Concurso de traslados: Orden anuncia publicación listados provisionales y plazo de alegaciones


12/8/2014



En el BOE de hoy, 12 de agosto se ha publicado Orden JUS/1508/2014, de 17 de julio, por la que se aprueba la relación de excluidos y se anuncian los lugares donde están a disposición de los interesados los anexos III del concurso de traslado para cubrir plazas entre funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/808/2014, de 29 de abril.


Los funcionarios interesados expresarán en un plazo a contar a partir del día siguiente a la publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta el 15 de septiembre de 2014,su disconformidad con los datos obrantes en dicho anexo III, para lo cual deberán solicitar su corrección mediante el anexo IV (Modelo de Alegaciones) publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 19 de mayo de 2014 y en la página web del Ministerio de Justicia, aportando la prueba documental oportuna.

El modelo de alegaciones y documentación adjunta, en su caso, se remitirán preferentemente al Ministerio de Justicia mediante fax, dirigido a la atención de «Concursos-Despacho 220», a los números 913904295/913902394/913904279913904250/913902076

Adjuntamos enlace a la página web del Ministerio de Justicia en dónde están publicados los listados de las adjudicaciones provisionales y el acceso al Anexo III así como el modelo de alegaciones.


Corrección de errores RPTs Nueva Oficina Fiscal


11/8/2014



Hoy se publica en el BOE corrección de errores de la Orden JUS/1357/2014, de 16 de julio, por la que se aprueban las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales incluidas en la primera fase del plan del Ministerio de Justicia para la implantación de la Nueva Oficina Fiscal (publicadas en el BOE de 28 de julio de 2014).

Corrección errores RPT,s NOF

Recordamos que estas RPT's corresponden a la primera fase de implantación de la Nueva Oficina Fiscal en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia que afecta a las provincias de Murcia, Cáceres, Cuenca, Ceuta y Melilla y cuya implantación CCOO ha rechazado porque la Orden que regula la NOF no garantiza las retribuciones de origen ni el centro de trabajo del personal afectado

Gallardón modifica la orden de delegación de competencias para eludir las normas sobre adjudicación de contratos públicos


6/8/2014



CCOO DENUNCIA QUE EL MINISTRO GALLARDÓN MODIFICA LA ORDEN DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS PARA ELUDIR LAS NORMAS SOBRE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS

ASÍ EL DIRECTOR GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO –A LA SAZÓN REGISTRADOR MERCANTIL- PODRÁ ELEGIR LA EMPRESA A LA QUE SE ADJUDICARÁ EL CONTRATO PARA CREAR EL SISTEMA INFORMÁTICO NECESARIO PARA LA GESTIÓN INTEGRADA Y COMPLETA DEL REGISTRO CIVIL

CCOO ya denunció la desfachatez del Sr. Gallardón, ministro de (in)justicia,  y el Gobierno al que pertenece que, en una alarde de desprecio al Parlamento y al debate parlamentario,  aprobó el Real Decreto Ley 8/2014 mediante el cual se avanza,  entre otras escandalosas medidas, en la privatización de los servicios públicos, entre ellos el Registro Civil cuya llevanza se encomienda a los registradores mercantiles.

El citado Real Decreto, en las distintas disposiciones adicionales referidas a la privatización del Registro Civil,  establece las normas para la efectividad de esta privatización decretando que todas las Oficinas del Registro Civil, incluidas las Consulares, utilizarán un único sistema informático y una misma aplicación.

Así en la Disposición Adicional vigesimotercera se establece que (...)2. La contratación que tenga por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones se realizará por la Corporación de Derecho Público que se crea por esta disposición (…).No obstante, la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, S.A.» u otro medio propio o unidad administrativa que determine el Ministerio de Justicia:

a)El inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos.

b) Seleccionar los contratistas y adjudicar los contratos


Pero la Orden JUS/2225/2012, de 5 de octubre, sobre delegación de competencias no preveía esta posibilidad,  y es aquí dónde entre en juego el descaro del ministro, pues el Sr. Gallardón, sin ningún ni pudor, firma una reforma de esta Orden el 31 de julio que se publica en el BOE el día 2 de agosto (Orden JUS/1449/2014, de 31 de julio), de tal manera que el Director General de los Registros y del Notariado, registrador mercantil en Zaragoza, es ahora competente –por delegación– para adjudicar o decidir a quién adjudica cualquier contrato de asistencia técnica en la ejecución de cualquier aspecto de la modernización tecnológica del Registro Civil y de los demás registros (Mercantil y de la Propiedad).

¡¡Que necesidad hay de pasar por en el engorro de someterse a las normas sobre contratos del Estado publicando un concurso público si entre ellos pueden apañarlo!!

Para CCOO esto es claramente un trato de favor hacia alguien que además tiene intereses corporativos en dicha contratación.

CCOO presenta enmiendas a las disposiciones adicionales incluidas en el Real Decreto Ley 8/2014 que establecen la privatización del Registro Civil



CCOO no da tregua a Gallardón y continua la lucha día a día contra la privatización del Registro Civil

TRAS CONOCER QUE EL GOBIERNO HA INICIADO EL TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY DEL RD-LEY 8/2014 QUE ATRIBUYE A LOS REGISTRADORES MERCANTILES LA LLEVANZA DEL REGISTRO CIVIL, CCOO HA PRESENTADO A LOS DISTINTOS GRUPOS PARLAMENTARIOS UNA ENMIENDA SOLICITANDO LA DEROGACIÓN DE LAS DISPOSICIONES ADICIONALES DEL PROYECTO DE LEY RELATIVAS AL REGISTRO CIVIL, Y SUBSIDIARIAMENTE, ENMIENDAS ALTERNATIVAS A LAS CITADAS DISPOSICIONES ADICIONALES PARA QUE SEAN DEFENDIDAS EN EL TRÁMITE PARLAMENTARIO.

Algún grupo parlamentario ya se ha dirigido a CCOO para manifestar que presentará y defenderá nuestras enmiendas.


Dentro de las múltiples acciones que CCOO está llevando a cabo desde hace más de un año, para evitar la privatización del Registro Civil y, tras conocer que, finalmente, el Gobierno tramitará como proyecto de ley el Real Decreto-Ley 8/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, CCOO inició una segunda ronda de entrevistas con los grupos parlamentarios.

Entre otras cuestiones CCOO ha demandando a los grupos parlamentarios la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el citado Real Decreto Ley 8/2014 que, como venimos informando, finalmente ha sido presentado por los grupos parlamentarios de IU, PSOE y UPyD ante el Tribunal Constitucional la semana pasada.

Además CCOO ha presentado a los grupos parlamentarios, incluido al Partido Popular que sustenta al gobierno, una propuesta de enmienda solicitando la derogación de las disposiciones adicionales del proyecto de ley relativas al registro civil y, subsidiariamente, propuesta de enmiendas alternativas a las citadas disposiciones adicionales para que las presenten y las defiendan en el trámite parlamentario. Para CCOO las resoluciones contra la privatización del Registro Civil aprobadas por multitud de Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales y CCAA, en muchos casos gobernados por el Partido Popular y/o apoyadas con los votos de sus concejales o diputados, en pos de una coherencia interna, obligaría a votar en consecuencia también a sus diputados en el parlamento español.

Algún grupo parlamentario, ya se ha dirigido a CCOO para manifestar que defenderá nuestras enmiendas.
El Registro Civil, es un servicio público, gratuito y universal, integrado como tal servicio público en la Administración de Justicia, servido por funcionarios de la Administración de Justicia de manera eficaz y eficiente y con las garantías de confidencialidad y privacidad acordes a los datos que se tratan y para CCOO así debe seguir siéndolo, sin ningún paliativo.

Por eso CCOO no cejará en su empeño y seguirá luchando con todas las acciones que sean necesarias, además de la concentración convocada en septiembre el día de la apertura del año judicial y la huelga convocada en la Administración de Justicia para el día 8 de octubre, para salvar el Registro Civil como servicio público integrado en la Administración de Justicia y para garantizar todos los puestos de trabajo, del Registro Civil Central, de los Registros Civiles Exclusivos, de los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instrucción con funciones de Registro Civil, de los Juzgados de Paz y Agrupaciones de Juzgados de Paz, sea cual sea el ámbito territorial en el que están ubicados estos órganos judiciales.

El Gobierno y su ministro Gallardón golpean de nuevo al servicio público de la Administración de Justicia


5/8/2014



  
EL PASADO VIERNES EL CONSEJO DE MINISTROS APROBÓ EL PROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA QUE DESJUDICIALIZA CIENTOS DE PROCEDIMIENTOS CUYA TRAMITACIÓN ATRIBUYE A NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES LO QUE SIGNIFICA, COMO CCOO VIENE DENUNCIANDO HACE MESES,  UN PASO MÁS PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

Sólo con la movilización masiva conseguiremos parar las reformas de Gallardón, por eso llamamos a los trabajadores y trabajadoras a secundar las movilizaciones convocadas por CCOO, entre otras, la concentración que tendrá lugar en septiembre, el día de la apertura del año judicial, y la huelga convocada para el día 8 de octubre  en la Administración de Justicia.


Gallardón continúa reformando leyes para desjudicializar procedimientos y otorgar a profesionales privados la capacidad para realizar actos y tramitar procedimientos que hasta ahora se realizaban de manera exclusiva por el personal que presta servicios en la Administración de Justicia, reformas encaminadas a obstaculizar a la ciudadanía el acceso a la justicia y a eliminar puestos de trabajo.

El proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprobado en el consejo de ministros del pasado viernes, atribuye a los Notarios y a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, previa regulación de los aranceles de derechos correspondientes a su intervención, el conocimiento para tramitar procedimientos que hasta ahora eran competencia exclusiva de la Administración de Justicia.

Ya el pasado mes de junio el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto en el que se establecía que la acreditación de la condición de sefardita se hará por medio de los Notarios, la tramitación se hará a través de una plataforma electrónica, y habrá que pagar una tasa de 75 €. En el consejo de ministros del 4 de julio, mediante una Disposición Adicional vigésima introducida en el RDL 8/2014, se atribuye la llevanza del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles y ahora,  el consejo se ministros, vuelve a favorecer a estos profesionales privados en detrimento de un servicio público fundamental como es la Administración de Justicia.

Los Notarios tramitarán la mayoría de expedientes relativos a declaraciones de herederos, las subastas voluntarias e incluso tendrá competencia para conocer de reclamaciones de deudas dinerarias. Además podrán tramitar el expediente previo al matrimonio civil –en su caso se denominará acta- y celebrar el enlace matrimonial-, y tendrán potestad para acordar la separación o divorcio de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores o personas con discapacidad.

Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, entre otros, tendrá competencia para el conocimiento de las reclamaciones en aquellos casos en los que las sociedades mercantiles no convoquen la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, y la reclamación para constituir el sindicato de obligacionistas y designar un comisario en el caso de las sociedades anónimas y personas jurídicas que emitan obligaciones de cualquier clase no lo hubieran constituido.

Para CCOO este real decreto supone otra privatización en toda regla de un servicio público.

El Gobierto y su ministro Gallardón,  continúan con sus políticas encaminadas a privatizar  los servicios públicos y destruir el estado del bienestar,  gobernando a golpe de real decreto, cumpliendo con los mandatos de la troika para reducir el déficit público.

La Administración de justicia no escapa a este afán privatizador, empezaron con la imposición de las tasas judiciales, obstaculizando así  a la ciudadanía el acceso a la justicia para impedir que lleguen a los juzgados y tribunales las demandas; luego siguieron las reformas de varias leyes con el fin de desjudicializar procedimientos cuyo conocimiento atribuyen a profesionales privados;  continuaron con la privatización del Registro Civil y de actuaciones que hasta ahora realizaban en exclusiva funcionarias y funcionarios de la Administración de Justicia, como por ejemplo los actos de comunicación;  y todo ello  para poder llevar a cabo su verdadero objetivo, desmantelar el servicio público de la Administración de Justicia lo que conllevará el cierre de cientos de juzgados, la movilidad geográfica y funcional, la amortización de plazas,  la desaparición de  miles de puestos de trabajo, que a su vez supondrá menos posibilidades para la movilidad voluntaria en los concursos de traslado y prácticamente la desaparición de la oferta de empleo público para la Administración de Justicia.


Chapuza en la publicación de las listas de interinos de Cantabria




Tras la publicación de los listados definitivos de las nuevas bolsas de interinos de la Administración de Justicia en Cantabria, que como sabéis han entrado en vigor el 1 de agosto, la Dirección General de Justicia ha publicado ahora, en la página web del Gobierno de Cantabria, nuevamente los listados definitivos de las bolsas de interinos de los Cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio, "con los partidos judiciales elegidos para cubrir plazas".

Adjuntamos enlaces para consulta de los listados

Gestión

Tramitación

Auxilio


Esta nueva publicación sin subsanar los errores de la anterior publicación, está creando más confusión e indefensión a los aspirantes, que observan que el contenido de lo publicado no se corresponde con el título ni con el epígrafe



La explicación, si es que alguna explicación merece el hecho de que seis años después de las transferencias de Justicia a la Comunidad Autónoma de Cantabria, la Dirección General de Justicia siga siendo incapaz de publicar cualquier cosa en plazo, en forma y con corrección, es que en la anterior publicación (31 de julio) no se incluyeron las listas de reserva, esto es, los listados integrados por aspirantes que no han obtenido la puntuación suficiente para pertenecer a las bolsas, pero que permanecen en una lista de reserva por si se diera el improbable hecho de las bolsas se agotaran por estar todos sus integrantes trabajando y hubiera que cubrir más plazas. Lógicamente, como estamos en plazo de recurso, los integrantes de esas listas de reserva tienen derecho, como el resto de los aspirantes, a conocer su ubicación y la puntuación con la que han sido baremados, y la no publicación de esta información les deja en indefensión



Lo que ha hecho ahora la Dirección General de Justicia es "empalmar" esas listas de reserva a las listas definitivas de integrantes de las bolsas de interinos anteriormente publicadas, intentando así lavar, disimuladamente, su error y la omisión anterior de estos datos.



No obstante, esta nueva publicación no sólo no arregla la chapuza, sino que la agudiza, pues sigue sin figurar en los listados la puntuación con la que han sido baremados los aspirantes, que siguen quedando en la más absoluta indefensión, y además en plazo de recurso. Si ya era un despropósito que en los listados provisionales no se publicara la puntuación desglosada por epígrafes, esto ya parece, lisa y llanamente, puro pitorreo, el cual no tiene la más mínima gracia porque se está jugando con los derechos e intereses de personas que aspiran a desempeñar un puesto de trabajo, por precario que sea.



Ante esta situación, CCOO se ve obligada a solicitar la reapertura del plazo para la interposición del recurso de alzada contra la publicación de las listas definitivas, pues, una vez más, la Dirección General de Justicia del Gobierno de Cantabria ha sido incapaz de ejercer correctamente una de sus competencias más elementales, la de publicar correctamente sus resoluciones

Actualización Bolsa de Interinos de Valladolid y Comunidad de Madrid



En la página web del Ministerio de Justicia se ha publicado la actualización de la bolsa de trabajo de personal interino de la Gerencia de Valladolid a fecha 1 de agosto de 2014.

Seguimiento bolsa de trabajo personal interino Admin Justicia, Gerencia de Valladolid.


En la página web del portal de Justicia de la C. de Madrid se ha actualizado el estado de la bolsa de trabajo de personal interino de la citada comunidad a fecha agosto 2014.



El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria


4/8/2014



  • El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros de ayer el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria que remite a las Cortes Generales.


Como viene denunciando CCOO el Gobierno, y el ministro Gallardón, tienen como objetivo privatizar los servicios públicos. Sanidad, educación, justicia y ahora, también los servicios públicos de empleo, pues el Gobierno otorgará a las agencias privadas de colocación la gestión de la inserción laboral y los programas de recualificación.

Y así el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria aprobado ayer privatiza procedimientos que hasta ahora eran competencia exclusiva de la Administración de Justicia, otorgando la tramitación de los mismos a Notarios y a Registradores de la Propiedad y Mercantiles, que si bien acceden a sus puestos mediante oposición,  su actividad se gestiona como si de una empresa privada se tratara, y así lo ha dictaminado también la UE.  

A los Notarios se les atribuye la competencia para la tramitación de testamentarias, subastas voluntarias, ofrecimientos de pago y consignaciones de deudas pecuniarias, reclamaciones de deudas dinerarias y la posibilidad de tramitar expedientes matrimoniales civiles y la celebración el matrimonio. También podrán acordar la separación o divorcio de mutuo acuerdo cuando no haya hijos menores o discapaces.

Los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán de los expedientes registrales, entre los que figurará la convocatoria de junta general de las sociedades, que hasta ahora realizan los jueces de lo Mercantil, la constitución del sindicato de obligacionistas cuando las entidades no lo hagan y el nombramiento de auditores para el examen de las cuentas anuales.

El proyecto contiene una  Disposición adicional segunda. Aranceles notariales y registrales. El Gobierno aprobará en el plazo de tres meses a contar desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» los aranceles correspondientes a la intervención de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles respecto de los asuntos, actas y escrituras públicas para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en esta ley.




Además, el consejo de ministros ha aprobado entre otros asuntos:



PROYECTO DE LEY por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.


Para CCOO la pérdida de competencias de la Administración de Justicia supone claramente privatizar servicios públicos que además de repercutir en los derechos de la ciudadanía conllevará la destrucción de empleo público, e incidirá una vez más sobre los ya deterioradas condiciones de trabajo y derechos laborales de las trabajadoras y de los trabajadores en forma de amortizaciones de plantillas, reordenación de efectivos, movilidad geográfica y funcional forzosa, cese de interinos, concurso de traslados etc. 

El Colegio de Registradores afín a Justicia pagó 5 millones a la firma de un asesor de Gallardón




Publicado en www.20minutos.es
David Fernández 30.07.2014

  • El registrador Javier Angulo fue el director de un equipo nombrado por Justicia para desatascar el colapso de los expedientes de nacionalidad.
  • Ese equipo decidió que el Colegio de Registradores pagara 5,1 millones por el software que diseñó una empresa privada llamada Futuver.
  • El administrador de la filial rumana de Futuver era Javier Angulo, es decir, que Angulo decidió que los registradores contrataran el software de su empresa.
  • Este negocio dividió a la Junta de Gobierno del Colegio, controlada por registradores afines de Gallardón. Una auditoría del Colegio reveló después que la contratación de Futuver se realizó "por encima de los precios de mercado".

Fue el negocio redondo para unos pocos. Pero fue un negocio que provocó un agujero económico importante en el Colegio de Registradores, y una división en un colectivo que aglutina a poco más de 1.000 profesionales con carácter de funcionarios, aunque de un tipo particular: acceden por oposición y dependen del Gobierno, pero no cobran un sueldo público sino aranceles a sus clientes, contratando a sus propias plantillas.

En junio de 2012, el Colegio de Registradores recibió una encomienda del ministerio de Justicia para hacerse cargo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad, que acumulaban entonces varios años de retraso y colapsaban el ministerio. Fue un servicio por el que los registradores no cobraron, todo lo contrario, tuvieron que pagar. Justicia, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, pactó con el Colegio el tipo de software que debían utilizar para tramitar esos expedientes, una plataforma tecnológica que había diseñado una empresa privada por la que el Colegio desembolsó 5,15 millones de euros.

Curiosamente, uno de los administradores de esa empresa era el registrador 'fichado' por Justicia para dirigir desde el ministerio el equipo que decidió que los registradores debían pagar por ese software. En enero de 2012, el Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández, creó un equipo de trabajo para intentar agilizar la tramitación de los expedientes de nacionalidad, ya que por aquel entonces había unos 480.000 en listas de espera. Para ello nombró a un registrador, Javier Angulo Rodríguez, como Jefe de Proyecto de Gestión de Expedientes de Nacionalidad. "El extraordinario incremento del flujo de inmigrantes que se ha producido en los últimos años ha superado la capacidad de tramitación del órgano administrativo y es inaplazable dar solución a este problema", fue la conclusión de este equipo asesor del ministerio. El objetivo del plan era digitalizar casi 500.000 expedientes de nacionalidad 

Para reducir el colapso se diseñó el Plan Intensivo de Tramitación, que se basaba en la conversión de los expedientes en papel, unos 480.000, en expedientes electrónicos, mediante su digitalización. 
Se iban a crear más de 25 millones de documentos electrónicos. Para todo este proceso se creó "una aplicación de gestión para la tramitación de los expedientes". Justicia pactó con el Colegio de Registradores contratar esa aplicación, un software de gestión, a pesar de que el director general, Joaquín Rodríguez, conocía a la perfección que el servicio informático del Colegio, que cuenta con casi 300 profesionales, desarrolla la mayoría de los software que utilizan los registradores de la propiedad y mercantiles. Y lo sabía porque el propio Joaquín Rodríguez había dirigido en el pasado ese servicio, el SSI.

A pesar de ello, se decidió ir al mercado a comprar ese software en lugar de encargárselo al servicio informático del Colegio. La empresa Futuver Consulting fue la elegida para desarrollar el software por encargo del ministerio de Justicia, y el Colegio pagó por esa aplicación 5,15 millones de euros. Futuver tiene una filial en Rumanía que se llama Futuver Rumanía, cuyo administrador solidario fue hasta mayo de 2012 Javier Angulo Rodríguez, el registrador que dirigió el equipo asesor del ministerio. Javier Angulo Rodríguez estuvo en Futuver Rumanía hasta mayo de 2012, cuando ya llevaba cinco meses al frente de este equipo asesor y un mes antes de que Justicia encargara al Colegio la encomienda de los expedientes de nacionalidad.

Por encima de los precios de mercado 

En 2012, Justicia tenía muy buena relación con la Junta de Gobierno del Colegio, una junta bautizada como "oficialista" que defendía la reforma de los registros que planeaba por entonces Justicia. Joaquín Rodríguez, alto cargo de Justicia, había estado en esa junta antes de pasar al ministerio, y es amigo de Enrique Rajoy, también registrador y hermano del presidente del Gobierno, según varias fuentes consultadas.

El acuerdo entre Justicia, el Colegio y Futuver fue redondo para los intereses de Futuver y lesivo para las arcas del colegio, teniendo en cuenta que una auditoría externa posterior encargada por el Colegio a la consultora Hitachi reveló que la Dirección General del Registro y del Notariado "decidió unilateralmente que el software de gestión de los expedientes de nacionalidad fuese adjudicado directamente y sin concurrencia a la empresa Futuver, sin que se compararan otras posibilidades".

La auditoría también destaca que la contratación de Futuver se realizó por importes que "o bien quedan claramente por encima de los precios de mercado…o bien parecen totalmente fuera de cualquier regla habitual de mercado". La auditoría fue encargada porque la Junta de Gobierno empezaba a mostrar fisuras y se dividió en dos. Se votó entonces que se encargara este informe externo sobre el pago de cinco millones a favor de Futuver. Luego, en octubre de 2013, hubo elecciones en el Colegio de Registradores. Joaquín Rodríguez y Enrique Rajoy hicieron campaña a favor de la candidatura que perdió, la del antiguo decano Alfonso Candau. Ganó los comicios Gonzalo Aguilera, que representa a las bases del colectivo descontentas con las reformas que quiere introducir el Ministerio de Justicia. Las elecciones fueron muy reñidas. Aguilera logró hacerse con un total de 489 votos, frente a los 424 de su oponente. En la candidatura de los derrotados estaba la nuera del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón: Teresa Touriñan Morandeira, registradora de la Propiedad de Villalba. Un cuñado de Gallardón, el hermano de su mujer, José Antonio Utrera, también es registrador.

La compra del software a Futuver y el plan de Justicia de privatizar los registros provocó divisiones en la Junta y elecciones La candidatura de Aguilera ganó así el pulso a la línea oficialista, que ya había recibido un primer varapalo en abril de 2013, cuando los registradores descontentos con la deriva de su Colegio forzaron la convocatoria de una asamblea cuyo alcance frenó la reforma registral que planeaba Gallardón. La cita era importante, ya que desde que se colegiaron en 1934 los registradores solo se habían reunido en asamblea en dos ocasiones: en 1935 y 1988. Esa tercera cita fue forzada por 309 firmas (cuando solo eran necesarias 250) y con el aval de 427 registradores. El resultado fue sorprendente: el 80% votó a favor de que el máximo órgano del colectivo, la Junta, le transmitiera a Justicia que no quería la reforma.

Más de 500.000 expedientes 

Desde junio de 2012 el Colegio ha tramitado más de 502.000 expedientes de nacionalidad. La encomienda terminó el 31 de diciembre de 2013, aunque el Colegio siguió tramitando los expedientes que se presentaron antes de esa fecha. Una vez acabado su trabajo de asesoramiento para el ministerio, Javier Angulo Rodríguez volvió a su plaza de registrador. Antes era el titular del registro número 2 de Estepona (Málaga). Desde febrero de 2014 está destinado en Lleida. Sigue en la empresa privada. Ahora es administrador de la empresa Consultoría de Análisis e Inversiones para Rumania, según el Registro Mercantil. No ha querido atender a este diario. Este diario ha intentado hablar, sin éxito, con un portavoz de Futuver para que explicara la funciones que tenía Javier Angulo en la filial de Rumanía y si este trabajo era compatible con las funciones de asesoramiento que desempeñaba para el ministerio. "Es nuestra política y sujeto a los términos de confidencialidad del contrato que rige con nuestro cliente, el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, no realizar comunicaciones", señaló un portavoz de Futuver.

A preguntas de este diario, la nueva Junta de Gobierno, la de Gonzalo Aguilera, que se encontró con el contrato y el pago a Futuver ya ejecutado, asegura que no va a iniciar ningún tipo de acción contra la anterior Junta "porque fue una decisión política que adoptó la anterior Junta de Gobierno y fue avalada por la Asamblea de Decanos Territoriales y Autonómicos". Aunque su portavoz sí quiere dejar claro que "el sistema informático de gestión de expedientes de nacionalidad podría haber costado sobre 300.000 ó 400.000 euros", 12 veces menos que lo que se pagó. "El sistema costó tan caro porque se sobredimensionó y porque inexplicablemente se adjudicó a una empresa privada sin dar oportunidad de desarrollarlo al Colegio, a través de nuestro servicio de información. 

Todo desarrollo tecnológico referente al sistema registral debería confiarse al Colegio, que ha demostrado de sobra su capacidad tecnológica sin ninguna incidencia de seguridad, y que podría asumirlo con sus propios medios" 


El Ministerio Justicia remite texto de la Convocatoria Oposiciones Secretarios Judiciales OEP 2014


1/8/2014


El Ministerio de Justicia ha remitido esta mañana archivo con el texto definitivo de la convocatoria de Oposiciones para Secretarios Judiciales correspondiente a la OPE de 2014.

Como recordaréis, se convocan 160 plazas; 80 turno libre y 80 por promoción interna, y 4 plazas de reserva por discapacidad por cada turno.

Como ya indicamos en una información anterior, CCOO presentó decenas de alegaciones a estas bases.

El programa que ha de regir el proceso selectivo es el que figura en la Orden JUS/2250/2006, de 3 de julio (Boletín Oficial del Estado del día 12), modificada por Orden JUS/2878/2011, de 19 de octubre (BOE del día 27). El contenido del temario para todos los ejercicios de la oposición se ajustará a la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas a la fecha de la publicación de la presente convocatoria, aun cuando no hubiese entrado en vigor.



El Ministro Gallardón anuncia que los Tribunales de Instancia podrán ser de ámbito inferior al provincial




EL MINISTRO DE JUSTICIA ANUNCIA EN GALICIA QUE LOS TRIBUNALES DE INSTANCIA PODRÁN SER DE ÁMBITO INFERIOR AL PROVINCIAL AUNQUE  ESTA POSIBILIDAD “será excepcional y siempre y cuando se cumpla con los criterios territoriales, demográficos y sociales que se establezcan por leyY CONFIRMA QUE MUCHÍSIMOS JUZGADOS SERÁN CERRADOS AL EXIGIR UNOS REQUISITOS MUY DETERMINADOS PARA QUE SE MANTENGA LA SEDE JUDICIAL (“entre otros, la dispersión de la población, los tiempos de desplazamientos a la capital de provincia o el aprovechamiento de las infraestructuras existentes”)

  • Las presiones, entre ellas la huelga convocada por CCOO para el 8 de octubre, están obligando a Gallardón a rectificar, aunque sigue sin garantizar la permanencia de todos y cada uno de los actuales partidos judiciales, ni la de todos los juzgados ni la de todos los puestos de trabajo
  • Para CCOO queda todavía mucho camino por recorrer y si realmente Gallardón ha rectificado y tiene intención de mantener todos los Partidos Judiciales tiene una manera muy fácil de demostrarlo,  incluir esa “declaración de intenciones”  en el texto de reforma de la LOPJ con una redacción precisa que lo garantice, y CCOO reta a Gallardón a que lo haga de manera imperiosa y nos remita el nuevo texto

Según una nota de prensa del Ministerio de Justicia y diversas informaciones aparecidas en la prensa, Gallardón, en una reunión con el presidente de la Xunta de Galicia, da por muerta su propuesta inicial de crear un único Tribunal Provincial de Instancia en las capitales de provincia y suprimir todos los demás partidos judiciales y, todo ello, en la medida en que se van acercando las elecciones municipales y  autonómicas.

Pero para CCOO queda todavía mucho camino por recorrer y si realmente Gallardón ha rectificado y tiene intención de mantener todos los Partidos Judiciales tiene una manera muy fácil de demostrarlo,  incluir esa “declaración de intenciones”  en el texto de reforma de la LOPJ con una redacción precisa que lo garantice, y CCOO reta a Gallardón a que lo haga de manera imperiosa y nos remita el nuevo texto.

Como hemos venido informando, desde que CCOO tuvo la primera noticia sobre las intenciones del gobierno de suprimir masivamente la gran mayoría de los juzgados españoles nuestra actividad ha sido incesante: para detener ese despropósito hemos mantenido contactos con todos los grupos políticos en el ámbito estatal, autonómico, provincial y local; hemos trasladado nuestra oposición a los parlamentos autonómicos, diputaciones provinciales y ayuntamientos en los que hemos propiciado la aprobación de una grandísima cantidad de mociones, proposiciones no de ley y otras resoluciones, incluso en instituciones cuya mayoría política es del Partido Popular; hemos movilizado a la sociedad civil a través del apoyo que nuestras propuestas han obtenido de numerosísimas organizaciones profesionales, vecinales, de consumidores y usuarios, etc.

Hemos ejercido además toda la presión posible mediante múltiples escritos remitidos al ministro Gallardón y a su equipo y, en la Mesa Sectorial de Negociación, CCOO se ha negado a aceptar acuerdos que en absoluto garantizan el mantenimiento de todos y cada uno de los puestos de trabajo, ni la desaparición de los mecanismos de movilidad funcional y geográfica forzosa para los funcionarios y funcionarias, a quienes ni tan siquiera se les garantizan sus actuales retribuciones.

Ahora Gallardón intenta rectificar ante la evidente amenaza de pérdida de votos en las localidades en los que pretendía cerrar el juzgado de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas y así ahora, tras su entrevista con el Presidente de la Xunta de Galicia [cuyo Parlamento con mayoría absoluta del PP, aprobó una moción en contra de la reforma judicial], anuncia que permitirá la creación de distintos Tribunales de Instancia en cada Provincia pero eso sí  esta posibilidad, será excepcional y siempre y cuando se cumpla con los criterios territoriales, demográficos y sociales que se establezcan por ley y la Comunidad Autónoma responsable deberá presentar un informe con la propuesta sobre la demarcación territorial de cada uno de estos tribunales de instancia  tendrá que presentar igualmente una propuesta de acuerdo con los criterios establecidos en la LOPJ, entre otros, la dispersión de la población, los tiempos de desplazamientos a la capital de provincia o el aprovechamiento de las infraestructuras existentes y  un estudio del TSJ correspondiente con las cargas de trabajo de los distintos juzgados para que sea informado por el Consejo General del Poder Judicial cuyo presidente, Carlos Lesmes,  ha declarado hace tan solo unos días en la clausura de un curso de verano en la Universidad Complutense de Madrid Ha llegado el momento de que España modifique su organización territorial de la justicia y pase a eliminar sus 432 partidos judiciales, que ya no tienen ningún sentido", (eldiario.es25/07/2014 “Lesmes defiende  la“concentración” de los 432 partidos judiciales españoles)

La nota de prensa delMinisterio deja claro que desaparecerán sedes judiciales en muchas de las actuales cabeceras de partido, al recoger que Para que cada uno de estos Tribunales de Instancia pueda tener a su vez distintas sedes judiciales, cada comunidad autónoma tendrá que presentar igualmente una propuesta de acuerdo con los criterios establecidos en la LOPJ, entre otros, la dispersión de la población, los tiempos de desplazamientos a la capital de provincia o el aprovechamiento de las infraestructuras existentes. Es decir, que se mantiene el criterio que para las sedes desplazadas establecía el anteproyecto de LOPJ, criterio que establece la valoración conjunta de nueve requisitos para mantener abiertas sedes judiciales en estas localidades.

En definitiva, la única novedad que anuncia Gallardón es que podrá haber tribunales de instancia además de en las capitales de provincia en localidades con una importancia judicial igual o superior a la capital” donde “exista ya un mínimo de unidades judiciales: una en el orden contencioso-administrativo, social y civil y al menos cinco en el orden penal”.

En la nota de prensa publicada por el Ministerio de Justicia esta misma tarde también se recoge que Los Tribunales de Instancia permiten una reorganización de la carga de trabajo entre los distintos juzgados, que actuarán bajo un único órgano judicial (el Tribunal de Instancia). Esta homogeneización se consigue mediante el reparto provincial o por Tribunales de Instancia de asuntos,(…)y la reasignación de efectivos del mismo órgano judicial (el Tribunal de Instancia) en función de las necesidades es decir la movilidad funcional y la geográfica forzosa entre distintas localidades, dentro de la misma provincia, está servida, tal y como viene denunciando CCOO.

Finalmente anuncia que, las Oficinas Judiciales de Paz, “que serán las sucesoras de los Juzgados de Paz, y que mantendrán la cercanía de los servicios no jurisdiccionales al ciudadano”, pero es incapaz de manifestar con precisión que dichas Oficinas se crearán en todas las localidades en las que hoy existen los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz, tal y como exige CCOO. Tampoco se menciona que en estas Oficinas quedarán destinados automáticamente todas y todos los trabajadores que actualmente prestan servicio en los citados Juzgados o Agrupaciones, lo que eliminaría la movilidad geográfica y garantizaría los puestos de trabajo actuales de esos órganos, y, por supuesto, nada se dice que estas oficinas serán incluidas como centro de destino en la LOPJ.

Una vez más Gallardón miente e intenta engañar a los trabajadores y a las trabajadoras y a la ciudadanía que, afortunadamente, son inteligentes y ya no se creen las mentiras de este ministro y su Gobierno, pues las condiciones que ahora establece para poder crear más de un Tribunal de Instancia en un misma provincia son las mismas condiciones que establece el actual texto del anteproyecto de reforma de la LOPJ, y hay que valorarlas todas ellas en conjunto.

CCOO exige a Gallardón que todas estas afirmaciones se trasladen de inmediato al texto de la reforma de la LOPJ, se nos entregue y se convoque la mesa sectorial de inmediato, y antes de que se apruebe el proyecto de reforma de la LOPJ, para comprobar que se incluyen con la redacción necesaria para que no quepan interpretaciones retorcidas y se conviertan en papel mojado.

Mientras tanto, y hasta que no comprobemos que Gallardón no vuelve a mentir y que estas manifestaciones no son mera palabrería electoralista ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas, CCOO mantiene las movilizaciones, también contra el texto de la reforma de la LOPJ.

Por eso, CCOO llama a todos los trabajadores y trabajadores que prestan servicios en la Administración de Justicia a secundar las movilizaciones convocadas por  CCOO, entre otras, la concentración que tendrá lugar el día de la apertura del año judicial en septiembre y la huelga convocada para el día 8 de octubre de en la Administración de Justicia, pues sólo con la lucha y la presión constante del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, junto con las organizaciones profesionales, vecinales, de consumidores y otras, a las que expresamente invitamos a convocar y secundar las mismas de forma unitaria, conseguiremos parar las reformas de Gallardón cuyo objetivo no es otro que desmantelar la Administración de Justicia para así poder reducir el déficit público.

Y de hecho, la presión ejercida estos meses,  desde todos los frentes, ha impedido también que el Consejo de Ministros apruebe antes del verano, como era su intención, el proyecto de LOPJ que, según las informaciones de la prensa, será aprobado y remitido a las cortes en Septiembre.



¡¡PAREMOS LA REFORMA DE LOPJ!!
 DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES!! 
DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CENTROS DE DESTINO ACTUALES!! 
NO A LA MOVILIDAD FORZOSA GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL!! 
¡¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!
MOVILIZATE Y LUCHA

 8 DE OCTUBRE HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CCOO mantiene su firme oposición a la privatización del Registro Civil



  • No dudaremos en utilizar todos los medios legales y sindicales a nuestro alcance para salvar este servicio público
  • CCOO ha vuelto a exigir al Ministerio de Justicia que garantice todos los puestos de trabajo de todos los órganos judiciales con funciones de Registro Civil en todos los ámbitos territoriales
  • CCOO vuelve a exigir por escrito que se garantice que no se impondrá a ningún trabajador la movilidad geográfica forzosa fuera del municipio en el que se encuentra actualmente destinado y que no sufrirá pérdidas retributivas, incluidas las guardias
Ante la suspensión unilateral por el Ministerio de Justicia de la reunión del 29 de julio, CCOO ha vuelto a trasladarle nuestra propuesta sobre el Registro Civil, ya anunciada en la reunión del día 22 de julio y remitida también por escrito al Ministerio ese mismo día
CCOO se ha dirigido al Ministerio de Justicia de nuevo para reiterarle nuestra propuesta, presentada en la mesa sectorial el pasado 22 de julio, contra la privatización de los Registros Civiles y por la defensa del mantenimiento de todos los puestos de trabajo en los órganos judiciales con funciones de Registro Civil.


El Ministerio,  tras la decisión de Gallardón de privatizar los Registros Civiles,  había anunciado que solo iba a permitir la negociación de las condiciones en las que quedaría el personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil, fijando como fecha tope el día 22 de julio,  alegando que los plazos para enmendar la futura ley de los Registros Civiles acababan en julio. Sin embargo, en la mesa del día 22,  comunica que el plazo de enmiendas finalizaba en septiembre y anuncia convocatoria de nueva mesa para el día 29 de julio que, finalmente,  de manera unilateral y sin ningún argumento, suspende dos días antes sin fijar nueva fecha, sabiendo que era imprescindible mantener dicha reunión porque lo que está en juego son los derechos de miles de personas que hoy prestan servicio en cualquier Registro Civil en España.


La propuesta que CCOO presentó el día 22 de julio, y que ahora reiteramos, contiene varias premisas fundamentales:


1.-  El Registro Civil es un servicio público fundamental integrado en la  Administración de Justicia y CCOO no va a tolerar su privatización, por lo que vamos a seguir luchando con todos los medios para impedirlo, pues la entrega de su gestión a los Registradores Mercantiles acordada por Gallardón, es lisa y llanamente una  privatización.


CCOO insiste en que los Registradores de la Propiedad y Mercantiles no son funcionarios públicos, y así lo ha dictaminado también la Unión Europea. Las contumaces mentiras de Gallardón que afirma lo contrario,  a pesar de conocer perfectamente las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, demuestran la gravedad de la posición del Gobierno que incumple normativa europea cuando le conviene


2.- CCOO no va a consentir, en ningún caso, la pérdida de ningún puesto de trabajo, en ningún ámbito territorial del Estado, del personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil. 


CCOO no puede entender como alguna organización sindical puede aseverar que se van a garantizar  el 70 % de los puestos de trabajo,  (¿y que pasa con el 30% restante, es decir, más de 1.500 puestos de trabajo?), porque esa afirmación ni responde a la verdad, pues con la propuesta del Ministerio de Justicia ni tan siquiera están asegurados todos los puestos de trabajo del personal destinado en el ámbito no transferido, y además  supone un abandono a su suerte de miles de personas que hoy trabajan en órganos judiciales con funciones de Registro Civil.


3.- CCOO, en la propuesta que ha presentado, ha exigido al Ministerio de Justicia que debe constar por escrito, tanto en el texto de la  Ley del Registro Civil, como en el de la LOPJ,  la garantía de que en ningún caso se impondrá la movilidad geográfica, con cambio de municipio, a trabajadores y trabajadoras destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil.


4.- CCOO también ha reiterado que exigimos al Ministerio de Justicia que deben respetarse  todas las retribuciones del personal destinado en órganos judiciales con funciones de Registro Civil, incluidas las guardias.


5.- CCOO ha reclamado que se incluyan expresamente en la LOPJ y en la Ley del Registro Civil como centro de destino  los Juzgados y Agrupaciones de Juzgados de Paz. En el caso de que el Ministerio de Justicia lleve a cabo su eliminación, se deberán crear tantas Oficinas Judiciales de Paz como Juzgados y Agrupaciones de Paz  existen en la actualidad, y éstas serán centros de destino del personal de la Administración de Justicia recogiéndose así en los citados textos legales.


Como sabéis, entre las medidas de presión al Gobierno para impedir la privatización de los Registro Civiles, CCOO viene demandando a los grupos parlamentarios la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley 8/2014 que incluye la privatización de los Registros Civiles. En este sentido hoy los grupos parlamentarios de IU, PSOE y UPyD han presentado dicho recurso ante el TC.


¡¡NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!

¡¡PAREMOS LA REFORMA DE LOPJ!!

8 DE OCTUBRE, HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

¡¡MOVILÍZATE Y LUCHA!!!




Comparativa del preacuerdo firmado por Ministerio, CSIF, UGT y STAJ con el contenido de mínimos que le falta al texto para haber sido suscrito por CCOO


31/7/2014




Lo que dice el Preacuerdo de :
Propuestas de modificación del Preacuerdo
MINISTERIO-CSIF-UGT-STAJ
CCOO
El Anteproyecto recogerá expresamente la existencia de partidos judiciales
El Anteproyecto recogerá expresamente el mantenimiento de todos y cada uno de los partidos judiciales que existen en la actualidad
Serán centro de destino cada uno de los servicios comunes procesales que radiquen en el mismo municipio
Serán centro de destino cada una de las secciones de cada uno de los servicios comunes procesales que radiquen en el mismo municipio
Serán centro de destino las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales que radiquen en el mismo municipio
Serán centro de destino cada una de las unidades procesales de apoyo directo a órganos judiciales, aun perteneciendo a la misma jurisdicción, que radiquen en el mismo municipio
Serán centro de destino cada una de las Fiscalías
Serán centro de destino cada una de las Fiscalías y cada una de las Fiscalías de Comunidad Autónoma y Fiscalías de Area o Sección
No lo menciona
Serán centro de destino cada una de las Salas , Secciones y Unidades Judiciales de los TSJ
Será centro  de destino el Tribunal Supremo
Serán centro de destino cada una de las salas y secciones del Tribunal Supremo
Será centro de destino la Audiencia Nacional
Serán centro de destino cada una de las Salas, Secciones y Unidades Judiciales de la Audiencia Nacional
No lo menciona
Serán centro de destino los Juzgados de Paz o , si éstos desaparecieran como tal, se consignarán como centro de destino cada Oficina Judicial de Paz allí donde hoy exista Juzgados o Agrupaciones de Paz
El texto recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz
El texto recogerá la existencia de oficinas judiciales de paz reconociéndolas expresamente como centro de destino propio en el art.622 de la LOPJ creándose tantas oficinas judiciales de paz como Juzgados o agrupaciones de Paz existen en la actualidad
No lo menciona
Se volverá a incluir en el art.624 de la LOPJ que la redistribución y reordenación de efectivos “en ningún caso supondrá cambio de municipio para el personal”.
No lo menciona
 Se incluirá una Disposición que expresamente garantice que como consecuencia de la implantación de la NOJ, de los cambios legislativos que se produzcan en materia de Registro Civil o de cualquier otro cambio legislativo, no se producirán amortizaciones de plantilla y que se respetarán las retribuciones que por cualquier concepto, incluidas guardias y complementos, perciban los trabajadores.
No lo menciona
Se eliminará el párrafo 3 del art. 629 del texto de Anteproyecto de LOPJ referido a los Planes de ordenación de recursos humanos
No lo menciona
El Ministerio y las organizaciones sindicales negociarán la redacción concreta de estos puntos en el texto de la LOPJ
No lo menciona
Se eliminarán los puntos 2 y 3 del artículo 646 que faculta a los procuradores para realizar actos de comunicación y embargos y les otorga la condición de agentes de la autoridad

TEXTO DEL PREACUERDO FIRMADO POR MINISTERIO, CSIF, UGT Y STAJ

POSICIÓN DE CCOO CON LAS CUESTIONES IMPRESCINDIBLES QUE DEBE RECOGER LA REFORMA DE LA LOPJ

PAREMOS LA REFORMA DE LA LOPJ 
      
DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES!!

DEFENDAMOS EL MANTENIMIENTO DE TODOS LOS CENTROS DE DESTINO ACTUALES INCLUIDOS LOS JUZGADOS Y AGRUPACIONES DE JUZGADOS DE JUZGADOS DE PAZ!!

NO A LA MOVILIDAD FORZOSA GEOGRÁFICA Y FUNCIONAL!!

► NO A LA AMORTIZACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO!!

¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL!!

¡¡ NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS ACTOS DE COMUNICACIÓN!!


EMPLEA TU FUERZA,
VAMOS A CAMBIAR LAS COSAS

¡¡ MOVILÍZATE Y LUCHA!!


08 DE OCTUBRE HUELGA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

 ¡¡HAY QUE  PARAR LAS REFORMAS DE GALLARDÓN!!