colegios afectados, ni subsana la ausencia de la memoria y estudio económicos que nos permita saber cuánto va a costar el capricho de Gallardón y quién y cómo lo van a pagar.

Añádase que siendo objeto de tramitación parlamentaria ulterior como proyecto de ley no podrá recurrirse ante el TC con efectos suspensivos.
Invocar la extraordinaria y urgente necesidad de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de Zapatero de 2011, cuando de origen incorporaba una vacatio de tres años y –al menos– falta otro año para que inicie su aplicación, es faltar a la verdad. Rajoy ya presentó en la tramitación parlamentaria en 2010 dos enmiendas en el Congreso (las número 115 y 168) y otra en el Senado (la número 42) para poder privatizar el Registro Civil a manos de los registradores. Tales enmiendas fueron rechazadas, pero revelan que la privatización a favor del colectivo registral no es algo novedoso ni mucho menos urgente. Recordemos también que el anteproyecto de reforma integral de los registros, de 2012, tenía esa pretensión, como denunciara Miguel Ángel Aguilar (El País, 26/11/2012, “Asalto al registro civil”). La oposición frontal a esta norma por parte de todos los colectivos de justicia, sindicatos, partidos y sociedad, es lo que ha llevado a Gallardón a deshojar tranquilamente la margarita durante veinte meses, al estilo de Gregorio Marañón: si hoy es muy urgente, mañana lo será todavía más…

Se buscó el mejor momento para anunciar la elección (cambio de rey) y para aprobarlo (en el Consejo de Ministros de la operación salida de verano). Hablar ahora de una necesidad inaplazable suena a chiste, sobre todo si tenemos en cuenta que la aplicación del decreto ley precisa reformas legislativas y reglamentarias que dejan sin efecto la inmediata virtualidad normativa aparentemente pretendida.

2. ES INMORAL Y VIOLA LA LEY DE CONFLICTO DE INTERESES

Los artículos 4 y 7 de la Ley 5/2006 de Conflicto de Intereses impiden al presidente del Gobierno (registrador titular de Santa Pola), al ministro de Justicia (por parentesco) y al director general de los Registros (registrador) tomar decisiones sobre cuestiones registrales. También son registradores el subdirector general y los tres asesores jurídicos contratados por la Dirección General para el desarrollo de los proyectos.
Resulta objetivamente inmoral que la norma haya sido confeccionada por los beneficiarios de la privatización. Y doblemente inmoral que con estos antecedentes se acuda al decreto ley para obtener la menor transparencia posible. Estamos ante un evidente caso de captura del regulador que alcanza todo el proceso político de gestación de la norma: se cocina por registradores en la Dirección General de los Registros; se presenta por el ministro con parientes en el ramo y se aprueba por el registrador de Santa Pola.

El descaro con el que actúa el lobby registral sólo tiene explicación desde la impunidad acreditada de que gozan en la actualidad. Resulta absolutamente obligado, por puras razones de higiene democrática, abrir una investigación global sobre las iniciativas de la Dirección General y del Ministerio de Justicia para favorecer a este influyente colectivo.

3. REVELA UNA REALIDAD SORPRENDENTE QUE DEBE SER OBJETO DE INVESTIGACIÓN

Poco deben trabajar los registradores mercantiles y mucho ganar cuando –sin despeinarse– pueden absorber todas las funciones del Registro Civil, además del Mercantil, y financiar su puesta en marcha con los excedentes del arancel mercantil.

El arancel registral tiene naturaleza tributaria y se regula en la Ley de Tasas y Precios Públicos. Resulta inaplazable conocer los costes del Registro Mercantil y de la Propiedad: lo que ingresan, los costes laborales, demás costes operativos y el beneficio registral... TRANSPARENCIA en la aplicación de las retribuciones tributarias frente a la actual opacidad.

4. ES ECONÓMICAMENTE INVIABLE Y ALTAMENTE INEFICIENTE

La UE no permite que se perciba arancel por la publicidad mercantil y, mucho menos, que las tasas del Registro Mercantil sirvan para financiar el Registro Civil de los ciudadanos españoles.

La Directiva 2009/101/CE (artículo 3quater) limita las tasas por acceso al Registro Mercantil a su coste administrativo y obliga a poner a disposición de todos los ciudadanos de forma gratuita numerosos datos de las sociedades de la UE.

La fecha máxima prevista para su transposición por los Estados miembros era el 7 de julio de 2014, dos días después de la entrada en vigor del decreto ley.

El Gobierno podía cumplir con las exigencias de la directiva aprovechando el decreto ley, pero eso perjudicaba a los registradores, por lo que obvió su obligación y les entregó el Registro Civil en términos incompatibles con el efecto directo vertical que tiene la directiva, al haber expirado el plazo de transposición. Esto significa que los particulares pueden invocar la directiva frente a la facturas registrales y denunciar al Estado ante los tribunales.

El escaso recorrido que tiene el sistema de financiación que establece el decreto ley nos hace temer que entre bastidores existan diversas alternativas previstas para eliminar esa gratuidad y hacer de la corporación del Registro Civil un organismo poderoso y altamente rentable para el colectivo registral.

Si atendemos a las que ya figuraban en el proyecto de reforma integral, anticipo con ánimo premonitorio las siguientes:

1º. La Orden JUS/35/2014, de 20 de enero, crea el Código Identificador de Entidad, sólo exigible a sociedades financieras. El arancel registral mercantil es de 100 euros por el alta y 50 al año por “mantenimiento”.

Si este Código se establece de forma obligatoria para los cuatro millones de sociedades activas, se obtendrían 400 millones de euros por el alta y 200 millones al año por mantenimiento. A repartir entre los 110 registradores civiles y mercantiles.

Conviene apuntar que esta Orden es ilegal, porque la DA 3ª de la Ley de Tasas y Precios Públicos exige decreto conjunto de Hacienda y Justicia.

2º. Incrementar el número de actos inscribibles en el Registro Civil y exigir arancel por los mismos (poderes, autorizaciones, consentimientos, revocaciones, etc).

3º. Incrementar el arancel registral. Existe un borrador que aumenta el arancel más del 300%.

4º. Cobrar por el tráfico intrarregistral de información. Es decir, un Registro Mercantil o de Propiedad hace una consulta al Registro Civil y la paga. A continuación la repercute en el cliente en concepto de suplidos. Este sistema se está utilizando hoy para las consultas que los Registros de la Propiedad hacen al Registro Mercantil.

No se olvide, por otro lado, que el Registro Mercantil funciona de forma monopolística y esta estructura es económicamente ineficiente para gestionar un registro con información sensible de todos los ciudadanos. La igualdad que debe presidir las relaciones entre la administración y el administrado se convierte en cautividad del administrado, quien racionalmente va a evitar todo lo que pueda servir para enfurecer al registrador, como por ejemplo una reclamación de honorarios privados, porque antes o después tendrá que volver a pasar por la caja registradora y depender del criterio de calificación condicionante de su pretensión, sin posibilidad de elección y sin que existan (contra el miedo) verdaderos mecanismos preventivos o paliativos eficaces.

El remedio a este desaguisado sólo puede ser someter el registro a tasa, como ocurre en toda la Unión Europea, impidiendo que los registradores capturen los excedentes del arancel de los Registros de la Propiedad, Mercantil y Civil, dado que no ejercen como profesionales y sólo desarrollan una función pública.

5. LA INCAPACIDAD DE LOS REGISTRADORES PARA LLEVAR REGISTROS ELECTRÓNICOS

Gallardón atribuye la propiedad del sistema informático y el control de los datos de documentos tan sensibles, en términos de protección de datos, como son los referentes al Registro Civil, al colectivo menos apropiado, puesto que decenas de registradores diseminados por todo el territorio nacional han sido condenados por la Agencia de Protección de Datos por la explotación comercial incontrolada de datos de los ciudadanos, sin atender el deber de secreto.

El Colegio de Registradores ha sido incapaz de poner en marcha en varios lustros un registro de condiciones generales de la contratación que les entregó el Gobierno de Aznar (con Rajoy sentado en el Consejo de Ministros, en 1999) que ha estado más de diez años inoperativo y, en la actualidad, carece de sistemas apropiados de búsqueda y escaso o nulo valor publicitario.

Dos leyes en 2001 y 2005 imponían sin demora a los registradores también la digitalización del contenido del registro y la puesta en marcha de un acceso on line a los libros registrales. Más de diez años después persiste el incumplimiento, que genera graves problemas a los usuarios y reduce enormemente la fiabilidad del sistema registral. 

Las capacidades tecnológicas del Colegio de Registradores español dejan mucho que desear. La inmensa mayoría de los países iberoamericanos y europeos cuentan con un sistema registral infinitamente más moderno, tecnológico y eficaz que el rancio registro español; y ello pese a que el arancel registral se elevó en 1989, según su decreto regulador, para sufragar la informatización de los registros. Los ciudadanos han pagado y demandan ese acceso on line.

Si de lo que se trata es de premiar al Colegio de Registradores por incumplir la Ley de acceso on line con fines crematísticos y comercializar datos protegidos de los ciudadanos violando la legislación de protección de datos o si de lo que se trata es de dar una segunda oportunidad a quienes no han sido capaces de diseñar un registro de condiciones generales fiable en los últimos quince años, el decreto ley que les entrega el registro civil tiene su explicación.

6. FAVORECE A UNA CORPORACIÓN PARTICIPADA POR LOS REGISTRADORES

El sistema informático del Registro pasa a pertenecer a una agencia o corporación pública donde participan los registradores a título individual. Esto es una privatización en toda regla de los sistemas de tratamiento de los datos más sensibles de los ciudadanos, que van a quedar bajo el control de terceros que operan con personal que no está sometido al estatuto y disciplina funcionarial.

La corporación propietaria, de la que nada se nos dice, sabemos que en el plazo de tres meses firmará los contratos del sistema informático. En ese plazo tienen que salir a concurso el sistema y haberlo adjudicado. Y las empresas deben estudiar las condiciones y ser capaces de disponer del sistema desarrollado para su implantación. Algo que parece imposible para quien no cuente anticipadamente con información privilegiada.

7. OPACIDAD AL ELEGIR LA SUMINISTRADORA DEL SISTEMA INFORMÁTICO

La asociación de registradores AIREG denuncia en su web que la empresa a la que el decreto ley encomienda la contratación del sistema informático (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.) fue la adjudicataria del 90% de los contratos sin publicidad otorgados a dedo del Ministerio de Defensa. Mal empieza el proceso de selección cuando internamente se duda de la imparcialidad del que tiene que elegir al beneficiario del megacontrato.

Esta misma asociación ya denunció también que la empresa Futuver SL., cuya sede en Madrid se encuentra en el edificio de los Registros, fue adjudicataria a dedo de los sistemas de digitalización de los expedientes de nacionalidad. En este caso se trata de un contrato de muchos millones de euros; en la España del pelotazo nos tememos lo peor.


Acta mesa 10 de julio y firma de preacuerdo por Csif, Staj y Ugt


24/7/2014



En la mesa de negociación de hoy 23 de julio, sin incluirlo previamente en el Orden del día de la misma, el Ministerio de Justicia presenta el Acta y el Preacuerdo sobre la reforma de la LOPJ para ser firmado por las centrales sindicales que ya anunciaron que así lo harían el pasado 10 de julio.

CSIF, STAJ Y UGT, COMO YA ANUNCIARON, HAN FIRMADO HOY UN PREACUERDO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA SIN NINGUNA GARANTÍA PARA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, DANDO POR CERRADA LA NEGOCIACIÓN DE LA LOPJ.
CCOO VUELVE A EXIGIR UNA REDACCIÓN QUE GARANTICE:
EL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PARTIDOS JUDICIALES ACTUALES
EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CENTROS DE DESTINO ACTUALES, INCLUIDAS LAS OFICINAS JUDICIALES DE PAZ que deberán crearse en todas aquellas localidades donde hoy existen Juzgados y Agrupaciones de Paz y donde estarán destinados todos los funcionarios que hoy prestan servicio en los referidos Juzgados
QUE NO PODRÁ EXISTIRA MOVILIDAD GEOGRÁFICA en las reordenaciones de efectivos que se produzcan por cualquier causa (Registro Civil, NOJ, …) NI MOVILIDAD FUNCIONAL
LA SUPRESIÓN DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
LA GARANTIA ESCRITA EN LA LOPJ DE NO AMORTIZACIÓN DE PLANTILLAS

El ministerio ha presentado hoy el texto del Acta de lo ocurrido en la reunión del pasado 10 de julio. Anexo al Acta se adjunta el preacuerdo que Csif, Staj y Ugt ya anunciaron que suscribirían a pesar de la inexistencia de un documento escrito y que CCOO ya advirtió que no solo no recogía los aspectos esenciales para garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras sino que además suponía el cerrojazo a la negociación del resto de cuestiones incluidas en el Anteproyecto de reforma de la LOPJ.

Y mientras Csif, Staj y Ugt tan solo han necesitado cinco minutos para estampar inmediatamente su firma, CCOO ha solicitado un plazo de 48 horas para leerlo con detenimiento y hacer las alegaciones oportunas, tanto a la propia Acta de la reunión, pues CCOO no se reconoce en la misma al no recoger en absoluto la totalidad de nuestra extensa intervención acerca de cada uno de los puntos que consideramos deben ser modificados en el Anteproyecto de la LOPJ, como al texto del preacuerdo.

Para CCOO del examen y lectura de dicho texto, y tal como ya informamos en nuestra hoja de la reunión del pasado 10 de julio, se confirma:

  • En el punto 12, sobre los centros de destino: el ministerio contempla como centro de destino:

-          cada uno de los Servicios Común Procesales (SCP)  que radiquen en el mismo municipio, pero no reconoce las secciones de cada uno de los SCP a las que actualmente se puede concursar

-          las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPADs)  a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio, al haber desaparecido la distinción entre órganos unipersonales y órganos colegiados, así como las jurisdicciones en los Tribunales de Instancia, solo existirá una única UPAD como centro de destino; la movilidad funcional está servida.
-          El Registro Civil Central y los Registros Únicos se mantendrán como centro de destino solo hasta la entrada en vigor de la nueva ley que privatiza el Registro Civil en manos de los Registradores Mercantiles
-          Cada una de las Fiscalías, suprimiendo como centro de destino las Adscripciones de Fiscalía pero no incluyendo expresamente como tal las Fiscalías de Comunidad Autónoma o las Secciones Territoriales de Fiscalía
-          el Tribunal Supremo, sin distinción de salas y secciones como centro de destino propio tal y como es en la actualidad y como así propone CCOO
-          la Audiencia Nacional, sin distinción de salas, secciones, juzgados centrales…
-          cada uno de los IML, cada una de las sedes del INTCF, la MUGEJU

  • Respecto a los Juzgados de paz y Agrupaciones de Juzgados de paz desaparecen como centro de destino y como Juzgados, fruto de la privatización del Registro Civil y la desjudicialización de estos órganos.  A este respecto, en el punto 14 del texto sobre las Oficinas Judiciales de Paz, el ministerio sí recoge la existencia de oficinas judiciales de Paz, aunque en ningún momento garantiza el mantenimiento de tantas oficinas como Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz existen en la actualidad, ni las incluye en las relaciones de centros de destino, ni de ninguna manera garantiza que absolutamente todos los funcionarios/as mantendrán su destino en ellas pues recoge que estarán integradas por los funcionarios que actualmente prestan sus funciones en las agrupaciones o en juzgados de paz de más de 7.000 habitantes…prestando funciones de apoyo a las oficinas judiciales y unidades administrativas del territorio….” el ministerio nunca se ha pronunciado expresamente acerca de que estos trabajadores estarán destinados en ellas y que serán un centro de destino como sí lo eran los Juzgados de Paz. Además, en la redacción actual de la Disposición Transitoria 12ª de la LOPJ, que CCOO ha exigido su modificación una y otra vez, se dispone que estarían destinados en unos SCNE del partido judicial, por lo tanto, tampoco en estos casos se garantiza la localidad de origen de estos trabajadores.

  • Punto 12 final: “El Anteproyecto recogerá expresamente la existencia de los partidos judiciales”,  que no es lo mismo que reconocer expresamente el mantenimiento de los Partidos Judiciales es decir, el Ministerio no reconoce ni se compromete en ningún momento a mantener todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad. Con esta redacción cabe preguntarse ¿cuántos partidos judiciales existirán? ¿todos? ¿uno? ¿algunos? ¿que ámbito territorial tendrán? La respuesta a estas cuestiones es importante para conocer el alcance del centro de destino pues aunque éstos sean referidos al “municipio”, solo habrá centros de destino en aquellos municipios donde se mantengan las cabeceras de los partidos judiciales. CCOO exige que se garantice por escrito que se mantendrán todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad.

Comisiones Obreras no puede dar su visto bueno a esa expresión cuando hoy mismo hemos conocido la noticia de que entre las 255 medidas que el sr. Montoro está pactando con las CCAA para seguir recortando en servicios públicos y en derechos de los empleados públicos y de la ciudadanía se encuentra precisamente la medida nº 110 sobre la “reducción del actual modelo de partidos judiciales”.

De los 14 puntos que el ministerio y los sindicatos Csif, Staj y Ugt han firmado como preacuerdo suficiente para cerrar la negociación del Anteproyecto de reforma de la LOPJ, (como así reconoció el propio Ministerio tal y como recoge el acta tras ser preguntado expresamente por CCOO) los puntos 12 y 14 contemplan alguno de los aspectos más dañinos para los derechos de los trabajadores, y, a lo largo de los otros puntos, el texto del preacuerdo que han firmado NO garantiza:

  • Que no habrá movilidad geográfica en las reordenaciones de efectivos por cualquier causa (NOJ, Registro Civil,…)
  • Las limitaciones a la movilidad funcional
  • Que no habrá amortizaciones de plantilla.,
  • Que no se reducirán las retribuciones actuales, incluidas las indemnizaciones por guardias
  • La eliminación de los Planes de Ordenación de Recursos Humanos
  • La retirada de la privatización de los actos de comunicación y ejecución a manos de los Procuradores

Del resto de puntos, el 3,4,5,7,8,9,10,11 y 13, ya estaban incluidos y aceptados por el ministerio en el texto que remite a las organizaciones sindicales en fecha 2 de julio, con anterioridad a la mesa de negociación donde se acepta el preacuerdo, y que todas las organizaciones sindicales reconocimos que eran totalmente insuficientes.

Y respecto a los tres puntos restantes del preacuerdo:

  • Punto 1: el ministerio reconoce la promoción interna extraordinaria de Gestión a Secretarios Judiciales (como así también lo recogía para el resto de cuerpos) y vuelve a exigir una antigüedad mínima de dos años y no tres como consta en el Anteproyecto de LOPJ.
  • Punto 2: respecto a las sustituciones del Cuerpo de Letrados por el cuerpo de Gestión (a los que se llamará “letrados suplentes”) se les reconoce preferencia sobre el llamamiento, sin embargo esta redacción es exactamente la misma que existe en la actualidad y que por ser vaga ha generado multitud de problemas y recursos judiciales para hacer valer la preferencia en el llamamiento del cuerpo de Gestión en las bolsas de Secretarios Judiciales. Además, nuevamente, el ministerio –y las restantes centrales sindicales con su aquiescencia- ha evitado incluir en la LOPJ la expresa reserva del puesto de trabajo para los Gestores que realicen sustituciones de Secretarios Judiciales, tantas veces exigido por CCOO y también por el resto de sindicatos que ahora renuncian a ello.
  • Punto 6: se reconocerán al personal los mismos derechos que a los Secretarios Judiciales reconocidos en el art. 552.2 del Anteproyecto, que se refiere a las libranzas por dedicación o servicio no retribuido.

CCOO insiste en que este preacuerdo no es que sea totalmente insuficiente (que lo es), si no que deja totalmente indefensos a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia aceptando la pérdida de importantísimos derechos laborales conseguidos durante años.


El preacuerdo no garantiza los derechos más elementales y además deja fuera de la negociación el resto de importantísimas cuestiones que tenemos pendientes de conseguir para recuperar y mejorar nuestras condiciones de trabajo,  entre ellas:

  • La convocatoria inmediata de OEP con la totalidad de las plazas vacantes, como única garantía de que no habrá destrucción de empleo en la Administración de Justicia.

  • La recuperación de todos los derechos laborales y retributivos robados durante estos últimos años e incluso que el Ministerio de Justicia adquiera el compromiso de que se va a avanzar en la consecución de más derechos.
  • O avanzar en la mejora de otras cuestiones que se regulan en la LOPJ como son: la objetividad en el nombramiento de personal interino, sustituto o en comisión de servicio; los sistemas de acceso a la Administración de Justicia incorporando el concurso-oposición como un sistema ordinario; concursos de traslado; modificaciones de las RPT; régimen disciplinario; funciones de cada uno de los cuerpos; adscripciones a órganos concretos –y no al IML- del personal laboral;  jubilación anticipada, forzosa y prórrogas en la edad de jubilación y voluntariedad para optar al régimen general o de clases pasivas; normativa general sobre jornada y horario; licencias y permisos; situaciones administrativas; régimen retributivo, etc. etc., aspectos, todos ellos, sobre los que CCOO ha presentado más de un centenar de propuestas y a cuya negociación no vamos a renunciar.

CCOO seguirá luchando para que la reforma de la LOPJ garantice los derechos de los trabajadores y trabajadoras y no avalará ninguna reforma de la LOPJ que no cuente con el respaldo previo de los trabajadores, manteniendo todas las medidas de presión que hemos anunciado, incluida la huelga convocada para el 8 de octubre, para lograr modificar la propuesta de reforma de la LOPJ y que se incluyan todos los aspectos que reclamamos, tanto en la LOPJ como en materia de Registro Civil, pues como pusimos de manifiesto en la reunión de ayer sobre el Registro Civil también es necesaria la modificación de los artículos de la LOPJ para garantizar los derechos de los trabajadores que van a ver desaparecer sus destinos y/o sus funciones de registro civil.

RPT de Palma de Mallorca y Baracaldo



RPT`S DE PALMA DE MALLORCA: A petición de Comisiones Obreras y de otras centrales sindicales, se ha suspendido la negociación de las RPT`S de Palma y traslada la misma para primeros de septiembre. CCOO ha puesto de manifiesto que no sólo nos va a valer negociar las modificaciones que legalmente correspondan, además hay que revisar todas las RPT`S de Palma ya que han transcurrido 4 años desde que las mismas se aprobaron sin haberse llevado a ejecución y hay que proceder a comprobar a día de hoy si aquellas RPT`S estarían acorde a la actualidad.

RPT`S DE BARACALDO: Comisiones Obreras ha exigido en la negociación de las RPT`S de Baracaldo que bajo ningún concepto se cese a los secretarios interinos que están desempeñando sus funciones en los Juzgados de Baracaldo a raíz de la implantación de las RPT`S que el Ministerio ha presentado, por su parte el Ministerio ha manifestado que le parece un concepto perfectamente aplicable para todas las ciudades en donde se impongan las RPT`S de Secretarios pero no ha dado una respuesta favorable.

Así mismo Comisiones Obreras ha puesto en duda que el Servicio de Ejecuciones Civiles esté servido por personal suficiente y ha solicitado el refuerzo de dicho Servicio con un Secretario más.